El ex representante de la provincia de Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) Elías “Gringo” Sapag, cuestionó la posibilidad de que el Organismo Regulador de Seguridad de Presas pase a depender de la secretaría de Obras Públicas (que no se ejecutan desde el 10 de diciembre de 2023) de Nación, tal como lo propone Javier Milei en un decreto.

El ORSEP y la AIC “han funcionado muy bien en los últimos 30 años” dijo, y puso en duda que el nuevo esquema que plantea el gobierno nacional mantenga los niveles de control y de seguridad de las represas de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro.

También vaticinó que si en la cuenca del río Neuquén se registrara una precipitación de la magnitud de la que azotó Bahía Blanca, no solo se generaría una inundación inimaginable sino que Loma La Lata dejaría de bombear 110 millones de metros cúbicos de gas con lo que ello significaría para el país.

-Para ponernos en contexto ¿Qué es la ORSEP, quienes la integran y cuál es la tarea que cumple respecto de las represas de la provincia de Neuquén?

-Es un organismo de seguridad de presas que controla las presas del orden nacional divididas en cuatro regiones: la Patagónica, del Comahue, del Noroeste y el Noreste. Las más importantes porque aportan el 90 por ciento de la potencia son las del Comahue: Piedra del Águila, Alicura, Pichi Picún, Arroyito y Cerros Colorados, con 4500 Mega y casi 14.000 Gigas de generación. Ellos tienen la obligación del control del contrato de concesión en lo que hace a lo civil, al edificio que obstruye el río y a todo lo que es electromecánico. Es decir, todos los elementos de seguridad de la presa, y a la seguridad de la vida y los bienes aguas abajo, como son las compuertas, los generadores, transformadores. Está permanentemente en comunicación con entes internacionales que controlan las presas y son quienes designan a los consultores independientes para que también vengan anualmente si la presa lo requiere de acuerdo con su antigüedad, para hacer una revisión y dejar las recomendaciones que debe cumplir el concesionario. Es decir que su misión es muy importante y la comparte con la Autoridad de Cuenca (AIC).

-¿La provincia, qué injerencia tiene en la ORSEP?

-El poder de decisión que tienen las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires es definir un representante para el directorio. Hay uno por Nación y un director por la AIC que representa a las provincias. No hay independencia de las provincias habida cuenta que los ríos Limay, Neuquén y Negro son compartidos con Río Negro y el desagüe en el Atlántico con Buenos Aires.

-Qué opina del decreto del presidente Milei que establece que la secretaría de Obras Públicas de la Nación ejercerá el control tutelar de la ORSEP? ¿No es una disolución encubierta?

-No es una disolución. Es bajar de categoría y de autonomía que la ORSEP tenía con respecto al contrato vigente. Por ejemplo la ORSEP Comahue es la que tenía el control de las represas del Comahue, por lo tanto Nación recibía los informes desde acá. Ahora, frente al tutelaje de Obras Públicas evidentemente es aumentar el sistema de decisiones, de participaciones y recursos. Es decir ahora no solo va a tener que pedirle la ORSEP los recursos a Nación, sino que ORSEP Comahue va a tener que pedirle recursos a Nación y Nación a la secretaría. O sea que todo va para atrás, porque están modificando algo que funcionó. Los consultores independientes, la ORSEP, la AIC y los concesionarios durante 30 años hemos funcionado excelentemente bien, en condiciones que de tal manera las represas están en excelentes condiciones de seguridad por este sistema virtuoso que hoy están desarticulando. Evidentemente esto va a traer una discusión de fondo porque la AIC va a exigir que nombren el representante director de ORSEP Comahue para tener toda la información correspondiente, porque en función de esa información sabremos cómo comunicarle a la comunidad su tranquilidad y su seguridad.

-¿Qué riegos operativos conlleva esa medida, habida cuenta de lo importante que es el control de los caudales de los ríos?

-El caudal de los ríos lo lleva la AIC. Espero que no la saquen como órgano de manejo de las normas, del agua y del ambiente. La AIC tiene la prerrogativa del control hídrico y ambiental, aparte participa de la ORSEP en la seguridad. La AIC es fundamental. Del agua es dueña las provincias, por lo tanto también allí tenemos un problema porque Recursos Hídricos, por ley, tiene la posibilidad de cobrar un canon por uso de agua de uso industrial. La regalía se confunde como que es un pago a la autorización del uso del agua y no es así. La regalía es la compensación que Nación le da a las provincias por la invasión o por anular la producción una vez hecha la represa. Mientras exista el lago y esté invadido el valle, Nación tiene que compensar a las provincias con regalías, pero nunca las provincias hemos autorizado el uso del agua. Como dueños, y a partir de la Constitución del 94, ese derecho debería ser ejercido por las provincias y cobrarles el canon que corresponde, más allá de participar en minoría de una concesión. Hay mucho para discutir; no sé cómo está presentada la licitación nacional e internacional que pretenden hacer de las concesiones; lo peor de todo es que no sabemos quién es el que podrá sancionar a las concesionarias si no cumplen con el rol que exigen esas normas. Las concesionarias han cumplido en los últimos 30 años porque hemos sido exigentes en las normas de seguridad, de manejo del agua y las ambientales, y cuando no las cumplieron han sido sancionadas.

