El ex mandatario chaqueño y hoy senador nacional Jorge Capitanich rechazó de plano la actual reconfiguración socio-económica del país, y definió que un futuro gobierno del peronismo debería “superar la restricción energética pero no con un modelo extractivista que privilegie solo a unos ricos que se benefician y no transfieren parte de la riqueza producida: son empresas multinacionales que se llenan de plata sin la defensa estratégica de la soberanía nacional”.

Aseguró que existe “una presión de los intereses económicos corporativos hacia el poder político de los gobernadores provinciales”, cuyo resultado es un “disciplinamiento en el Congreso para facilitarle todas las herramientas” a la gestión que encabeza Javier Milei. Denunció asimismo “parcialidad del sistema judicial”, y “un mecanismo de sostenimiento de los grupos corporativos que están saqueando a la Argentina con la complicidad” del oficialismo.

El actual legislador, gobernador de Chaco durante tres periodos y además jefe de gabinete de la Nación en un tramo de la presidencia de Cristina Kirchner, afirmó que el reciente nombramiento de Diego Santilli en reemplazo de Manuel Adorni significa que “La Libertad Avanza ya dejó de existir, y ahora el Pro está en pleno ejercicio del gobierno”.

Entrevistado por , Capitanich expuso sus proyectos legislativos para paliar el endeudamiento de las familias, y también atender la situación de las pequeñas y medianas empresas con una “rebaja del 50 % de la tarifa energética” más la declaración de “emergencia crediticia”, entre otras medidas. Además, realizó un minucioso diagnóstico de la crisis que sufre su propia provincia.

-¿Cuál ha sido el impacto de las medidas económicas y políticas del gobierno nacional en Chaco?

-Naturalmente un impacto negativo, producto de un nivel de reducción de empresas: fueron más de mil las que cerraron durante los últimos 28 meses, y también una reducción del empleo privado formal de cerca de 8 mil. Pero, a su vez, si uno toma el empleo formal e informal hemos tenido un ajuste significativo de casi 30 mil personas. Esta cuestión de reducción de empresas y de trabajo formal e informal, generó un deterioro importante de la estructura del nivel de ingresos y eso se tradujo también en una reducción del poder de compra y del consumo de bares, restaurantes, kioscos, carnicerías y panaderías. Y eso, a su vez, naturalmente, es un deterioro que se agudiza por la caída, en los últimos diez meses en promedio, de casi 7 por ciento las transferencias nacionales (hacia Chaco) del régimen de coparticipación, lo que afectó a los 70 municipios y los 25 departamentos que conforman la extensa geografía de 99.963 kilómetros cuadrados de mi provincia. Pero, a su vez, la paralización de la obra pública, que es un elemento dinamizador del efecto multiplicador de la economía. La red de familias de ladrilleros artesanos, que son 1800 talleres o familias que representan unos 10 mil empleos directos o indirectos, está paralizada. Hay un grave perjuicio a la actividad foresto-industrial, es decir aproximadamente unos 20 mil empleos directos o indirectos, formales o informales, como también la industria de la construcción que llegamos a tener un pico máximo de 30 mil empleos y que hoy se redujo de manera drástica a unos 8 mil empleos. Y a su vez todo lo que es pesca de río, que tiene cerca de 10 mil trabajadores con distintas articulaciones del empleo. También está el tema de los emprendedores, todos han estado muy afectados. Los comercios, porque les han aumentado estrepitosamente la energía eléctrica en cerca de 1700 por ciento. El transporte público de pasajeros que de 75 pesos pasó a 1.885 pesos, con quiebra generalizada de muchas empresas y con reducción abrupta de servicios. Tercero, un impacto significativo en el precio de servicios como el agua potable y cloacas, que de 4 o 5 mil pesos promedio pasó a 36 y 45 mil pesos. La garrafa de gas, que valía 3.500 pesos y hoy la pagan 30 mil. O sea, verdaderamente, es un programa que está concebido con una estrategia de apreciación cambiaria, desindustrialización acelerada, destrucción de la infraestructura, precarización laboral, deterioro del salario, reducción del consumo y concentración del ingreso, que naturalmente agudiza las desigualdades sociales y las asimetrías de carácter regional.

