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Neuquén es una de las diez provincias en las que fueron sometidos a juicio funcionarios o magistrados de la Justicia Federal que, de alguna u otra manera, adoptaron decisiones en concordancia con los designios criminales de la dictadura cívico-militar.
En nuestra provincia, el ex juez Pedro Laurentino Duarte y el ex fiscal Víctor Marcelino Ortiz fueron imputados en el tramo de los juicios por delitos de lesa humanidad llamado “La Escuelita VIII”. En la etapa de alegatos finales, el fiscal Miguel Ángel Palazzani, les atribuyó a ambos haber sido parte del plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones forzadas ocurridas en el Alto Valle. Por ello, solicitó una condena de 25 años de prisión y que se les anule la jubilación de privilegio otorgada por el dictador Reinaldo Bignone.
conversó con el abogado de la Asamblea por los Derechos Humanos, Marcelo Medrano, quien intervino en todos los tramos del enjuiciamiento a genocidas de la región y que formulará su alegato en la audiencia del próximo 21 de octubre.
-¿Cómo describiría la actuación de Pedro Laurentino Duarte y a Víctor Marcelo Ortiz en la estructura del Poder Judicial de la época de la dictadura?
-Nosotros consideramos que tanto Duarte como Ortiz eran parte del plan sistemático genocida de la dictadura. Es muy importante esa caracterización porque generalmente lo que se discute con los poderes judiciales es la complicidad el acompañamiento que eventualmente pudieron hacer a las fuerzas armadas y de seguridad. Nosotros en la construcción inicial, y eso fue parte del alegato de la fiscalía, consideramos que en realidad era un plan diseñado con el Poder Judicial adentro para lo que ocurrió. Esa me parece la definición más categórica que nosotros creemos y estamos convencidos: que eran parte del plan sistemático.
-¿Es decir que el Poder Judicial de entonces tenía la misma política que la dictadura?
-Esa pregunta es la disputa más profunda de sentido en estos juicios. Técnicamente estaba para garantizar la impunidad y que nada sucediese. Por eso es que no eran autores de torturas, homicidios y desapariciones, sino que garantizaban la impunidad. Por eso consideramos que fueron parte del plan sistemático. Las dos figuras en tensión son las omisiones del cumplimiento de los deberes de funcionario, que sería una especia de ser parte del plan para garantizar la impunidad, y si son autores o no de los delitos que cometían los militares y las fuerzas armadas y de seguridad que son los tormentos, desapariciones y las privaciones ilegítimas de la libertad.
-¿Qué hacían con los habeas corpus que presentaban las familias de los detenidos desaparecidos?
-Se tramitaban y se rechazaban. En general era sistemático. Nosotros lo trabajamos más general, pero el trabajo más detallado, expediente por expediente, lo llevó adelante la fiscalía. En general eran tramitados y rechazados. Pero también hubo muchas particularidades de acuerdo con las víctimas y las fechas de detención. Los que fueron antes de 1976 o después de 1976. Los que se convertían en causas de privación ilegítima de la libertad, pero la respuesta correcta sería que se rechazaban.
-¿Qué rol tuvo la Cámara de Apelaciones de aquel entonces?
-Fueron muy pocas las apelaciones presentadas. No había apelaciones de las decisiones; quedaban en primera instancia.
-¿Hay precedentes en el país de juicios a funcionarios o magistrados judiciales por su actuación durante la dictadura cívico-militar?
-Hay varios y cada vez más. La causa emblemática es la llamada Mega causa Mendoza, en la que el Poder Judicial estaba dentro de los demás imputados de las fuerzas armadas y de seguridad. Ahí podes ver el escenario completo donde están todos los imputados y además jueces y fiscales, por lo que se ve la trama completa. Es una causa emblemática en cuanto a que condenaron a jueces y fiscales por su participación en la dictadura y con distintas responsabilidades.
-Durante las audiencias judiciales ¿algún testigo los mencionó como que hayan presenciado algún episodio de tortura?
-Eso solo lo declaró Onofre Mellado. Su caso no integra el juicio pero él sí lo declaró. Aseguró que Ortiz estuvo presente en la sede de la Policía Federal cuando estaba detenido, pero su declaración no se pudo incorporar porque no estaba incorporado a la causa.
-¿Es la última etapa de los juicios de lesa humanidad en Neuquén?
-Han quedado remanentes de tramos de juicios anteriores que fueron quedando. Por ejemplo en el caso Tafarell quedaron afuera los pilotos del avión que trasladaban a las víctimas a Bahía Blanca. Hay otro segmento de algunas víctimas que fueron quedando sueltas que no eran de Neuquén capital, como un muchacho bancario de Bariloche. Nadie sabe si va a haber otro juicio. Costó mucho lograr este, y para constituir un tribunal se deben garantizar determinadas condiciones y lo que está pasando en los últimos años es que los imputados se han muerto y las víctimas también.
-¿Está de acuerdo con el pedido de 25 años de prisión que efectuó la fiscalía?
-Sí, porque la pena la da la privación ilegítima de la libertad. Omisión y prevaricato, en el caso de Duarte, en el Código Penal tienen penas de inhabilitación y muy bajas. La suma de los 25 años la dan las privaciones ilegítimas de la libertad.
-¿Por la edad, podrían ser condenados a una cárcel común?
-Eso siempre está en discusión. Las querellas no participan en los incidentes de Ejecución, sólo lo hace la fiscalía. Pero siempre está la discusión de que una vez que cumplen 70 años la prisión domiciliaria es automática, como un derecho, o si es simplemente para tenerla en cuenta para otorgar la domiciliaria.
-Como litigante en los juicios de la causa La Escuelita ¿se notó algún cambio a partir de la asunción de Javier Milei en cuanto a la predisposición a disponer de recursos al Poder Judicial para llevarlos adelante?
-Sí fuertemente a nivel nacional. Tiene que ver con los mecanismos de las distintas áreas, como por ejemplo la que se encargaba de preservar documentos y concretamente sobre la avanzada sobre la secretaría de Derechos Humanos dela Nación que depende del ministerio de Justicia, en términos de vaciamiento, de no otorgamiento de recursos y despidos. En el caso de Neuquén, no es que estemos aislados, pero iniciamos el debate y todas las partes lo pudimos sostener. Ya se había agendado, se habían fijado las fechas, tenemos una fiscalía que hace las cosas como las tiene que hacer, una querella como la de Ragni que estuvo un montón de años participando y la APDH. Ahí hay un buen sostén para llevar adelante el juicio y para terminarlo.
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