Hasta ahora Javier Milei ha gobernado durante sus casi cinco meses de gestión prácticamente con un solo acto jurídico-administrativo: el comunmente llamado “DNU”, es decir el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, con el cual perpetró la derogación de facto de 80 leyes y la modificación de otras 300. Ni siquiera las dictaduras hicieron jamás algo semejante mediante un solo decreto.

Ese método antidemocrático e ilegal, avalado por la complicidad del Poder Judicial, fue rechazado por la mayoría del Senado y luego quedó “cajoneado” en la Cámara de Diputados para evitar su tratamiento. En consecuencia sigue produciendo efectos como desde el primer día porque para dejar de tener vigencia, según la legislación, debería ser rechazado por las dos ramas del Parlamento. Lo cual es algo que, a esta altura, sería ingenuo suponer que vaya a ocurrir.

Pero independientemente de los “decretazos” que ya ha descargado sobre el conjunto de la población y sigue haciendo habitualmente, dentro de poco Milei podría contar con dos instrumentos legales que le dejarían las manos libres para acometer con mayor legitimidad jurídica el accionar devastador que está provocando sufrimientos tremendos al pueblo de la Nación.

Se trata de la “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, nombre abreviado como “ley Bases”, y simultáneamente el denominado “paquete fiscal”, que modifica la estructura de impuestos en el país.

En una primera versión ambas normas estaban contenidas en una sola, más destructiva todavía, que era denominada en los ambientes politizados y por el periodismo en general como “ley Ómnibus”, la cual no alcanzó a ser aprobada por errores de manejo del propio oficialismo y sus aliados en la aplicación de las reglas de funcionamiento parlamentario.

Posteriormente, el pasado martes 30 de abril -víspera del Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora-, Milei consiguió una amplia mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar la llamada “ley Bases” y asimismo el “paquete fiscal”.

El voto favorable incluyó a tres representantes de Neuquén, de los/las cinco que tiene la provincia en la Cámara: Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino), Pablo Cervi (Unión Cívica Radical) y Nadia Márquez (La Libertad Avanza). En cambio, se opusieron Tanya Bertoldi y Pablo Todero (ambos de Unión por la Patria).

A su vez, de los/las cinco diputados/as que representan a Río Negro, hubo cuatro que votaron a favor: Agustín Domingo (de Juntos Somos Río Negro, o JSRN, el partido que lidera el gobernador Alberto Weretilneck), Aníbal Tortoriello y Sergio Capozzi (del Pro) y Lorena Villaverde (La Libertad Avanza). El único rionegrino que se opuso fue Martín Soria (Unión por la Patria).

(En un informe que publicó el diario La Nación puede verificarse minuciosamente cómo votó cada diputado/da. El detalle fue realizado según “distintos niveles de análisis: orientación política, provincia representada, profesión y años de trayectoria legislativa”, precisó dicho medio. Nota del 30/04/24). 

El proyecto pasó a consideración de la Cámara de Senadores, donde tiene amplias chances de quedar convertido en ley en las próximas semanas.

(Mientras Diputados debatía el proyecto, sus gravísimas consecuencias fueron analizadas por el dirigente político Juan Grabois en una nota de opinión que publicó el portal elDiarioAr, con un título que fue casi un juego de palabras: “Nueve razones para oponerse a las leyes de Milei y un pedido a la oposición que no se opone”. Nota del 29/04/24). 

Mayorías de ayer y de hoy

El hecho de que una fuerza política -en este caso La Libertad Avanza, LLA- obtenga mayorías en el Congreso a pesar de poseer un número muy escaso de representantes propios, no es novedoso en la historia política reciente de nuestro país.

Lo mismo ocurría hace ocho años, cuando transcurrían los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri. La coalición que él encabezaba, en ese tiempo denominada “Cambiemos”, era muy minoritaria en las dos Cámaras del Poder Legislativo pero conseguía el respaldo de gran parte de los/las legisladores/as que habían sido elegidos por el justicialismo o tenían un pasado de pertenencia al mismo. (En esa época publicó un análisis titulado “El co-gobierno parlamentario del peronismo no kirchnerista”. Nota del 03/10/2016). 

Hoy las mayorías se conforman de otra manera porque en las sucesivas elecciones parlamentarias (realizadas en 2017, 2019, 2021 y 2023, es decir solo como comicios legislativos o bien simultáneos con los presidenciales), ha crecido fuertemente la presencia de distintas variantes de la derecha y además -a partir del ingreso a Diputados en el año ‘21 del dúo Milei-Victoria Villarruel e igualmente de José Espert y otro representante- también de la ultraderecha.

Por eso, a diferencia de los primeros años del régimen que presidió Macri, actualmente el peronismo no tiene gravitación como para aprobar o rechazar proyectos. Es la bancada más numerosa -o también llamada “primera minoría”-, con 99 diputados/as del total de 257 que integran la Cámara, pero -aparte de los/las legisladores/as propios/as de Milei, que llegan apenas a 41 diputados/as- los principales aliados del oficialismo provienen del Pro, la Unión Cívica Radical, el grupo Hacemos Coalición Federal (HCF, dominado por el justicialismo antikirchnerista y distintos/as referentes antiperonistas), y fuerzas políticas provinciales (incluidas el partido tradicional neuquino y asimismo el rionegrino).