-¿Y cómo está Chaco en cuanto a las transferencias de recursos de Nación?

-(El gobernador, Leandro) Zdero ha sido un buen alumno de Milei y lo ha apoyado en todo con sus votos en el Congreso, por lo tanto vota contra sus propios intereses. Primero, la ley de Presupuesto de este año, la 27.798, efectivamente no ha tenido la asignación de recursos para obras de infraestructura para el desarrollo de los chaqueños. Tampoco ha pedido un financiamiento adicional para las 13 provincias que no han transferido sus cajas previsionales, de manera tal que la provincia tiene un déficit proyectado de entre 380 y 450 mil millones de pesos del sistema previsional, y definitivamente va a terminar recibiendo entre 40 y 80 mil millones de pesos. O sea, en definitiva, tiene un problema: sus legisladores aprueban todo lo que les presenta el gobierno, pero va en contra de sus propios intereses y eso es un problema que veo con una profunda preocupación. Sobre todo porque la provincia ha tenido, durante nuestras administraciones, resultado fiscal positivo. Hoy tiene acumulado, en dos años, 500 mil millones de pesos de déficit; segundo, la empresa estatal ha aumentado y expandido el déficit con Cammesa (Compañía Argentina del Mercado Mayorista Eléctrico sociedad anónima) de 500 mil millones de pesos. A su vez, la deuda que había bajado de 1.457 millones de dólares a 237 millones de dólares con nuestra administración, va a tender a aumentar en cuatro años en casi 1000 millones de dólares. Así que, en definitiva, el problema de desequilibrio fiscal, agudización de las desigualdades fiscales, la ruptura estructural del aparato productivo y la desindustrialización acelerada, está impactando desfavorablemente a Chaco.

-¿Y a cambio de qué los gobernadores votan las leyes que pide Nación si no obtienen ninguna contraprestación? En Neuquén tampoco se ve el aporte del Estado nacional, sin embargo el gobernador Rolando Figueroa acompañó con sus diputados y senadores las leyes impulsadas por Milei como la ley Bases, la reforma laboral y ahora el Súper RIGI.

-A cambio de hacerle caso al “mago del Kremlin” y al vendedor de ilusiones del patetismo ortodoxo, que es (Diego) Santilli. Ya les dibujó expectativas como ministro del Interior, que nunca pudo cumplir, y que ahora seguramente va a potenciar como jefe de gabinete de ministros. Pero la verdad y lo que queda claro de este gobierno, que tiene 256 funcionarios eyectados, es que La Libertad Avanza ya dejó de existir. Ahora ya existe el Pro en pleno ejercicio del gobierno. Es el macrismo sin Macri y el gobierno del Pro que reemplaza y sustituye a los funcionarios de Milei. O sea, se le agotó el recambio en su propio equipo y gobiernan los mismos de siempre pero con ropaje distinto. Lo único que cambian es el color: antes eran amarillos y ahora son violetas. Cambian de camiseta como el camaleón, pero siempre hacen las mismas políticas. Ya no pueden engañar a nadie.

-Volviendo al tema económico. Uno de los grandes problemas que tienen las familias argentinas es el endeudamiento, sobre todo con tarjetas de crédito que utilizan para comprar alimentos. ¿Qué herramientas legislativas se pueden articular para este problema?

