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Tanto el Defensor del Pueblo como el Comité contra la Tortura (CCT) son organismos de control de la autoridad pública. Si bien suelen ser vistos como una amenaza por los poderes del Estado, el espíritu con el que fueron creados es el de contribuir a mejorar la gestión de los gobiernos.
La omisión o dilación en su puesta en marcha es una forma de violencia institucional y responde a una decisión política que no es legal y no es inocua: daña el derecho de los ciudadanos y ciudadanas neuquinas a contar con organismos que resguarden, de manera equitativa, sus derechos fundamentales.
En el caso del CCT, se trata de los derechos de personas privadas de su libertad en lugares de detención que presentan múltiples problemáticas graves, como el hacinamiento o la superpoblación, que han sido reconocidas, incluso, por dos juezas de Ejecución penal de la provincia, o la falta de acceso a la educación y a la salud.
Es necesario que exista la decisión política de que la Legislatura destine recursos a la creación y puesta en marcha de estos dos organismos que podrían mejorar la calidad de vida de las todos los ciudadanos y ciudadanas, y hacer que "la provincia de los derechos humanos" no sea sólo un slogan.
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