El ex policlínico ADOS (Asociación de Obras Sociales) de Neuquén busca por estas horas sortear una nueva amenaza de remate del edificio que administra desde el año 2004, cuando los anteriores dueños declararon la quiebra y los trabajadores continuaron prestando servicios como una cooperativa. Pese a que una ley provincial lo impide, la jueza María Eugenia Grimau puso fecha para el remate y a cambio recibió un pedido de destitución. Desde la cooperativa intentan frenar la medida judicial y piden ayuda al gobierno nacional.

El delegado del Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) en la provincia de Neuquén, Ignacio Armida,informó que tanto el Inaes como el PAMI fueron contactados por la cooperativa para saber si cuentan con su apoyo para afrontar los pagos que deriven de la situación judicial.

"Hasta el momento no hay una definición clara, porque no la tomó la justicia, de cuál sería el monto que eventualmente podría destinarse a saldar el estatus de la cooperativa como tal", indicó Armida a , pero agregó que "lo que sí se sabe es que va a haber un acompañamiento del Estado nacional porque hay una decisión de preservar los puestos de trabajo y de preservar la institución".

La semana pasada, la titular de PAMI, Luana Volnovich, recibió a una delegación encabezada por la presidenta de la cooperativa, Patricia Obreque, acompañada por legisladores nacionales y provinciales. En un comunicado difundido por la cooperativa tras el encuentro, se afirmó que Volnovich dijo que ADOS es una de las "principales prestadoras de PAMI en Neuquén", entendiendo que asiste todos los meses a unos 30 mil usuarios de esa obra social.

Además, se detalló que "el PAMI firmará convenios de cooperación mutua para brindar sustentabilidad, seguridad financiera y garantías de continuidad en el trabajo con la clínica, a fin de evitar el inminente remate que se pretende llevar a cabo en los primeros días de noviembre".

Según declaró Obreque, Grimau argumenta el remate en la necesidad de saldar la deuda que la entidad generó con los síndicos y abogados que llevaron adelante el proceso de quiebra. Pero detalló que el monto de la misma ronda los 1,5 millones de dólares, mientras que la subasta del edificio tiene un monto inicial muy superior, de 11 millones de dólares.

Armida indicó que en los próximos días se realizará la asamblea de socios de la cooperativa donde se presentará el balance contable y se sabrá si la cooperativa viene funcionando a pérdida. "Lo que sí me consta es que ha mejorado mucho la situación financiera desde el año pasado a esta parte", aseguró.

Detalló que "el año pasado el ex policlínico solo tenía la mitad de las camas disponibles habilitadas para funcionar y desde principio de año esto cambió, porque les autorizaron todas las camas entonces la facturación pasó a ser el doble. En definitiva, la cooperativa es sustentable. El problema es la deuda que viene acumulando desde el momento en que se decretó la quiebra", concluyó. 

Pedido de jury contra Grimau

La jueza a cargo del Juzgado Civil 4,  María Eugenia Grimau,ordenó que se declare la quiebra y fijó fecha para el próximo 9 de noviembre.

El diputado Mariano Mansilla, que fue el abogado que representó a la cooperativa durante los primeros años desde su formación, presentó un pedido de Jury de Enjuiciamiento contra Grimau, responsable del proceso concursal de la ex ADOS.

La denuncia se basa en dos causales. Por un lado, entiende que Grimau ha decretado la subasta del inmueble por el método de “venta mediante licitación en sobre cerrado con oportunidad de mejorar ofertas de los derechos dominiales", lo que viola la ley provincial 3239, modificada por la ley provincial 3284, que establece que se suspenden, hasta el 31 de marzo de 2022, los procesos judiciales "que ordenen o hayan ordenado la subasta de bienes inmuebles o muebles ocupados o utilizados por quienes cumplen un servicio esencial en calidad de prestadores médicos asistenciales públicos o privados".

La ley a la que hace referencia fue promovida por la oposición en la Legislatura y sancionada el año pasado, en pleno estrés del sistema sanitario por la pandemia de coronavirus.

Por otro lado, en el texto dirigido al presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Germán Busamia, consigna que Grimau realizó una "cesión de derechos a precio irrisorio", al "donarle" a otra colega, Verónica Pelegrina, una suma que supera los 34 millones de pesos en concepto de honorarios que habían sido regulados en 10 mil pesos. El escrito consigna que "sin perjuicio de si hubiera existido algún delito, evasión fiscal o simulación, esta conducta no resulta propia de una magistrada judicial".

El texto fue presentado el lunes, luego de la conferencia de prensa, y según contó Mansilla a , hoy se realizará la audiencia de ratificación de la presentación en el Superior Tribunal de Justicia.