-Hemos propiciado una ley de refinanciación y de reestructuración de las deudas de las familias argentinas. Porque el endeudamiento llega al 13 por ciento de las familias, o sea involucra a más de 5 millones de personas, y a su vez se observa una mora en más del 30 por ciento de los préstamos no bancarizados. Objetivamente está afectando a las empresas que ya llegan al 3,8 por ciento en mora en el sistema financiero, y como todos saben el problema central de la morosidad puede generar ajustes en el activo de las instituciones financieras. Porque el estado de situación patrimonial es activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Entonces, si uno tiene que plantear una cuenta regularizadora de activos, o sea disminuir el valor de los activos por la incobrabilidad, eso afecta al patrimonio y la solvencia del sistema financiero en su conjunto, que a su vez también está afectada la liquidez de la cadena de valor por una razón muy sencilla: las familias se endeudan. Primero, se endeuda porque usó y perdió sus ahorros por lo que pagó con tarjeta, pero cuando no pudo pagar con tarjeta acudió al préstamo personal. Cuando no pudo pagar el préstamo personal fue a los préstamos no bancarizados, que son fáciles pero con tasas de interés exorbitantes. Cuando ya no puede pagar nada empieza a deber al kiosco de la esquina, a la panadería de la cuadra, a la verdulería de a la vuelta y a la carnicería del vecino. Entonces es un problema que implica mayor privación desde el punto de vista del gasto, reducción del consumo como variable macroeconómica de carácter general, y así una cadena que va agudizándose constantemente. Esto ya pasó entre 1998 y el 2002, cuando tuvimos en la Argentina un ajuste de menos 20 por ciento del PBI (Producto Bruto Interno) menos 5 por ciento de deflación. O sea no tenían inflación, pero el problema central es que había aumentado la tasa de desempleo que llegó en 2002 a casi el 25 por ciento. Cuando llegamos a situaciones en donde miramos bien la informalidad en la Argentina, que es el equivalente a 44 por ciento –aumentó más de 4 puntos porcentuales en los últimos años-, eso significa mayor precarización de unos 506 mil empleos precarios. O sea, más trabajo, menos paga y mayor deterioro de la calidad de vida de las personas. Entonces, esto que está ocurriendo de forma sistemática claramente está afectando el desenvolvimiento de la actividad económica porque la cadena de pagos se resiente –los cheques rechazados son 147 mil- y también vemos problemas de cumplimiento de normas previsionales impositivas. Por eso propusimos que el endeudamiento de las familias se haga de un modo automático por parte de las entidades financieras, que pongan un esquema de 36 meses para la cancelación, que lo hagan con la perspectiva y la voluntad cierta de pago, y esto para resolver el problema de endeudamiento a corto plazo. Respecto de las pymes, nosotros también hicimos una presentación con la unificación de distintos proyectos que tienden a claramente una emergencia de tipo tarifaria, bajar el 50 por ciento del IVA al costo de la tarifa energética, declarar la emergencia crediticia, aumentar la tasa de financiamiento para las pymes en 10 por ciento con el objetivo de bajar su costo financiero, y aumentar y expandir su capacidad para el financiamiento del capital fijo y de trabajo. Tercero, un sistema de emergencia de carácter laboral y/o concursal que implique reducción de las contribuciones patronales, pero a su vez no ejecutar subastas judiciales prendarias o hipotecarias con el objeto de tener 90 días de plazo, prorrogables por otros 45 días más, para que el sujeto deudor pueda establecer un mecanismo de reestructuración de pasivos y no se le quite la fuente de generación de empleo. O la moratoria previsional impositiva: hoy muchos embargos preventivos hacen que pymes tengan que cerrar. Lo que proponemos es que se eliminen los intereses punitorios y resarcitorios hasta un 100 por ciento conforme a la clasificación misma de las pymes. O sea 100 por ciento de condonación de intereses, conforme a un esquema de grado de afectación que va de 60 meses de reprogramación hasta 48 o 36. Estamos atendiendo la emergencia ferroviaria en el país y a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Este gobierno esconde los problemas debajo de la alfombra, muestra una situación que no es tal y la verdad es que quien sufre es la gente.

-¿Qué opina de cómo se resolvió, al menos desde lo político, el escándalo de corrupción de Manuel Adorni? ¿Por qué cree que la justicia está demorando una determinación?

