El fiscal federal que actúa en juicios por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca y Neuquén, evaluó el alcance del fallo dictado por el Tribunal Oral Federal en el tramo IX de la causa conocida como La Escuelita.

Palazzani, de amplia trayectoria y reputación en esos juzgamientos, explicó por qué solicitó al tribunal que se reconozcan como víctimas del Terrorismo de Estado a las infancias. “La atención desde el comienzo de estos procesos, y esto no es fortuito ni casual, se posó sobre los militares, policías o gendarmes que tuvieron vinculación directa con los secuestros, torturas o desapariciones en este plan sistemático. Y todo el esfuerzo por llevarlos a juicio impidió que pusiéramos la atención en la complicidad civil, empresarial, eclesiástica, la comunicacional de algunos medios, y también que no se pudiera dar respuesta a este tema de las infancias”, señaló.

En diálogo con , Palazzani anticipó que el año próximo se ventilará en juicio la apropiación de los departamentos de la Torre de Periodistas en Neuquén. “Me parece que en ese aspecto Neuquén es pionera en tratar un tema que habitualmente no se analiza porque tiene facetas que no son tan investigadas”, agregó.

-Qué evaluación hace del veredicto en la causa Ferrari, identificada como La Escuelita IX. ¿Considera que las penas otorgadas cumplen con las expectativas de la fiscalía? ¿Qué lectura hace de la absolución dictada?

-Nosotros dijimos, en el alegato y lo decimos siempre, que nos parece que estos delitos son los más graves que se pueden cometer, los que mayor daño causan al tejido social –por eso son contra la humanidad-, y tienen todas las características que conocemos como la imprescriptibilidad. Al justificar los pedidos de penas, que siempre son altos, hacemos el siguiente razonamiento: si un delito tiene previsto una pena mínima y una máxima, el legislador lo que ha propuesto es evaluar la gravedad, entre otras cosas, de la situación o de la conducta. Si hablamos de las más graves conductas, decimos que las penas no pueden bajar del tercio superior, tienen que estar ahí, y no pueden ser iguales a las penas que se fijan en casos menores. Hay condenas de lesa humanidad que son menores que para quienes encuentran hoy con 100 gramos de marihuana para el narcomenudeo, de eso estamos hablando, en la mirada de abordaje del pedido de pena de la fiscalía. Entonces decimos que tiene que necesariamente ser el derecho, el Poder Judicial o el Ministerio Público, mandar un mensaje distinto porque, entre otras cosas, la finalidad de los juicios o las penas, tiene el objetivo de garantizar la no repetición de estos casos. Y no solamente una condena proporcional a la gravedad del daño producido y de la conducta, sino también lo que ocurre luego en la ejecución de la pena. Tenemos que el 90 por ciento de los condenados por delitos de lesa humanidad está con prisión domiciliaria y del otro 10 por ciento, la mitad está en Campo de Mayo, que es como estar en una prisión VIP. Con lo cual hay muy pocas personas en prisiones comunes. Es así que no estamos de acuerdo el monto de las penas porque difieren muchísimo de lo que pedimos. Eso muestra, por si mismo, la distinta mirada que tenemos sobre este punto. No será la primera vez, aquí en Neuquén o en Bahía Blanca donde intervenimos, que esto sea motivo de un recurso de casación para que otro tribunal lo revise.

-¿Ese recurso ya está redactado o aguardará conocer los fundamentos del fallo?

-Necesariamente tenemos que esperar a conocer los fundamentos para, justamente, lo que se critica en un recurso de estas características es el razonamiento del juzgador que nosotros consideramos erróneo en este punto, por lo que necesitamos indefectiblemente ver cómo ha justificado esas penas disímiles de las que hemos pedido.

-La fiscalía bajo su dirección hizo hincapié en el exilio forzado y exigió que las infancias de la época sean reconocidas como víctimas directas del terrorismo de Estado. ¿Cómo receptó el tribunal este planteo y qué precedente sienta para el resto de los juicios en el país?

