Maximiliano Rusconi, abogado penalista y ex fiscal general de la Procuración General de la Nación planteó que durante el gobierno de Mauricio Macri “hubo una utilización vergonzosa de la justicia”, que “los elementos para demostrar que hubo Lawfare son muchísimos” y aseguró que es indispensable “volver a un poder judicial que esté acorde a los principios republicanos”.

Rusconi indicó en este diálogo con que para avanzar en una reforma judicial “hay que saber a dónde se quiere ir”, “convocar a los que saben” y “tener mucha voluntad política, y eso significa reconstruir el diálogo con el poder judicial”.

El ex abogado de Julio de Vido y Lázaro Báez sostuvo, sobre la negativa a regresar al país de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que es “casi canallesco” que “alguien que está siendo investigado por armar causas no se presente con el argumento de que es perseguido, cuando lo que se le imputa es el haber perseguido a funcionarios del gobierno anterior a su gestión”.

“Esto es un ejemplo para la comunidad que sintió que no estaba mal que se encarcele a otros funcionarios, hay que decirle que se los encarceló con mucho menos de lo habría para encarcelarlo a este funcionario”, definió.

Sobre la discusión de reforma del ministerio público, Rusconi cuestionó a quienes dicen que es para buscar impunidad y se preguntó si buscar impunidad es “poner un procurador que tenga legitimidad en su cargo y no como el actual que no la tiene porque no es el procurador general, es el procurador de la Corte”.

El docente universitario sostuvo que “uno no puede ser procurador más de 5 años” e indicó que la discusión sobre si se elige por mayoría absoluta o con dos tercios de la cámara “no tiene nada de trascendente”; lo importante “es que una vez que se eligió un procurador, los diputados y senadores tengan la valentía” de controlarlo a través de la comisión bicameral.

Para Rusconi, “el procurador tiene la responsabilidad de informarnos a los argentinos todos los años cuál va a ser su política criminal”, entre otras cosas, “cómo vamos a combatir el narcotráfico, cómo vamos a resolver la seguridad en las calles, cómo vamos a ocuparnos con mayor eficacia de los delitos de género” y “tiene que mostrar resultados”.

-¿Cómo analiza lo que ocurre con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón?

-Diría que en principio es un gran papelón que no se presente a una declaración indagatoria, para alguien que desempeña el poder público, que fue diputado del Parlasur, para alguien que fue una voz relevante pública y no tan pública en temas judiciales del gobierno anterior, más allá de que sea una voz sincera o no. Y que alguien que está siendo investigado por armar causas no se presente con el argumento de que es perseguido cuando lo que se le imputa es el haber perseguido a funcionarios del gobierno anterior a su gestión, es casi canallesco. De la jueza nadie puede sospechar que haya tenido ninguna relación con el kirchnerismo, y el fiscal Marijuán ni hablar, recordemos que recorrió toda la Patagonia buscando supuestos fondos del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina. Hay que recordar que no hubo un solo caso del gobierno del kirchnerismo que no se haya presentado a indagatoria, aún en el caso de Julio de Vido, que yo era defensor, se presentó aún a sabiendas que iba a ser detenido. Y sin embargo se presentó y afrontó las consecuencias. Los mensajes que se envían son realmente muy negativos.

-¿Es una manera de confirmar que había una mesa judicial?

-Sinceramente no contribuye a la creencia que pueden tener los ciudadanos, no yo que conozco mucho las cosas que han hecho, pero un porcentaje de la comunidad puede creer en cierta inocencia del ex funcionario, y esto no ayuda a su imagen. Y recordemos que hace unos años se detenía a mansalva funcionarios del gobierno anterior al de Macri, con lo que se llamó la doctrina Irurzun. Acá no es una presunción, está claro que el intentó evadirse de la justicia. A mí no me gusta que se detenga a los funcionarios, no me gusta para nadie, pero si se utilizara la misma vara que se utilizó para otros funcionarios, el corre serios riesgos de que se lo detenga preventivamente. Ojalá que no, porque no le hace bien al país encarcelar personas durante los procesos; esto es un ejemplo para la comunidad que sintió que no estaba mal que se encarcele a otros funcionarios, hay que decirle que se los encarceló con mucho menos de lo habría para encarcelarlo a este funcionario.

