Tras el fracaso del gobierno de Javier Milei en el Senado, el pasado jueves, cuando la falta de votos obligó a postergar la eliminación de la ley de Tierras contenida en el proyecto llamado “inviolabilidad de la propiedad privada”, la abogada especializada en políticas de tierras rurales Florencia Gómez afirmó que si finalmente el oficialismo consiguiera la mayoría será “por los aliados y los partidos provinciales, por los gobernadores aliados, porque a la Libertad Avanza sola no le alcanzan” sus senadores.

Dijo tener “información en off” de que la senadora Julieta Corroza, única representante de La Neuquinidad y del gobernador Rolando Figueroa, “no está muy cómoda” votando ese proyecto pero finalmente “lo va a votar”. Por otro lado, advirtió sobre el “silencio total” del gobierno de Río Negro luego de que un empresario declarara ser “testaferro” de capitales cataríes y haber comprado 14.000 hectáreas en una zona rionegrina “de frontera”, violando las normas vigentes.

La especialista también apuntó contra el “Súper RIGI” y la instalación de “mega-granjas” digitales o data centerspara Inteligencia Artificial en las provincias del sur, para aprovecharse de condiciones de clima frío, acceso a fuentes de energía y recursos naturales como los lagos y ríos. “Para mí, el objetivo es la Patagonia y lo que se viene es una segunda ‘conquista del desierto’”, alertó.

Gómez fue coautora de la ley contra la extranjerización de la Tierra (Nº 26.737) sancionada en 2011 y que el actual gobierno pretende derogar, y además dirigió el Registro Nacional de Tierras Rurales. Actualmente integra la Coalición en Defensa de la Tierra, que reúne a referentes de distintas provincias y a especialistas en temas vinculados al agro, la defensa nacional y la geopolítica. En diálogo con , la abogada se mostró convencida de que si la población estuviera informada de estos temas, “el 99 % estaría en contra de la extranjerización” del territorio argentino.

- ¿Cómo interpreta la decisión del Senado, que postergó el tratamiento de la ley que el oficialismo llama “inviolabilidad de la propiedad privada”?

- Bueno, para mí es un logro. Un logro de la sociedad civil, de quienes estamos trabajando mucho para que esta ley no se apruebe. Es una ley a la que llaman “de inviolabilidad de la propiedad privada” porque no pueden decir lo que realmente es. Es un proyecto para derogar la ley de Tierras. Recordemos que esto ya lo intentaron hacer. De hecho, lo hicieron a través del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) Nº 70/2023, firmado en diciembre de 2023, que en su artículo 154 decía: "Deróguese la ley de Tierras". Y el único argumento era que esa ley frenaba las inversiones. En enero de 2024, el Cecim, el Centro de Ex Combatientes de Malvinas, se presentó ante la Justicia de La Plata, que les otorgó una medida cautelar y posteriormente declaró inconstitucional ese artículo del DNU. Para mí, lo más valioso de ese fallo fue que considera a la soberanía como un bien jurídico a proteger. Entonces, la ley de Tierras retomó su vigencia y, de hecho, sigue vigente hasta el día de hoy. Yo decía que este nombre pomposo de "inviolabilidad de la propiedad privada" es una especie de caballo de Troya. Le ponen ese nombre porque no pueden decir que lo que quieren hacer es derogar la Ley de Tierras. Y si no, a las pruebas nos remitimos. Ayer (por el jueves, 16/07) en algunos medios de comunicación nacionales, cuando se informó sobre el cuarto intermedio (de la sesión del Senado), se dijo que la sesión se había suspendido. Pero no fue así. La sesión se ha realizado y, al momento de tratar el punto 3 del temario, que era este proyecto de ley, la miembro informante del oficialismo, Patricia Bullrich, ha propuesto que pase a un cuarto intermedio. Normalmente, en los usos y costumbres del Senado, cuando se pasa a un cuarto intermedio es porque no tienen los votos. Porque si los hubieran tenido, habrían sometido la iniciativa a votación.

- ¿Qué es la ley de Tierras que tanto les molesta? ¿Qué regula y cuáles son las restricciones que establece?

