Al cumplirse un mes de la muerte de Mónica Jara, la docente de la escuela 144 de Aguada San Roque que sufrió quemaduras producto de una explosión, hay expectativas en que la investigación penal logre determinar qué ocurrió y por qué. Mientras los abogados buscan avanzar con la imputación de todos los responsables de esa tragedia evitable, desde ATEN realizan hoy una jornada de paro y movilización, y refuerzan el pedido de renuncia de la ministra de Educación, Cristina Storioni, y del subsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza.

Darío Kosovsky es abogado querellante en representación de ATEN, y de las familias de Jara y de Mariano Spinedi, uno de los operarios que murieron en la explosión ocurrida el 29 de junio. En diálogo con , dijo que "se está haciendo un trabajo bastante profundo y detallado para poder determinar no solamente qué ocurrió ese día sino cómo fue la evolución de la obra a lo largo del tiempo, desde su planificación hasta su puesta en marcha y ejecución".

La explosión ocurrió en la escuela albergue de Aguada San Roque mientras realizaban una obra de gas. Los trabajadores Spinedi y Nicolás Francés murieron en el acto, mientras que Jara sufrió quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo y murió el 12 de julio, tras permanecer internada en grave estado en un hospital de Mendoza.

Según se conoció a partir de esta tragedia, la obra estaba planificada desde principios de 2019 en el marco de un Plan de Mejoramiento Escolar del Poder Ejecutivo provincial. Finalmente, comenzó en noviembre de ese año. Luego estuvo parada por la pandemia y se retomó en 2021.

"Uno busca reconstruir desde cómo se pensó, sobre qué planos, cómo eso se llevó a la práctica, si lo que se llevó a la práctica se condice con la planificación y si la planificación era la correcta", explicó el abogado de Aten, organismo que logró constituirse como querellante en la causa, algo que se les había negado en un comienzo de la investigación judicial.

"Se están tomando entrevistas a todos los docentes, los que estaban ese día, los que no estaban ese día, personal no docente, trabajadores de la construcción que estaban ese día en la obra y los que no estaban pero habían estado trabajando en las refacciones", detalló sobre las audiencias realizadas esta semana.

Con respecto a la información que debía aportar la subsecretaría de Obras Públicas de la provincia, Kosovsky indicó que "se secuestró documentación y se allanaron dependencias públicas, y se pidió por oficio información a diferentes dependencias, se está haciendo cruces de llamados telefónicos".

Además, se realizaron dos inspecciones importantes en el lugar, en las que peritos y gasistas recorrieron todas las cañerías, se picaron paredes, "se hizo un trabajo muy profundo para ver si lo que hay en obra se condice con la planificación y con la ejecución", indicó.

Adelantó que "hay fallas que se detectaron como evidentes, por la gente que sabe" y sostuvo que "recién cuando estén esas conclusiones vamos a tener un panorama más claro sobre eventuales imputaciones a distintas personas" que se desempeñan en el gobierno y en la empresa que realizaba la obra.

"Esto tiene que terminar en formulaciones de cargos en personas específicas", expresó el abogado, y anticipó que "seguramente esto va a terminar en causación de incumplimiento de deberes de funcionarios" que hayan tenido responsabilidad en las etapas de diseño, ejecución y supervisión de la obra que se estaba realizando.

Marcha y pedido de renuncia de funcionarios

Para la secretaria adjunta de ATEN, Susana Delarriva, la explosión en la escuela de Aguada San Roque "marcó un antes y un después y lamentablemente tuvo que ocurrir la muerte de Mónica y de dos trabajadores para que el gobierno tome cartas en el asunto".

En diálogo con , señaló que "en estas últimas dos semanas han aparecido supervisiones de (la distribuidora) Hidenesa por todo el interior" y sostuvo que ya cerraron varias escuelas por las pérdidas de gas que detectaron.

Recordó que según el relevamiento realizado por el sindicato, unas 150 escuelas en la provincia tienen problemas de infraestructura y más de 100 están sin clases presenciales.

En la Escuela Nº 144, en tanto, las clases se cortaron luego de la explosión ocurrida hace más de un mes. El edificio está inutilizable porque es materia de investigación pero no se proveyó a esa comunidad educativa un edificio alternativo ni se brindan clases virtuales.

Esta semana, el jefe de Gabinete, Sebastián González, declaró que están trabajando en 90 establecimientos educativos que tenían problemas. "Por más que el gobierno diga que están trabajando en 90, ellos saben que son muchos más", respondió Delarriva, y afirmó que "es una desidia total, una negligencia lo que están haciendo con los edificios".

Desde ATEN convocan a realizar hoy un paro provincial y una movilización desde las 17 por el centro de la ciudad para pedir justicia por las tres víctimas de la explosión. La invitación va dirigida a otras organizaciones sociales, a las familias de los alumnos y alumnas, y la comunidad en general.

"Recién ahora la sociedad se está dando cuenta que no es un reclamo que le corresponde solo a Aten", indicó Delarriva, y lamentó que "muchas veces se ha minimizado el reclamo que nosotros hacemos".

Esta semana, diputados y diputadas de la oposición pidieron que se presenten en la Legislatura la ministra Cristina Storioni y el Subsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza, para dar explicaciones sobre lo ocurrido. La presidenta de la comisión de Educación, Marta Villone, se comprometió a tramitar la invitación, que aún no tiene fecha.

Mientras tanto, desde el sindicato reforzarán hoy la consigna que votaron en el último plenario, que consiste en pedir la renuncia de ambos funcionarios porque "hay un subsecretario de Obras Públicas que permitió que se hicieran obras cuando ya estaba firmado el final de obras o permitió tercerizar todo, y hay un Consejo Provincial de Educación que permitió que entraran docentes y estudiantes estando la escuela en obra", dijo la dirigente, para concluir que "ninguno controló nada".