-¿Cree que hay pruebas para poder avanzar en las investigaciones de todas estas operaciones que armaron desde el gobierno de Macri?

-Yo creo que sí, no estoy metido de lleno en esas investigaciones, pero me parece que hay muchos elementos. Porque además ha sido tan desprolijo el gobierno anterior que en realidad hasta las expresiones públicas del ex presidente han demostrado que había montajes, presiones; por ejemplo cuando terminó un fallo de la cámara federal en el tema Oil Combustibles o de alguna de las empresas de Cristóbal López, que al ex presidente no le gustó ese fallo y salió a decir que eso no es lo que habíamos acordado. Entonces uno se pregunta, acordado con quien. Eso, los intentos de los organismos de inteligencia de infiltrar defensores que cumplieron roles raros, por ejemplo, en el caso de Lázaro Báez. Y después por supuesto, el interceptar llamadas telefónicas, una indignidad como nunca se vio en Argentina, escuchar las llamadas de funcionarios detenidos hablando con sus defensores por teléfono. Si hay un último derecho que lastimosamente todavía no está tan lesionado en el ámbito de una persona privada de su libertad, pero el resto totalmente, es la mínima intimidad de poder hablar con su abogado, es su derecho de defensa, encima que eso también se lo violemos, desde los organismos del Estado, ha sido escandaloso. No se trata de qué gobierno lo hizo, está mal en cualquier caso, si lo hubiera hecho el gobierno perseguido por el gobierno anterior, o este gobierno, está mal también, las garantías son para todos. Da lo mismo si uno es de derecha, de izquierda o de centro, se trata de derechos humanos, eso es nuestra República, si esto se viola; hay cosas que no son discutibles.

-¿Hubo Lawfare en el país?

-Los elementos para demostrar que hubo Lawfare son muchísimos. El primero, si había un juez de una hostilidad sin límites era el ex juez Bonadio. Casualmente ese juez, de máxima hostilidad, tenía un imán, porque todas las causas que debían ser sorteadas le caían a él; si hubiera jugado al Loto hubiera sido multimillonario porque tenía una suerte increíble. Adrián Paenza hizo un cálculo de qué posibilidades matemáticas había de que en ese universo de casos, le tocaran a un juez por azar y eran 0,000000001. Era imposible que le tocaran, fue un desafío a las matemáticas. Que el fiscal de las causas más emblemáticas, que también le tocaron muchos expedientes, obligue a los imputados no solo a arrepentirse sino a que revoque la designación de los abogados particulares y le pusieran un defensor oficial que estaba alineado con su estrategia. Que se diga que los ex funcionarios en ese momento tenían un riesgo de fuga, lo que se llama la doctrina Irurzun, los encarcelamientos masivos. Hubo gente detenida en las escalinatas de Comodoro Py, yendo a declarar. Lázaro Báez fue detenido cuando bajaba de un avión que venía del sur para ir a declarar y el juez lo detuvo con el argumento de que había un destino que no sabía cuál era, sin embargo todo el periodismo y Patricia Bullrich, esperaban ese avión en San Fernando. El único que no sabía a dónde iba ese avión era el juez. Creo que hubo una utilización vergonzosa de la justicia, la justicia debe hacerse cargo y en homenaje a la cantidad enorme de jueces y fiscales y defensores honestos, transparentes que son un enorme porcentaje, en homenaje a ellos, hay que reconstruir el sistema, hay que volver a un poder judicial que esté acorde con los principios republicanos, es indispensable. Uno puede decir, la vida de la gente es más importante que esto, bueno si, pero también hay que recordar que hace siglos mucha gente dio su vida en defensa de los principios republicanos. Son cosas muy esenciales para la vida en comunidad.

-¿Se puede avanzar en una reforma judicial de acuerdo a lo que planteó el presidente?