- La ley de Tierras regula la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Es muy importante decir que no la prohíbe totalmente. Lo que hace es regularla. Es una ley vigente desde 2011, que se sancionó teniendo en cuenta que la población iba a aumentar, que la energía y los alimentos iban a ser cada vez más caros y que la tierra es un recurso escaso y no renovable. La ley establece cuatro limitaciones, distribuidas en tres artículos. La primera fija un límite del 15% de tierras en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y subprovincial. La segunda dispone que una misma nacionalidad no puede superar el 30% de ese porcentaje. La tercera establece un máximo de mil hectáreas para una persona extranjera, o su equivalente en otras zonas, siempre que no se trate de la zona núcleo. Y, finalmente, para mí está la cláusula Lewis (se refiere al empresario británico Joe Lewis, quien adquirió de forma irregular unas 12.000 hectáreas de campos en la zona de Lago Escondido e impide el libre acceso al lugar); esa cláusula prohíbe la adquisición de tierras que contengan cuerpos de agua permanentes y de envergadura. Básicamente, busca evitar que aparezca un nuevo Lewis que compre distintos inmuebles y termine apropiándose de todos los accesos a un lago. Imagínese que el lago Lácar estuviera rodeado por cinco propiedades y que un extranjero comprara solamente esas cinco. Se adueñaría de todos los accesos al lago. Eso es lo que ocurrió en el caso Lewis y por eso esa prohibición quedó incorporada en el artículo 10. Lo importante es recordar que esta es una ley que está vigente desde hace 15 años. Nunca fue declarada inconstitucional porque es una ley súper constitucional. Ni siquiera es una norma chauvinista o contraria a los extranjeros, mucho menos a quienes vienen a vivir y radicarse en la Argentina. Es una ley pensada desde una perspectiva de soberanía y de cuestiones estratégicas. Es una ley que se aprobó en el 2011. Desde su sanción se implementó un registro para determinar, a partir de los catastros y los registros de la propiedad inmueble, cuánta tierra estaba extranjerizada para poder implementar estos límites que establece la ley. Hasta el día de hoy, cada extranjero que quiere adquirir tierras debe tramitar un certificado de habilitación ante el Registro Nacional de Tierras. Ese trámite lo realizan los escribanos. Si la operación supera alguno de los límites previstos por la ley, el certificado no se otorga; si no los supera, sí se autoriza. Hoy la extranjerización de la tierra ronda el 5%, es decir, unas 13.200.000 hectáreas. ¿Qué quiero significar con esto? Que, si el tope es del 15% y actualmente estamos en el 5%, todavía queda un 10% más que podría extranjerizarse cumpliendo la ley. Entonces, cuando todos los cañones están puestos en derogar la ley de Tierras, uno se pregunta realmente qué están buscando. ¿Cuánta tierra necesitan? Porque, si no les alcanzan casi 30 millones de hectáreas, la pregunta preocupante es: ¿cuánta tierra necesitan, para qué la necesitan, y para quién la necesitan? Me parece que esa es la pregunta del millón.

- ¿Usted cree que los futuros compradores extranjeros ya están? ¿Cree que esta ley que propone ahora el gobierno tiene nombre y apellido, o que está pensada para alguien o para algunos grupos específicos?