En ese sentido, en la votación de la “ley Bases” y el “paquete fiscal” no hubo deserciones en Unión por la Patria, excepción hecha de tres representantes por Tucumán que ya en enero se separaron del bloque y formaron otro, aliado al oficialismo nacional y llamado “Independencia”.

Si ocurriera finalmente la eventualidad -muy probable- de que los dos proyectos resultaran aprobados en el Senado y de esa forma se convirtieran en ley, se habrá consumado una paradoja brutal para la esencia de la representación democrática.

Argentina tendrá en el futuro inmediato y mediato un pueblo cada vez más sufriente, por decisión de una mayoría de diputados/as y senadores/as que desde sus bancas en el Congreso traicionan las necesidades de las personas y su derecho a una vida digna.

Menos frivolidad, volver a las fuentes

Desde que se inició el régimen de extrema derecha el 10 de diciembre pasado, las familias de clases pobres y clases medias de la sociedad están padeciendo injusticias mucho más agravadas que las existentes hasta aquel momento.

Paralelamente, los poderes económicos locales constituyen uno de los sostenes decisivos del gobierno (como reafirmaron los jerarcas empresariales de la industria, el comercio, la construcción, los bancos, el sector agropecuario y los mercados financieros, tras reunirse con Milei a fines de marzo; crónica de Clarín, nota del 23/03/24).De forma similar lo hacen los poderes económicos extranjeros representados en el Fondo Monetario Internacional, FMI (una de sus voceras calificó hace un mes de “impresionante” a la gestión de Milei; publicado por La Nación, nota del 04/04/24). Y por citar un último caso emblemático, también Estados Unidos expresa de forma pública su apoyo al actual oficialismo argentino (sucedió por ejemplo a mediados de marzo, a través de su embajador; información del diario Cronista, nota del 12/03/24). 

Para personas entendidas en asuntos de la política y el poder, puede parecer una obviedad puntualizar que los empresarios más poderosos, el FMI o el gobierno estadounidense están detrás del gobierno.

No obstante, conviene señalar de forma explícita lo que quizás para muchos/as resulta evidente, porque en los comentarios de dirigentes, comunicadores/as, etc., e igualmente de ciudadanos/as en general que son usuarios/as de redes digitales, se habla mucho de los personajes políticos conocidos -por ejemplo Milei, él y su hermana, sobre el desquicio psíquico y emocional de él, o de él y ella, sobre los perros vivos y/o el muerto, la actriz que hasta hace poco fue la pareja presidencial, las figuras mediáticas oficialistas como el vocero Manuel Adorni o la diputada Lilia Lemoine, etc. etc. etc.- pero poco o nada se habla de los poderes visibles u ocultos que sostienen al régimen gobernante.

La superficialidad para observar y analizar la política, tanto por parte de quienes ocupan lugares de influencia pública como de personas comunes del pueblo, es una deformación frívola que dificulta la comprensión de asuntos complejos y profundos cuyas consecuencias alcanzan a la vida cotidiana de cada ser humano.

Ello ocurre frente a la cruel realidad de un pueblo sufriente y de una mayoría de legisladores/as que debieran representar el interés general pero traicionan ese mandato ético y político. Y todo encubierto por un sistema judicial corrompido paulatinamente desde hace al menos una década y media (cuando la fracción dominante de la judicatura empezó a encubrir los intereses del grupo empresarial Clarín ante la sanción de la ley que intentó democratizar la propiedad y gestión de los medios de comunicación).

Si los funcionarios estatales, tanto del poder Ejecutivo como del Legislativo y del Judicial, no protegen el bien común de la población y se dedican, en cambio, a ejercer como infames sirvientes de las clases sociales privilegiadas y de corporaciones locales o extranjeras, ¿para qué existen los poderes públicos y el voto ciudadano que les otorga legitimidad en condiciones supuestamente democráticas? Van a continuación dos ejemplos para reflexionar sobre ese interrogante.

“La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo”, dijo Juan Domingo Perón el 17 de octubre de 1950, al hablar ante una multitud desde los balcones de la Casa de Gobierno y proclamar allí “Las veinte verdades peronistas”. (Los enunciados completos se encuentran accesibles, por ejemplo, en el repositorio digital del Archivo Histórico del hoy desaparecido ministerio de Educación de la Nación. Ver posteo). 

“Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”, expresó Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, al asumir como el primer presidente surgido de elecciones luego de la dictadura genocida. (Un breve fragmento del discurso fue publicado hace cuatro años en el Facebook oficial del entonces -hoy eliminado- ministerio de Cultura de la Nación. Posteo del 31/03/2020). 

Hay que volver a las fuentes de la legitimidad política. El estallido de diciembre de 2001 ocurrió porque las dirigencias políticas se habían acostumbrado a que “los mercados” impusieran su dominio sobre el conjunto de la sociedad, mientras que en los más altos cargos del Estado -incluidos los del Congreso- nadie se ocupaba de defender los intereses de las personas comunes del pueblo.