La Defensoría del Pueblo de Neuquén presentó una acción de amparo ambiental contra la municipalidad, el gobierno provincial y Comarsa S.A. por el daño ambiental que ocasiona esta empresa que, por orden judicial, debía haber iniciado tareas de biorremediación en 2017 y, por el contario, continúa recibiendo residuos petroleros.

La presentación fue realizada por el defensor Ricardo Riva a partir de un requerimiento de vecinos del Loteo Social de Gran Neuquén Norte en el Juzgado Laboral 1, a cargo de Sergio Cosentino, quien declaró la admisibilidad del recurso.

"En este caso, pareciera que se tuvo más en cuenta a la empresa que a los propios habitantes que son a los que hay que cuidar en realidad", dijo Riva a .

Los vecinos denuncian el deterioro de su calidad de vida por la contaminación que genera este basurero industrial. Hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, Riva solicitó, entre otras medidas cautelares, que las familias que lo deseen, puedan ser relocalizadas para dejar de respirar las emanaciones de esas tierras contaminadas.

En el texto presentado, pidió también el "cierre total y definitivo de la empresa, sin condonaciones ni prórrogas que dilaten como hasta ahora el fin de la actividad en el sector". Además, instó al juez a impedir la instalación de cualquier actividad similar en la zona y solicitó ordene a la empresa demandada la remediación del suelo dañado y la posterior devolución de las tierras al Órgano Ejecutivo Municipal, mediante la revocación de la ordenanza 12912, que permitió su venta.

En un parte de prensa difundido por la Defensoría, se indica que "en el documento presentado en el Juzgado Laboral 1 se acreditó con imágenes satelitales del crecimiento urbano hacia el sector, así como el crecimiento de superficie de tierras afectadas a la actividad de la empresa de saneamiento y recuperación de materiales" y recuerda que "en 2015 se determinó un plazo de cierre y traslado de la empresa, en el marco del decretó que estableció la imposibilidad de realizar actividades afines en sitios ubicado a menos de 8 km de las urbanizaciones".

El 17 de noviembre de 2015, el decreto provincial 2263 estableció que actividades desarrolladas por Plantas Permanentes y Transitorias de Tratamiento de Residuos Especiales, así como Plantas de Disposición Final de Residuos Especiales requieren la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La norma, además, contenía una "Cláusula de Transitoriedad" que fijaba el plazo de un año prorrogable por un año más para la adecuación correspondiente. En la Defensoría entendieron que esto implicaba cerrar definitivamente la planta de Comarsa en el Parque Industrial de Neuquén hacia 2017. Del mismo modo lo interpretaron desde la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina (AAAA), que interpusieron una denuncia penal que continúa en trámite hasta el momento.

La acción del Defensor también consigna que hay una "omisión" del Poder Ejecutivo provincial en el ejercicio del poder de policía ambiental, obrando en su deber de contralor y garante de la salud y del ambiente, contrariando los principios ambientales.

Lo cusan de no extremar las exigencias para cumplir con el decreto 2263, permitir la continuidad de la actividad y el ingreso de niveles exagerados de barros que, además, no coinciden los volúmenes declarados, y de haber favorecido a la empresa en detrimento de la ciudadanía en la toma de esas decisiones.

"La ciudad es alguien que está muy enfermo"

"En estos casos ambientales la afectación es muy grande y hay vecinos muy próximos que confían en la Defensoría y vienen acá a trabajar estos temas", contó Riva a , sobre la intervención.

El desmonte de los humedales a la vera del río Limay o la pista de motocross en el Parque Norte son otros casos donde la Defensoría ha intervenido a pedido de los vecinos.

"Los reclamos son muchísimos y en distintos sectores de la ciudad. Son parte de la misma conflictividad: tienen que ver con la falta de planificación de obras fundamentales", indicó Riva y agregó que "además se le da prioridad a la obra, y no a la salud y la calidad de vida de las personas".

""En estos casos ambientales la afectación es muy grande y hay vecinos muy próximos que confían en la Defensoría y vienen acá a trabajar estos temas", dijo el funcionario.