Desde 2006, la provincia de Neuquén tiene la posibilidad de contar con un Defensor del Pueblo que haga de contralor del ejercicio de la administración pública provincial. Pese a que en estos 15 años se presentaron en la Legislatura nueve proyectos de diferentes bloques -incluido el oficialismo-, la iniciativa está excluida de la agenda del gobierno.

La figura del Defensor del Pueblo fue incorporada en la reforma de la Constitución provincial de 2006, en el artículo 265, como un “órgano independiente instituido en el ámbito del Poder Legislativo”.

Desde entonces, nueve iniciativas fueron presentadas por diputados de distinta extracción política en la Legislatura. A grandes rasgos, todos coinciden en que el objetivo es proteger los derechos, garantías e intereses de los individuos y de la sociedad frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial, pudiendo también actuar ante la administración de los municipios que lo requieran por no tener Defensor del Pueblo.

Establecen además que los requisitos que debe reunir quien ocupe el cargo son similares a los que debe tener un legislador y que su remuneración también será equiparable al de un diputado o diputada provincial. Fijan que la elección del Defensor la realizará en la Legislatura con dos quintos de los votos y que la duración en el cargo debe ser de cinco años sin posibilidad de ocuparlo nuevamente.

Pero las propuestas presentadas hasta ahora no lograron llegar al recinto. Ni siquiera en 2016, cuando fue el propio MPN el que puso el debate sobre la mesa.

La primera iniciativa surgió el mismo año en que se modificó la Constitución, de la mano del diputado de Recrear, Eduardo Mestre. Luego, en 2008, la diputada Soledad Martínez, que integraba el bloque Frente Alternativa Neuquina junto a Hugo Goncálvez, Hugo Sánchez y Paula Rayén, presentó otra propuesta similar.

El 9 de mayo de 2012, el bloque del PJ, integrado por Pablo Todero, Amalia Jara, Sergio Rodríguez y Luis Andrés Sagaseta, presentó una iniciativa, y en agosto de ese mismo año lo hizo el ciudadano neuquino Miguel Angel Savone.

En febrero de 2014, Tomás Eduardo Benítez de la UCR presentó un proyecto que contó con la adhesión de Alejandro Vidal (UCR) y de Jesús Escobar, del Bloque Movimiento Libres del Sur (Molisur).

Al mes siguiente, ingresó otra propuesta con la firma de Beatriz Kreitman, del Bloque Coalición Cívica Ari Neuquén.

El 6 de mayo de 2016, Gabriel "Tom" Romero, por el Bloque del Frente Renovador, presentó un proyecto con la adhesión de Alejandro Vidal y Oscar Smoljan (UCR), y Juan Monteiro y Ayelén Quiroga, de Nuevo Compromiso Neuquino.

Dos meses después, el 5 de julio, el propio oficialismo presentó una iniciativa que llevó la firma de los entonces diputados Mario Pilatti, Encarnación Lozano, Alma Sapag, Gloria Sifuentes, Pablo Bongiovani, Carlos Koopman, Claudio Domínguez, Luis Sapag, Ramón Soto, Lucía Menquínez, Maximiliano Caparroz y María Laura du Plessis.

Esta fue la única vez que la Legislatura abrió el debate sobre la creación de la figura del ombudsman.

Un proyecto de "consenso"

Con los seis proyectos presentados entre 2006 y 2014 en el archivo, la discusión en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia se centró en las dos propuestas que estaban en comisión: la del oficialismo y la presentada por Romero.

Allí se definieron pautas de trabajo y se trató, durante tres semanas, un "proyecto de consenso" que resultó no ser tal. El principal punto de discordia fue la cantidad de defensores adjuntos que acompañarían al defensor del pueblo. El oficialismo proponía solo uno, mientras que la oposición reclamaba entre dos y cuatro.

La falta de acuerdo se tradujo en que el proyecto obtuvo despacho en la comisión de Asuntos Constitucionales pero diputados aliados al oficialismo le quitaron su apoyo y el MPN no contaba con los votos necesarios para emitir el despacho en la comisión de Hacienda -presidida por Sergio Gallia- para que luego la iniciativa fuera votada en el recinto.

La creación del cargo del Defensor del Pueblo entró en un limbo legislativo y finalmente su tratamiento se diluyó. El diputado del Frente Grande, Raúl Podestá, esgrimió por entonces que “el Ejecutivo provincial declama sobre la participación ciudadana pero le tiene miedo”.

El antecedente Gaido

Tras el frustrado tratamiento en comisión, durante cinco años ningún bloque volvió a la carga con la creación de la figura del Defensor del Pueblo para la provincia de Neuquén, tal como tienen las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En febrero de este año, el diputado Carlos Coggiola, del Bloque Democracia Cristiana, presentó una nueva propuesta que establece que "el defensor del pueblo será asistido por un defensor adjunto, quien lo sustituye provisoriamente en caso de ausencia o inhabilidad temporal o permanente. El mismo es designado y removido por el defensor del pueblo".

Su propuesta no fue puesta en el orden del día para ser tratada en comisión. "La mayoría de las comisiones son oficialistas o de los aliados y no logramos que entre en el debate", se quejó Coggiola, en diálogo con .

"El gobernador no quiere tener un representante del pueblo con el que le pase a él lo mismo que le pasa ahora a (Mariano) Gaido con la acción administrativa y el amparo que se viene, respecto de la venta de las tierras a Rincón Club de Campo. Lo que trata de evitar el Poder Ejecutivo es control, que la ciudadanía tenga una herramienta para hacer valer sus derechos", concluyó.