La semana que concluye las centrales de trabajadores se movilizaron masivamente -mucho público se sumó espontáneamente- para repudiar la embestida del gobierno neoliberal-libertario contra los sectores populares y las clases medias y en exclusivo beneficio del poder económico nacional y multinacional más concentrado.

En particular, la marcha del Día del Trabajador apuntó a repudiar la media sanción a la denominada ley Bases, que arrasa con derechos de las mayorías, abre el camino a un nuevo remate del patrimonio nacional y sólo beneficia a las minorías privilegiadas con desgravaciones impositivas y blanqueo de capitales, al tiempo que facilita la llegada de fondos especulativos disfrazados e inversiones productivas sin ningún tipo de resguardo para el interés nacional a través del RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones).

Se trata de una verdadera calamidad sin antecedentes en la historia argentina, que el 1ero. de Mayo tuvo una digna respuesta popular y que, todo indica, tendrá una más contundente aún con el paro general de la CGT y las dos CTA previsto para el próximo jueves.

Lamentablemente esta afrenta al pueblo argentino que significa la ley Bases, contó con el apoyo de la oposición amigable nucleada en el Pro, principal socio y garante del gobierno ultraderechista; la mayor parte de la UCR, Hacemos Coalición Federal, y el interbloque de Innovación Federal, que agrupa a legisladores de Misiones, Salta, Río Negro y Neuquén. Sólo fue rechazada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, algunos radicales y contados integrantes de HCF.

Lo más llamativo fue que, en un acto totalmente contradictorio respecto de su conducta política, muchos radicales y socialistas argumentaron sólidamente en contra de la iniciativa del Ejecutivo, pero llegado el momento alzaron su mano para aprobarla.

¿Qué ocurrió?

Como se sabe, La Libertad Avanza perdió la elección con sólo el 29% y fracción de los votos frente a UxP y no sería gobierno si en el balotaje no hubiera contado con el apoyo de Juntos por el Cambio, que la votó a sabiendas de que empujaba el país al abismo pero su antiperonismo pudo más porque la alternativa era que éste siguiera gobernando.

Pero ahora último, aunque los planes de Milei los espanten, aunque su pensamiento racional les indique que no los deben apoyar, los legisladores de esos sectores terminaron haciéndolo porque más allá de cualquier escrúpulo perciben claramente que el desequilibrado al volante representa los intereses del poder económico con el que se identifican como clase. Es lo opuesto al “horror” que les provoca el peronismo y frente a la delicada situación que vive el país por el endeudamiento de Macri y los desatinos de Milei, seguramente piensan salvarse bajo el ala del poder “real”.

Hace ya tiempo, por lo menos durante casi todo el gobierno de Alberto Fernández, cierta derecha política forma parte, con el partido judicial y los medios concentrados, del bloque de poder que conducen el establishment económico y el capital multinacional estadounidense.

El otro pilar sobre el que se edificó la media sanción de la que quizá sea la peor ley de la historia nacional es la conducta de una cantidad de gobernadores, que se han acostumbrado a privilegiar su propia supervivencia política por encima de los intereses del país. De otra forma no se entendería que traten de salvarse solos, ellos y sus provincias, mientras la mayoría de los argentinos caminan hacia la ruina y el país a la pérdida irreversible de su soberanía. A pesar de todo cuando llegue la hecatombe les tocará también a ellos y a sus provincias.

Hay que anotar también que este fenómeno es uno de los tramos finales de la descomposición de un federalismo que sólo existe en los papeles, en un país donde en realidad impera un brutal centralismo. Y por lo mismo alcanza no sólo a los gobernadores sino también a buena parte de sus gobernados, para quienes Buenos Aires está siempre de espaldas y bien lejos de sus intereses cotidianos.

Ha contribuido a profundizar este desmadre histórico la reforma constitucional de 1994 en la que Menen y Alfonsín, a través del Pacto de Olivos, introdujeron concesiones inicuas al centralismo, como la eliminación del colegio electoral y la autonomía a la ciudad más rica y menos federal del país, terminando de quebrar el frágil equilibrio logrado en 1880 entre el puerto y el interior. El otro mal heredado de esa reforma ha sido el traspaso del control de las riquezas del subsuelo a las provincias, que son la parte más delgada del hilo que sostiene la soberanía sobre los recursos naturales.

A esto se agrega en los últimos meses el brutal recorte de la coparticipación ejercido por Milei, que terminó por amenazar la supervivencia de muchos gobiernos provinciales. Pero eso, lamentablemente, no parece escandalizar a nadie en esa Argentina unitaria, antipopular y cipaya que rodea al gobierno nacional, y que parece poco menos que rendida ante el asedio del capital monopólico que viene a llevarse por monedas los recursos naturales.

Ahora la pelota la tiene el Senado. Antes de actuar sus integrantes deberían reflexionar muy bien sobre el daño definitivo que le pueden hacer a la patria.