-El gobierno nacional prepara el llamado a licitación de las centrales hidroeléctricas que no podrá pasar del 10 de abril. ¿Eso deja definitivamente a la provincia fuera del manejo de las represas?

-No lo sé, eso habría que preguntárselo al ingeniero Rubén Etcheverry y a la secretaria de Energía de Río Negro Andrea Confini que son representantes ante la AIC y tienen rangos ministeriales en sus provincias. Y políticamente habría que preguntarle a los gobernadores Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa porque, en realidad, esta es una decisión política. Lo primero que hay que ver es que esto no es un problema de las hidroeléctricas sino de agua, de cómo la vamos a manejar tanto en la sequía como en las crecidas. Si en esas circunstancias se las vamos a dejar manejar a un privado, vamos a tener un problema muy grave. En materia de seguridad pública es una responsabilidad de los gobiernos por lo tanto creemos que esto es una responsabilidad de la AIC como lo ha hecho en los últimos 30 años y en función de eso nunca tuvimos un muerto por crecida ni por sequía. Y además porque la sequía trae como consecuencia un problema grave para la fruticultura y la horticultura más allá del agua para las ciudades y el petróleo. Es indudable que si hay ausencia de la AIC o de la ORSEP, vamos a estar en un serio problema. Y si Nación va a ser quien controle las sanciones por faltas de las concesionarias, estaremos en un problema serio. Es todo un tema que va a tener que discutirse y preguntarle a quienes hoy son los actores. El gobierno anterior escribió 255 páginas de un documento, que aprobó y firmó la ministra Confini, que es muy diferente a lo que hoy se está planteando con Nación: participar en minoría de una empresa que tendría la concesión de las hidroeléctricas, lo que no me preocupa. Lo que más me preocupa es cómo vamos a controlar que se cumpla el contrato de concesión y cómo se va a garantizar la seguridad a toda la población de Río Negro y Neuquén.

-¿Qué probabilidades hay de que el Alto Valle sufra una inundación como la que afectó a Bahía Blanca?.

-Por supuesto. Sobre esto es lo que venimos luchando hace 25 años en la provincia de Neuquén. Hemos hecho el plan hidroeléctrico más importante de la Argentina sobre el río Neuquén, con Chihuido uno, dos, Rayoso, Invernada. Cualquiera de esas represas sujeta cualquier crecida. Si llegara a caer la semejante cantidad de agua, como la que cayó en Bahía Blanca, sobre la alta cuenca del río Neuquén, entonces no sólo nosotros vamos a tener un serio problema, lo va a tener también la Nación porque si se inunda Loma La Lata dejaría de bombear 110 millones de metros cúbicos de gas con las consecuencias que ello tendría. Lo vivimos muy cerca en el año 2006 cuando se erogaron 10.500 metros cúbicos por segundo cuando las represas están diseñadas para 11.500. ¿Alguien cree que no va a volver a ocurrir? Hay que fijarse en Europa, Asia, o en Brasil que se destruyó un Estado por falta de responsabilidad del gobierno. Lo que está ocurriendo con Neuquén y con el río Neuquén es lo mismo. Todos los gobiernos, desde Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei no están entendiendo lo que es la seguridad. No hay consciencia de lo que es la seguridad. Cuando se rompe, salimos todos a ver cuál es la solución, la solidaridad o a buscar a los culpables. Por qué no somos conscientes que la AIC, el ORSEP, el Instituto Nacional del Agua y los consultores independientes, nos han dicho que la única manera de resolver el problema del río Neuquén es con una represa. Hay un plan hidroeléctrico que nos da la posibilidad de instalar cuatro, con posibilidad de licitar. Entonces, no hay consciencia de lo que puede suceder. Después de más de 25 años creo que tengo el derecho de decir todo lo que he escrito y hecho para resolver estos problemas. Ahora queda en responsabilidad de los hombres políticos encontrar e imponer en la agenda el valor del agua, la vida y los bienes de nuestros ciudadanos.

-En este contexto Chihuido ¿queda definitivamente fuera de posibilidades de construcción?

-Chihuido es una entelequia. Está tan manoseado que (Eduardo) Eurnekian no sé si querrá hacer algo. Se han presentado tantos financiamientos y fueron todos rechazados que me da la impresión que ya no quiere saber nada. Nación tendría que poner las garantías, pero este gobierno de Milei no va a poner ni un peso ni las garantías, que es el mismo conflicto que tienen las dos represas de Santa Cruz, que están en un 30 por ciento de avance de obra. Es muy difícil. Aquí tendrían que poner recursos las petroleras, la Nación y la Provincia.