-Obviamente porque no hay una justicia autónoma e independiente sino un nivel de intromisión político, corporativo y económico que es alevoso. En situaciones similares, si esto fuera con un funcionario de un gobierno de nuestro signo, ya estaría efectivamente con medidas de carácter directas, esta es la verdad de la historia. Hay parcialidad del sistema judicial y hay naturalmente un mecanismo de sostenimiento de estos grupos corporativos que están saqueando la Argentina con la complicidad de este gobierno. Pero quiero remarcar lo siguiente: el jefe de gabinete es el único con rango constitucional, después de la reforma de 1994 por los artículos 100 y 101. Por el artículo 100 inciso 1, es el responsable de la administración. En consecuencia, ejecuta el presupuesto público por ley del Congreso. Pero a su vez, un ministro e inclusive el jefe de gabinete de ministros, puede ser designado o removido por el presidente –artículo 99 inciso 7 de la Constitución Nacional (CN)-. Ahora bien, las alternativas y otras opciones que tiene respecto de un funcionario de gobierno es: lo designa el presidente y lo cambia el presidente, esto es lo que ocurrió con Adorni. La segunda opción es juicio político –artículos 63, 69 y 70 de la CN, o sea cámara acusadora Diputados y cámara juzgadora Senado-, y la inhabilitación correspondiente al ejercicio de la función de un ministro. Y la tercera opción es el 101 de la CN, que tiene que ver con la moción de censura o la presencia en cada Cámara en forma alternativa para la explicación de la marcha del gobierno. Dicho esto, efectivamente lo de Adorni ha sido bochornoso por varias razones. Nosotros planteamos la moción de censura, que fue bloqueada por el oficialismo porque le estaban dando un tiempo al presidente para que lo eche, pero lo cierto es que nosotros no debatimos las cuestiones penales. LO nuestro es una moción de censura para plantear la pérdida de confianza del funcionario ante el Congreso. Pierde confianza porque mintió al Congreso, pero porque sistemáticamente ha hecho declaraciones públicas absolutamente incongruentes e inconsistentes con la documentación respaldatoria que presentó. Segundo, hay demostración evidente de omisiones, rectificaciones y confesiones absolutamente inconsistentes con lo que efectivamente podía acreditar. De manera que el hecho bochornoso de su presencia en el gobierno, el desprestigio de carácter institucional y la afectación de la calidad institucional es un problema que el gobierno no lo toma en serio, pero ya hay muchos sectores en el mundo que lo están haciendo. Argentina perdió 22 puestos en el ranking V-DEM, que es un instituto sueco de altísima calidad, respecto de tendencias autoritarias del gobierno. Pero también perdió 22 lugares en (la lista de la organización) Transparencia Internacional, por una cuestión concreta: los hechos de corrupción acontecidos y acreditados. De manera tal que el gobierno, en los casos Libra, Andis (Agencia Nacional de Discapacidad), en el caso del presidente de Arsat (empresa nacional de tecnología satelital), el de Adorni o el de (el ex presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y ex asesor presidencial)Damian Reidel no son casualidad. Hay 256 funcionarios echados, gran parte de los cuales no pudieron justificar bienes o ingresos o escandalosas maniobras como alguien que ocultó siete inmuebles en Miami. Ni hablar del caso del financiamiento ilegal de narcotraficantes a candidatos. En definitiva, hay mucha opacidad, como que no se sabe cómo se usaron y dónde están las reservas de oro del Banco Central; la opacidad de cómo administraron 194 mil millones de dólares sin ley de presupuesto durante dos años; la opacidad de una operación cómplice de un marco político que le dio facultades delegadas y convalidó 603 artículos sin el consentimiento del Congreso. La verdad es que creo que ha habido una presión de los intereses corporativos económicos hacia el poder político de los gobernadores provinciales que a su vez generaron disciplinamiento en el Congreso para facilitarle todas las herramientas a este gobierno.

-¿Cómo ve usted el debate interno en el Partido Justicialista y cuáles son las perspectivas para un armado político de cara al 2027?