- Yo realmente creo que hay interés. No sé si ya están definidas las inversiones que van a venir. La verdad es que esto hay que leerlo a fondo junto con el Súper RIGI (proyecto de ley oficialista llamado formalmente “Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones para Nuevas Industrias”, que se sumaría al ya vigente RIGI). El Súper RIGI es una especie de “vale todo” por 30 años. Te permite contar con una estabilidad regulatoria similar a la que en su momento otorgó la ley de Inversiones Mineras, cuando te decían que nunca jamás iba a cambiar la ecuación económico-financiera de las empresas mineras. La verdad es que, si vos leés esta ley en ese sentido, forma parte, para mí, de un andamiaje complejo de entrega y también de acallamiento de voces. Porque esto no se concibe sin la correspondiente pérdida de derechos, que es, básicamente, perder el derecho de la sociedad civil o de los ciudadanos a quejarse. Imagínense que ya con el RIGI teníamos el problema de que, si viene una empresa y necesita, por ejemplo, agua del lago Mari Menuco y, al mismo tiempo, la ciudadanía de Neuquén la necesita para el consumo doméstico, la propia ley del RIGI prioriza a la empresa por sobre la necesidad de la ciudadanía. Imaginémonos cómo estamos en ese sentido. Bueno, y ahora viene el Súper RIGI. Yo realmente creo que no hay un solo negocio detrás de esto. Sí hay un interés en general. Incluso ha sido manifestado por algunos de estos magnates globales que huyen de los Estados que les quieren imponer mayores cargas tributarias. Digo, Galperín no es el único que se va. También están estos extranjeros que se van de (el estado norteamericano de) California porque ese estado les está por aplicar un impuesto a las grandes fortunas. Y la verdad es que quienes han expresado interés en esto son aquellos que quieren instalar estas mega-granjas o data-centers para inteligencia artificial. Son instalaciones que requieren sistemas de refrigeración, para lo cual se necesita agua, obviamente, y se necesita energía y generación de energía. y generalmente la energía más barata o más interconectada es la energía hidroeléctrica. Entonces, por eso quieren el acceso directo a lagos, ríos y a fuentes de agua.

- Es decir, ¿hay un interés especial en Neuquén y también en toda la Patagonia?

- Sí, para mí el objetivo es la Patagonia. Porque, además, es la zona… no sé si usted recuerda esa descripción que hizo en su momento Damián Reidel, este funcionario que dijo que Argentina era un país bárbaro, que tenía todas estas condiciones geopolíticas, que estábamos lejos de los conflictos bélicos y demás, y después remató con aquella frase: "Lástima los argentinos". Entonces, para mí, lo que se viene es una segunda “conquista del desierto”.

- ¿Pero usted piensa que la provincia de Neuquén tiene las condiciones que quizás están buscando?

- Yo creo que este tipo de instalaciones las quieren poner cerca de las fuentes de agua, cerca de los ríos, del río Neuquén, del río Limay. Para mí tiene que ver con eso, en general con ríos que generan energía hidroeléctrica. El problema pasa por ahí. Hoy, por ejemplo, una periodista me preguntaba por qué creo que los gobernadores avalan esto. Bueno, de Río Negro no voy a hablar, porque la verdad es que es uno de los casos donde incluso todavía hay cuestiones que se están discutiendo. Por ejemplo, hay un silencio de radio total con el caso de los cataríes. Me refiero a este empresario que ha reconocido ser testaferro de cataríes que le han entregado dos millones de dólares, y a partir de esos dos millones de dólares ha comprado un campo de 14.000 hectáreas violando la ley de Tierras. Porque eso sí lo han hecho violando la ley de Tierras. Entonces, yendo a lo político, ¿cómo funciona, según mi punto de vista, este sistema de apoyos o rechazos a esto? Para mí esto está íntimamente ligado a las negociaciones políticas del año que viene: de cómo se van a conformar las listas, si se van a unificar o no las elecciones, y si La Libertad Avanza va a presentar o no candidatos propios en cada provincia. Eso, por un lado. Y, por otro lado, cuál es el estado financiero de las provincias. Entonces, Neuquén podría, el gobernador Figueroa podría tener margen para rechazar esta ley. De hecho, la única senadora que responde es Julieta Corroza. Nosotros tenemos información en off de que no está muy cómoda votando esto. Bueno, pero al fin y al cabo lo va a votar. Después están los otros dos senadores neuquinos, que responden a La Libertad Avanza, y la verdad es que no tenemos esperanzas de que cambien su posición. Si esta ley sale, sale por los aliados y por los partidos provinciales, por los gobernadores aliados, porque a La Libertad Avanza sola no le alcanzan los votos en el Senado.

- ¿Otros países tienen restricciones como las que establece la ley de Tierras en Argentina?