-Al igual que en el tema anterior, para ver lo que terminará diciendo el tribunal vamos a esperar los fundamentos, porque en el veredicto no desarrollaron el tema. Eso va a ser importante porque el tema de las infancias es una cuestión invisibilizada, el daño que se les produjo a las infancias sobrevivientes y a las exiliadas. Hay un abanico de situaciones que nosotros intentamos describir, incluso que llegan al plan sistemático de apropiación de niños. Así que entendíamos que el daño de niñas o niños posee una estructura diferente, cualitativamente diferente porque la infancia requiere de estabilidad, de vínculos confiables, de continuidad escolar, de lengua, juegos, referencias familiares. Y en uno de los casos que pudimos analizar, el fenómeno del exilio alteró estos planos de manera simultánea porque se cambió de casa, de códigos culturales, paisajes afectivos, de relaciones con familiares, y esa alteración recayó sobre etapas de constitución subjetiva del ser humano, con lo que nos parece que el Ministerio Público Fiscal y jueces, estamos en deuda con ese universo de personas. Porque normalmente lo que ocurre es que concurren a declarar 50 años después siendo adultos, contando la experiencia sobre sus padres, y qué significó el secuestro, la desaparición o asesinato de sus padres, pero no profundizamos en lo que causó en el universo subjetivo de ellos.El terrorismo de Estado tuvo el daño que trasciende incluso generacionalmente. En el caso del matrimonio chileno secuestrado en Cipolletti que se juzgó en el último juicio, escuchamos a los niños que en un caso tenía cuatro meses y fue entregado a unos amigos, pasó por un orfanato y luego fue a Francia con los abuelos, y de todo eso que escuchamos, el desafío para nosotros es cómo lo devolvemos o lo describimos y lo reconocemos, para que no quede en una palabra que es evidentemente de una persona que sufrió y lo sigue sufriendo, y al menos desde mi perspectiva debe haber un reconocimiento que si bien no va a solucionar lo que ya pasó sí puede traer un alivio, una reparación, aunque sea mínima porque así ha estado dado desde la palabra judicial. Han depositado en una sentencia la expectativa de que se reconozca un daño y que esa sentencia, cuando declara el daño, constituya una palabra importante en cuanto a que se ven reconocidos. Para algunas personas eso puede no tener importancia, pero para quienes lo sufrieron y para los funcionarios que mínimamente pueden ser empáticos con eso en un ambiente en el que la empatía no reina como lo es el Poder Judicial, termina siendo muy importante. La atención desde un comienzo de estos procesos, y esto no es fortuito ni casual, se posó sobre los militares, policías o gendarmes que tuvieron vinculación directa con los secuestros, torturas o desapariciones en este plan sistemático. Y todo el esfuerzo por llevarlos a juicio impidió que pusiéramos la atención en la complicidad civil, empresarial, eclesiástica, la comunicacional de algunos medios, y también que no se pudiera dar respuesta a este tema de las infancias. Hay una sentencia en Santa Fe respecto de las infancias, y este pedido en Neuquén que vamos a ver cómo se resuelve y depende de ello sería motivo de un recurso, como para empezar a visibilizar otro tipo de daño como ocurrió con la violencia sexual en los centros clandestinos que era un tema tabú y, en definitiva, como todo proceso de Memoria, Verdad y Justicia la militancia de los sobrevivientes y los familiares, ha hecho que el sistema judicial se vaya agrietando y reconozca ese tipo de cosas. En esa pelea el sistema judicial, por su composición y formación, es difícil que aborde estos temas con la profundidad que tiene el sufrimiento humano que acarrea.

-Usted hacía mención al juzgamiento de civiles cómplices de los genocidios. Aquí en Neuquén se han juzgado a un ex juez y un fiscal federal y se ha incluido el abuso sexual como delito de lesa humanidad cometido en el contexto del terrorismo de Estado. ¿Neuquén es la que más ha avanzado en el juzgamiento de estas figuras?

-No, en realidad Neuquén viene acompañando un proceso nacional que se rompió en 2010 con una sentencia en Santa Fe que luego, tras varias idas y venidas, la Corte termina reconociendo la especificidad de la violencia sexual, en un caso conocido como Martel. En jurisdicciones como Bahía Blanca se va reconociendo. Neuquén acompaña ese proceso. En cuanto al juzgamiento de funcionarios judiciales es distinto porque no es tan generalizado. Ha habido muchas dificultades en avanzar en estos procesos. La impunidad biológica también hace su trabajo, estoy pensando en el juez federal de Bahía Blanca de esa época, Madueño, que falleció sin ser juzgado. Pero Neuquén es parte de las pocas sentencias que se ha ocupado del juez y del fiscal federal. En ese aspecto sí nos parece que Neuquén dio un paso adelante en el juzgamiento y en mostrar cómo funcionó el aparato judicial en complicidad o como parte del circuito represivo.

-El debate inició con ocho imputados pero solo seis llegaron a la sentencia debido a fallecimientos y declaraciones de incapacidad médica. ¿Cómo afecta la denominada "impunidad biológica" al proceso de Memoria, Verdad y Justicia?

