En la ley ómnibus devenida minibús, un largo compendio de reformas regresivas a las leyes y la Constitución Nacional, se advierte claramente la mano artera de los estudios que representan al capital concentrado y las corporaciones extranjeras en el país.

Aún en su versión reducida de 162 páginas, con mínimas concesiones para terminar de seducir a la oposición amigable -un verdadero mamotreto leguleyo lleno de zancadillas para el interés nacional-, se observa que nunca podría haber sido preparada por el raquítico equipo de técnicos de La Libertad Avanza, mucho menos en los escasos tres meses que van de las PASO a la segunda vuelta.

El artero instrumento recoge puntualmente los intereses de los distintos sectores del establishment económico, tantos, tan variados y puntuales, que resulta evidente que ha esperado en las sombras la suerte de la compulsa electoral con la esperanza de que la derecha o en su defecto la ultraderecha lo llevaran a la práctica. Como tocó esto último es también un proyecto de máxima.

Como señalan Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli en el documento de Trabajo número 30 de Flacso, por primera vez desde la década de 1990 las fracciones más importantes del capital convergen y constituyen el sustento del mascarón de proa que encarna el presidente actual.

A esta altura está claro que el liberalismo libertario no es otra cosa que un ajuste liberal salvaje en beneficio de los sectores más concentrados de la economía y en perjuicio de los trabajadores, los sectores medios, los jubilados, las mujeres, los desocupados, etcétera, en un intento de regresar a un pasado sin derechos sociales ni económicos.

Pero en las últimas semanas y al calor de los desatinos que día tras día comete la lunática administración Milei, hasta algunos sectores del establishment comienzan a poner en duda la conveniencia de seguir apoyando políticas que francamente los están perjudicando.

No sólo por el gigantesco parate económico, que surge de todas las estadísticas y que provoca enormes pérdidas entre los sectores pymes y también entre empresas poderosas del sector industrial.

Un ejemplo lo proporcionó esta semana el intento de pagar con bonos la deuda con las generadoras de energía que mereció no sólo la airada protesta del sector, incluidas empresas que proporcionaron cuadros al gobierno, sino también la intervención de Estados Unidos y el FMI.

También está de muestra el diabólico capítulo VIII de la ley que ahora trata el Senado, referida al llamado RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), que además de favorecer la evasión y estimular la fuga de utilidades entraña una descarada competencia desleal con la industria local, al permitir a los inversores entre otras cosas importar libremente maquinaria y equipos sin impuestos.

Es un hecho que algunos integrantes de la propia UIA están en desacuerdo con este tipo de medidas, aunque no pocos evitan pronunciarse públicamente por temor a ser fulminados, como ocurrió con el titular de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, por el ejército de trolls que opera con suculentos sueldos desde la propia Casa Rosada.

Entre las muchas calamidades que promete llevar a la práctica la ley Bases, la peor es sin duda el RIGI, un atentado a la soberanía nacional (o un nuevo estatuto legal del coloniaje como lo caracterizó Cristina Kirchner), porque sus consecuencias no se podrán retrotraer durante 30 años, dado que fija la resolución de cualquier pleito futuro en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) de Estados Unidos.

En el modelo que propugnan el actual gobierno del poder económico y su estandapero libertario, basado casi exclusivamente en la actividad extractiva y la producción agropecuaria; gas, petróleo, litio, minerales y granos para alimentar chanchos, no menos de 20 millones de argentinos están condenados a la desocupación y a la miseria.

Llama la atención que gobernadores de provincias ricas en recursos naturales apoyen proyectos como el del RIGI, que conlleva una violación de la Constitución nacional, en la medida que el gobierno central fija discrecionalmente políticas sobre la explotación de los recursos del subsuelo que pertenecen a los estados provinciales.

Por fortuna, el contundente paro general del jueves de la CGT, las dos CTA y la UTEP fue una enorme bofetada para el gobierno de Milei y sus mandantes. Esta medida tanto como el paro del 24 de enero, las manifestaciones multitudinarias de las mujeres y en defensa de la universidad pública, y la nutrida marcha del Día de los Trabajadores, están contribuyendo a encolumnar la resistencia popular a este gobierno cruel, torpe y empobrecedor.