- Sí, hay distintos tipos de restricciones. Por ejemplo, Uruguay tenía una regulación vinculada a que no podía haber tierras en manos de empresas con sociedades innominadas. O sea, que vos no sepas quiénes son los socios. Después, incluso Inglaterra, por ejemplo, en algún momento tenía la prohibición. Ahora lo que tiene es un control muy estricto sobre el tema de quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades, o sea, tipo fideicomisos y demás. También está el caso de Brasil, que tuvo una normativa con idas y vueltas, pero que finalmente esta vigente. Y después hay países como Austria, que tienen un sistema de derecho de preferencia por parte del Estado cuando un privado decide desprenderse de un inmueble. O incluso hay estados dentro de Estados Unidos que tienen prohibición directamente, sobre todos los estados agrícolas.

- En el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso, ¿qué pasa con las tierras de frontera? ¿Tienen una regulación o una restricción distinta?

- No. A ver: la Ley de Tierras, la 26.737, rige para todo el territorio nacional. La ley de Fronteras, en cambio, regula todo lo que tiene que ver con las fronteras internacionales, desde el límite internacional y hasta 50 kilómetros hacia adentro. La drección de Fronteras, que siempre ha dependido de lo que era el ministerio del Interior, intervenía en las transacciones en las que participaban tanto argentinos como extranjeros, teniendo en cuenta únicamente la localización del inmueble. En cambio, la ley de Tierras se aplica solamente cuando intervienen extranjeros, independientemente de dónde se encuentre el inmueble. Ahora, ¿qué pasa con este proyecto? En esta última versión del dictamen (se refiere al dictamen de comisiones del Senado, cuyo tratamiento por el plenario de la Cámara fue postergado) se propone derogar el artículo 4 del decreto-ley que regula el tema de fronteras. Ese artículo, por un lado, declara “de conveniencia nacional” que las tierras ubicadas en zonas de frontera estén en manos de argentinos. Y, por otra parte, establece la competencia del Estado nacional para otorgar las autorizaciones en los casos de transmisión del dominio.

- ¿Cree que la sociedad en general está enterada de esto? ¿Qué pasaría si realmente este tema se discutiera de cara a la sociedad?

- Yo creo que, si a la gente le preguntás, el 99% de los argentinos va a decir que está en contra de la extranjerización de la tierra. Sí creo que, de a poco, vamos sorteando el cerco mediático. Hoy sabe de esto solamente la gente que está súper informada. No hay demasiada información y, por eso, me parece vital el rol del periodismo y de quienes puedan comunicar esta situación hacia el conjunto de la población. Eso me parece fundamental. Porque, cuando la gente se entera, se indigna. De hecho, por eso tenemos campañas aprovechando el Mundial, hemos focalizado la campaña hace un mes, cuando empezó el Mundial, con la consigna “Yo me pongo la camiseta de Argentina y le digo No a la extranjerización de la tierra”. Como para identificar que el patriotismo supere el tema de los partidos de fútbol.

- ¿Cómo surgió la Coalición en Defensa de la Tierra y quiénes la integran?

- La Coalición ha surgido a partir de la necesidad de tener un espacio de interacción y de enriquecimiento, de un espacio colectivo. Cerca del 80% de quienes la integramos somos mujeres de diferentes espacios políticos. Hay de Casa Patria de Neuquén, gente de Nuevo Encuentro de Misiones, de distintos sectores en otras provincias, consultores y personas muy formadas en temas vinculados al agro, la defensa y la geopolítica. Hay gente de la sociedad civil, militantes, el Frente de Mujeres del Salado Norte, personas vinculadas a la Iglesia, y muchos otros espacios que estamos trabajando en conjunto, con una impronta muy colectiva. De hecho, cuando surge una entrevista decimos: "Hay una entrevista a la tarde, yo doy clases y no puedo, ¿quién la cubre, quién puede responder a esa consulta periodística?". Tenemos incluso definidos los perfiles de quienes pueden salir a hablar sobre cada tema. Y es un espacio totalmente abierto, porque creemos, desde la concepción misma de la Coalición, que este no es un problema que afecta a uno solo, sino que nos afecta a todos por igual, y sobre todo a las generaciones que vienen.