-Se puede avanzar siempre y cuando se den los siguientes condimentos. Primero, saber a dónde se quiere ir, entonces hay que convocar a los que saben. Si me preguntaran cuál es el mejor método para construir un puente sobre una ría, yo no sabría cómo empezar; me parece que hay gente que sabe qué hay que hacer para una reforma judicial. Me gustaría que esa gente sea convocada, pero primero hay que saber a dónde se puede ir. Segundo, hay que tener mucha voluntad política, y eso significa reconstruir el diálogo con el poder judicial. Así como una reforma no puede ser realizada solo si el poder judicial está de acuerdo, tampoco se puede hacer sin el poder judicial. Pero también hay que construir los escenarios de diálogo, de confianza, de debate; hay volver a debatir en la Argentina con seriedad. Las grietas son un escenario inconducente para tomar algunas decisiones, pero para el debate la grieta significa disenso y es fuente de riqueza de pensamiento. Pero hay que llevar esa grieta a una mesa de debate. Estamos seguros que ustedes y nosotros tenemos posturas distintas pero también estamos seguros que hay cosas en las que coincidimos. Sobre todo porque unos y otros no estamos legislando por los próximos 6 meses, estamos legislando para nuestros hijos y nietos. En Argentina se han dado muestras de que incluso desde el disenso fuerte político e ideológico nos hemos podido poner de acuerdo en algunas cosas. Hay que volver a esa esencia y reconstruir un sistema judicial que está absolutamente dañado. Ahora están discutiendo la reforma del ministerio público, unos avanzan con unas ideas, otros dicen que es impunidad. Incluso los periodistas cuando tienen un entrevistado que dice que implica la búsqueda de impunidad, tiene que preguntarle en dónde está la búsqueda de impunidad. ¿En que hay que poner un procurador que no sea interino? ¿Esto es búsqueda de impunidad? Poner un procurador que tenga legitimidad en su cargo y no como el actual que no la tiene porque no es el procurador general, es el procurador de la Corte. Buscar que cada 5 años el procurador sea elegido y que esa elección también refleje eventualmente los cambios ideológicos en Argentina y que se debata. ¿Eso es buscar la impunidad o al revés? Tenemos que clarificar esas cosas, y la universidad tiene que ser la responsable de aclarar los tantos y facilitar la comprensión a la comunidad de lo que se está debatiendo y prevenir a la comunidad para que no sea engañada.

-Por lo que dice está de acuerdo con la reforma del ministerio público fiscal

-Pero sí. Los cargos propios de la realeza, donde uno hasta que se muera es tal cosa, me parecen una vergüenza. No se pueden sostener más esas situaciones de que uno de por vida haga lo que haga, tiene ese poder y nadie me lo va a sacar. Me parece que en los lugares institucionales, si son ejercidos con valentía, con transparencia, si uno ataca a los abusos más graves o si al revés cuando la tendencia es para un solo lado uno tiene que tener la actitud y la valentía de poner un freno y decir está muy bien, pero yo no hago fulbito para la tribuna y acá hay garantías que están en juego. Eso desgasta mucho, entonces uno no puede ser procurador por más de 5 años. Eventualmente si es reelegido, como un respaldo a la gestión, está bien que se quede un período más. No entiendo como alguien puede estar 20 años en un lugar. Pareciera un dato de la realeza. O la discusión ahora, rasgándose las vestiduras en el Parlamento, por los porcentajes de la elección, si tiene que ser de dos tercios, o mayoría absoluta. Eso no tiene nada de trascendente, además es cinismo. Porque el mismo Parlamento que hoy dice que la mayoría tiene que ser especializada, nunca cumplió su control parlamentario, de la comisión bicameral, sobre el ministerio público. El problema no son los dos tercios o los cuatro quintos, el problema es el cinismo de algunos. La discusión no pasa por cómo se defina la elección, el problema es que una vez que se eligió un procurador, los diputados y senadores tengan la valentía de controlar a ese procurador. Y que el procurador tiene la responsabilidad de informarnos a los argentinos todos los años cuál va a ser su política criminal, cómo vamos a combatir el narcotráfico, cómo vamos a resolver la seguridad en las calles, los delitos de tránsito, cómo vamos a contener a las víctimas, cómo vamos a ocuparnos con mayor eficacia de los delitos de género, de la violencia intrafamiliares. Tiene que haber una política criminal y esa política tiene que ser conocida por los argentinos, tiene que ser debatida. El procurador tiene que mostrar resultados. Estos fiscales que son muy espectaculares haciendo huecos en la Patagonia, después cuando tienen sus casos, ¿cuántos casos son exitosos, cuántas investigaciones concluyen, cuántas veces se reconstruyó la verdad en delitos graves? Me parece que tenemos que ir a una discusión mucho más sincera de la justicia en la Argentina.