-Estos procesos son los únicos que han roto de alguna manera con el sistema en general. No olvidemos que ha habido fallos de la Corte y leyes de impunidad que se han combatido y se ha podido juzgar a pesar del propio Poder Judicial, del propio sistema. En ese aspecto el colectivo de Derechos Humanos ha logrado, como lo hizo el movimiento feminista, cambios reales en cosas que parecían que no iban a cambiar. Entonces la impunidad biológica afecta de doble manera. En primer lugar el autor, el cómplice del delito, en términos formales fallece impune y eso es un defecto y un déficit del sistema por la tardanza en juzgarlo. Ello porque Argentina, a pesar de ser un ejemplo en el mundo, obviamente tiene dificultades. Aquí existió un Plan Cóndor y ningún país de la región, aún con dictaduras más extensas como Brasil o Chile, pudo tener este proceso de Justicia. Evidentemente el propio terrorismo de Estado crea en su inicio un sistema de impunidad, es lógico e ínsito al fenómeno criminal. Con idas y vueltas, y con deudas pendientes, lo ha podido romper. En este caso la impunidad biológica, es el paso del tiempo que hace que mucha gente muera impune, que muchas víctimas fallezcan sin tener la reparación de la Justicia. Ahora, ese tema, el tríptico de Memoria, Verdad y Justicia lo vamos resolviendo con el concepto de verdad. Entonces por más que el imputado muera o la víctima también esté fallecida, hay un derecho a la verdad que ha sido reconocido por la Corte Interamericana o la Corte Suprema Argentina, y es importante que la sentencia diga qué pasó, quién fue víctima y quién victimario.

-¿Ese derecho a la verdad se haría mediante un proceso autónomo?

-No, El proceso autónomo sería, por ejemplo, el caso de la Masacre de Napalpí en Chaco, o en el caso de los fusilamientos de José León Suárez, conocida como Operación Masacre, más reciente, es todo derecho a la verdad. Está avanzando. En Neuquén esta sentencia, la última, lo menciona el veredicto, reconoce el derecho de una víctima y que cuyo victimario, que estaba fuera del debate, habría sido condenado. Ello ocurrió en las jurisdicciones de Río Negro y en Comodoro Rivadavia. Y también hay situaciones autónomas, como hechos ocurridos hace mucho tiempo y que ya no tiene víctimas ni victimarios vivos, en los que se desarrolla el proceso y se declara que eso fue un delito de lesa humanidad y tiene trascendencia jurídica en otros aspectos.

-En virtud de que todavía quedan víctimas de la represión regional que continúan desaparecidas. ¿Qué hilos de investigación criminal quedan abiertos tras el cierre de Escuelita IX. ¿Puede haber una Escuelita X?

-El próximo juicio que tenemos previsto es por el caso llamado Torre de Periodistas, el despojo que se hizo de los departamentos. Estamos trabajando para el ofrecimiento de pruebas y entiendo que la fecha será fijada ya para comienzos del año próximo. Ese es un dato novedoso de Neuquén porque los delitos económicos que se investigan de la dictadura normalmente son burdos en términos de apropiaciones de cosas, de robo. Este caso, con la arquitectura jurídica que tuvo, con la complicidad del Banco Hipotecario, la intervención de la Cooperativa (del Periodista) y la persecución a los periodistas, es atravesado por un montón de cosas que lo hacen muy interesante e inédito. Y vamos a tener la oportunidad de ventilarlo y conocerlo en profundidad en el momento del juicio. Me parece que en ese aspecto Neuquén es pionera en tratar un tema que habitualmente no se analiza porque tiene facetas que no son tan investigadas. Eso es lo que viene. Y respecto del tema de los desaparecidos, que siempre digo que es poco lo que podemos hacer, en mi caso no pierdo la oportunidad de preguntar en cada alegato a los imputados que brinden información, la que tengan, que nos sirva para encontrar y dar alivio a las familias. Y cada denuncia de enterramiento que tenemos de aquella época, por mínima que sea, la hacemos. Los familiares tienen que quedarse tranquilos que estamos siempre atentos y tratamos de ser eficientes y veloces para disipar cualquier duda, porque siempre que aparecen estas noticias se generan dudas. Soy consciente de ello y me parece que la rapidez en la respuesta es importante para disipar cualquier duda que se prolongue y que no sea satisfecha. Seguimos trabajando con las dificultades lógicas. En el país vamos de a poco. Sugerimos a familiares que vayan al Banco de Datos Genéticos para dejar las muestras; las personas que tengan dudas sobre nacimientos –porque seguimos buscando niños apropiados que hoy son adultos-, y por supuesto las personas que directamente desaparecieron. Siempre estamos dispuestos a recibir cualquier información o sospecha y a investigarla inmediatamente.

-¿Cómo receptó usted durante el juicio los cuestionamientos recurrentes sobre la imprescriptibilidad de estos delitos, la teoría de los dos demonios o los planteos de obediencia debida reinstalados por las defensas?

-Primero, la cuestión técnica es una cuestión superada. Tal vez lo digo desde el acostumbramiento. La Corte ya lo tiene resuelta y no es motivo para replicarlo, ya sabemos que van a dar el argumento negacionista en sus distintas facetas, más edulcoradas o menos, más grotescas o sutiles, pero uno ya las detecta enseguida. La cuestión jurídica de la prescripción o la obediencia debida está zanjada y la Corte la ha hecho una política de Estado, no hay vuelta atrás con eso. No quiero decir que no debemos estar atentos siempre. Lo que me parece interesante discutir, porque hace a la memoria que uno permanentemente está construyendo para las generaciones que vienen en todo sentido y ambientes, es discutirlo hoy y tener argumentos a la mano cuando en las más altas esferas de los poderes del Estado, del Ejecutivo específicamente, se instalan esos discursos. Eso sí me parece para atender y contestar porque, concretamente, en el Poder Ejecutivo Nacional el discurso es directamente negacionista. Tenemos una vicepresidenta que es abiertamente militante de este tipo de discursos en sus diferentes facetas. El negacionismo ha evolucionado, primero fue muy burdo y cuando comenzamos a mostrar lo que pasaba y eso era incontestable, mutó a otro tipo de conceptos como el de la memoria completa que, no tanto para los que estamos en el tema o en el micromundo de los juicios, es importante comunicarlo bien para las generaciones que vienen. Siempre trato de fomentar las charlas en los colegios secundarios, en universidades, escuelas, y que no sea solo el 24 de marzo que se hable del tema, sino que haya materias transversales. El terrorismo de Estado tiene esa característica, ha tratado de reconformar el esqueleto, estructura y arquitectura subjetiva de los argentinos. Esa era la idea, no solamente en la arquitectura subjetiva sino la social y la económica. Entonces muchas de las cosas recicladas se vuelven a plantear en otra modalidad, no con lo grotesco y lo criminal del terror del Estado, sino con formas más sutiles de demonización del otro, de censura, con nuevas fórmulas tecnológicas, entiendo que estudiar o ver el proceso que vivimos nos puede servir para analizar cuestiones del presente y mirar al futuro.

-Hace pocas ediciones, entrevistó a la presidenta de la APDH de Neuquén, Silvia Barco, quien además de ponderar mucho el trabajo de la fiscalía en los juicios de La Escuelita, planteó que en la actualidad estamos ante un plan Cóndor II que se presenta con otra metodología, no ya con las armas, sino con la tecnología y la economía. ¿Comparte esta visión?

-Me parece un concepto interesante. Un poco es lo que yo trataba de transmitir, por supuesto con el formato del Cóndor en términos de un terrorismo de Estado, pero sí me parece que hay tensiones y que ahí aparece la mecánica del huevo de la serpiente, la demonización de quienes piensan distintos a una ideología determinada en el continente americano, y eso me parece que tiene similitudes con una especie, que podríamos llamar, Plan Cóndor para utilizar el simbolismo de aquella coordinación de la inteligencia regional para la persecución de disidentes políticos que en definitiva, es lo que hoy estamos viendo. El que piensa distinto al que está en el poder de turno es perseguido, demonizado no con lo grotesco de una desaparición o asesinato, que en algunos casos habría que ver, pero si en general con la muerte civil que puede ser la difamación en las redes, la mentira, con un nivel de propagación que es muy difícil revertir. Ese fenómeno, con los que tienen el poder y el dinero para hacerlo, en una época en la que parece que ha muerto la verdad, es difícil de manejar. Por ahí se me escapan algunos elementos de análisis porque no soy sociólogo, pero sí hay un ruido en términos de coordinación que hay que prestarle atención. Las herramientas conceptuales que nos da el conocimiento de lo que ocurrió permiten abordar estos fenómenos nuevos, con algunas aristas que no existían hace 50 años, como la demonización del otro que en definitiva termina siendo muy grotesco, pero que termina siendo el huevo de la serpiente porque despersonalizar al otro habilita a hacer, con ese otro que no piensa como yo o no responde al plan de vida, a agredirlo, a quitarle derechos y en algunos casos a que sufra una especie de muerte civil. Lo que ha expresado la presidenta de la APDH es un gran disparador para una mesa de debate entre sociólogos, abogados, antropólogos y militantes sociales -que son los que normalmente sufren este tipo de persecución-, como disparador para un abordaje muy rico.