-Es muy importante que nosotros tengamos un debate interno, pero lo primero que tenemos que hacer es representar a nuestro pueblo en el sufrimiento diario y cotidiano. Tenemos que representar genuina y homogéneamente a nuestra identidad colectiva, a los que sufren, a los jubilados, a los discapacitados, a los docentes universitarios y de todos los niveles, a las fuerzas de seguridad, a los pequeños y medianos empresarios, a los comerciantes, a los trabajadores que pierden sus ingresos, a los desocupados. A todos los que definitivamente son vilipendiados por las políticas públicas de este gobierno. Ese es un primer desafío, que lo estamos intentando hacer y fortalecer diariamente. La segunda cuestión que me parece clave es establecer un acuerdo programático. El peronismo tiene que generar una ampliación desde el punto de vista de actores y sectores sociales, políticos y económicos para representarlo en las próximas elecciones. No me cabe la menor duda que el peronismo va a ganar la próxima elección del 2027 y lo tiene que hacer con un programa de gobierno que apunte al equilibrio fiscal, pero que el ajuste no lo paguen los pobres sino los que más tienen; que apunte a una estabilidad monetaria porque la inflación debe ser erradicada estructuralmente y para siempre; que tengamos efectivamente una competitividad desde el punto de vista cambiario entendiendo que la apertura de la economía para aumentar y diversificar las exportaciones es un vector estratégico para el desarrollo de una economía abierta; calidad institucional. La verdad es que este gobierno ha pulverizado la credibilidad y la confianza en las instituciones: el presidente del Banco Central es un empleado del ministro de Economía porque no tiene autonomía ni independencia. La SIDE, con el decreto 941 del 2025 ha invalidado un proceso de consenso democrático con la ley de Defensa 23.554 o la ley de Seguridad Interior 24.059, o la 25.520 de Inteligencia del Estado. La verdad es que inteligencia, contrainteligencia, servicios de espionaje, uso alevoso de los fondos para hacer operaciones de todo tipo y color y un financiamiento ilegal a ciertos medios que son adláteres de su propia política, es lo más nocivo que le ha pasado a la República Argentina. Entonces lo que nosotros tenemos que revitalizar son reglas, pero también políticas. El peronismo tiene que ofrecer una política industrial que tienda al desarrollo del aparato y del sistema productivo integral con cadena de valor asociada a la creación de empresas dinámicas que, a su vez, generen empleos de calidad y de buenos salarios. Segundo, una política laboral que reduzca la informalidad, que aumente el salario mínimo vital y móvil. Tercero, una política de economías regionales. No puede ser que todo esté concentrado en Buenos Aires, necesitamos un federalismo pleno con corredores bioceánicos estratégicos en el Norte, en el Centro y en la Patagonia, con la Ruta 40 y la 3, con un esquema vertical de unir el Norte con el Sur, pero unirnos los países de Sudamérica en una vertiente que nos permita competitividad en virtud de la disponibilidad de recursos estratégicos, como alimentos, energía, minería estratégica, servicios basados en el conocimiento. O sea un conjunto de bienes que son claves para el desarrollo de la humanidad. Y por último, me parece que es muy importante entender que tenemos que tener una política científica y tecnológica al servicio de la innovación productiva, o también entender que vamos a superar la restricción energética, pero eso no tiene que ser con un modelo extractivista que privilegie solamente a unos ricos que se benefician y que definitivamente no transfieren parte de la riqueza producida. Son empresas multinacionales que se llenan de plata sin la defensa estratégica de nuestra soberanía. La segunda cuestión es que la restricción externa se va a superar pero eso también es producto de muchas de las decisiones que se tomaron en 2012 con YPF o con proyectos estratégicos de inversión minera que se potenciaron en este tiempo. Y por último hay un problema central: necesitamos tener un plan de infraestructura pública. Las rutas se están rompiendo a pedazos, no hay viviendas, no hay obras de infraestructura púbicas y eso va a ser un condicionante severo en la competitividad. Nadie que se precie de patriota puede pretender agudizar la grieta o romper el equilibrio político. Creemos como indispensable el consenso político para transformar la calidad de vida de la gente, y para eso hay que convencer y liderar. El peronismo está en condiciones de hacerlo, tiene los mejores cuadros, gente experimentada para conducir los destinos de la Patria, pero tenemos que ponernos de acuerdo en un acuerdo programático, representar genuinamente a nuestro pueblo y elegir al candidato o la candidata que pueda garantizar el cumplimiento de las expectativas de la gente.

-¿Tiene algún nombre de dirigente que esté en esa altura?

-Creo que hay varios que se están expresando con voluntad, pero que el devenir del tiempo y los acontecimientos lo pondrán seguramente en la primera línea de gestación.

-La pelea entre sectores cercanos a Cristina Fernández y a Axel Kicillof, ¿puede entorpecer un reordenamiento del peronismo?

-Todos deben cumplir la máxima de una verdad peronista que es absolutamente irrefutable: primero la Patria, después el movimiento y por último los hombres. Los peronistas de buen corazón tienen que repetir este apotegma, y eso lo tenemos que hacer. De manera que estoy convencido de que el final del camino nos encontrará unidos, trabajando por la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria.