“Tormenta Negra es el narcotráfico, la falta de trabajo, el Estado que se retira y los pibes que no tienen posibilidades”. De este modo se refirió el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Garcia Cuerva, al operativo que realizó el gobierno de la ciudad el jueves 14 de mayo en 17 barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Lo dijo en la misa celebrada en homenaje a la memoria del padre Carlos Mugica, el domingo siguiente al operativo.

“Repudio lo que sucedió en las villas en el operativo antinarco llamado Tormenta Negra. Vemos con dolor y tristeza cómo le sacaron la comida a los que vendían, se llevaron mercadería que estaba para la venta. La villa no necesita un show mediático. Los vecinos son protagonistas de su vida y este hostigamiento a los trabajadores de los barrios populares acrecienta la estigmatización existente en muchos sectores de la sociedad.

Necesitamos más integración, acciones concretas de combate al delito, pero seamos claros: nuestros barrios necesitan trabajo, alimentos, acceso a la salud y acompañar a nuestros niños, adolescentes, jóvenes para que no estén expuestos a los mercaderes de

la droga. Necesitamos la integración de las villas al resto de la Ciudad.” Esto expresó Garcia Cuerva, quizás apremiado por la gravedad de la política del gobierno que intenta culpabilizar a los sectores más empobrecidos frente a los sectores medios buscando un rédito electoral por esa vía.

“El modelo de gestión de Jorge Macri en la ciudad tiene tres pilares fundamentales:Limpieza territorial, grandes negociados inmobiliarios y protección mediática”, plantea Maria Eva Koutsovitis del Movimiento la Ciudad somos quienes la habitamos.

“Jorge Macri ha instalado, en un contexto de mediocridad, como eje la limpieza social y territorial que además la utiliza como spot de campaña. Estamos hablando del hostigamiento y la violencia institucional sistemática hacia las familias humildes, los trabajadores informales y las familias que viven en las villas.

Cada 30 horas hay un desalojo ilegal en la ciudad. Desalojos de viviendas por fuera de la ley. Jorge Macri se enorgullece promocionando un contador de desalojos que está próximo a alcanzar el valor de 800, 800 desalojos ilegales en lo que va de su gestión, miles de niñas y niños desalojados. Operativos en las villas clausurando negocios que son el motor económico de los barrios, secuestro de materiales a las familias, militarización. En un contexto de emergencia habitacional estructural, ha decidido destinar sólo el 1% del presupuesto a políticas habitacionales. Y por otro lado, también como parte de modo campaña viene realizando todo tipo de negociados inmobiliarios. En el microcentro los grandes bancos y el grupo inmobiliario IRSA van a recibir subsidios por 200 millones de dólares para transformar sus edificios de oficina en viviendas destinadas a alquiler turístico de plataforma. Impulsa un bochornoso blanqueo inmobiliario destinado a las mega constructoras y desarrolladoras inmobiliarias que construyen por fuera de la ley y de la planificación de la ciudad. Privatización y negocio con el espacio público: venta de tierra pública a valores irrisorios como la venta de 8 hectáreas del parque de la ciudad. El negocio de los estacionamientos subterráneos debajo de plazas. Y por último, el paraguas mediático. La privatización del Canal de la Ciudad que todo indica que podría quedar en manos del empresario dueño de los canales de streaming Carajo y Blender. Y la privatización del predio de Costa Salguero a los multimedios Clarín y la Nación para que lo exploten, también a precios irrisorios, como centro de exposiciones”.

Néstor Núñezparece el comandante de una nave que atraviesa un naufragio interminable. Vive en la villa Zabaleta a la vera del Riachuelo frente a lo que fue un emblema del bienestar y la modernidad en Argentina, la fábrica Siam. Néstor, que tiene 57 años y desde el año 2000 recicla materiales, quizás sea la expresión cruda de un deterioro social que se manifiesta cada vez más brutalmente. A su alrededor jóvenes con graves problemas de consumo encuentran un espacio trabajando en el desarmado de artículos eléctricos para obtener el cobre y distintos materiales, y seleccionando desde cartones hasta ropa vieja, todo lo que la sociedad desecha. El, como muchos habitantes de las villas, padece la violencia institucional en forma directa sin hallar soluciones al desamparo crónico.

Andrea y Maríaperiódicamente hacen una olla popular en el sector del barrio 21-24 conocido como “el Pozo” donde viven desde hace alrededor de 25 años. El jueves del operativo ¨Tormenta negra¨ estaban preparando la comida cuando irrumpieron las fuerzas policiales amedrentando niños que esperaban para retirar una porción de guiso y les reclamaron los permisos para realizar la olla popular, algo inaudito y patético, teniendo en cuenta la crítica situación.

Lucas Bogado, 32 años, nacido y criado en el barrio Zavaleta, es un militante atento y comprometido con la construcción de alternativas superadoras a la situación que se vive. “Los principales problemas en el barrio son la falta de servicios básicos, en muchos lugares no hay agua ni cloaca ni desagües pluviales, lo que hace que con cualquier lluvia se inundan muchos espacios. Hay serios problemas de riesgo eléctrico y la cuestión de la basura es un problemón. Todo esto en un contexto de falta de alimentos, oportunidades de empleo y consumo problemático. Aquí se generan muchas opciones de economía popular, la gente se inventa el laburo, que es lo que está siendo atacado desde el gobierno tanto de Nación como de la ciudad. El show mediático de Jorge Macri fue parte de una película que intenta poner a los sectores populares enfrentados a la clase media justificando su ajuste y mala gestión”, dice Lucas. A su lado Ramona, vive en el barrio desde que vino de Tapebicuá, Corrientes, a los 11 años, perdió su trabajo hace unos meses y subsiste vendiendo productos de limpieza en su casa.

“Estamos sintiendo olor a erradicación en algunos casos” dijoLorenzo de Vedia, el Padre Toto, párroco de la Iglesia de Caacupé en la villa 21-24. “ En la ciudad están compitiendo con Nación a ver quien es mas malo. Hay un hostigamiento hacia los sectores de la economía informal, vendedores en la vía pública, cartoneros, que va en compás con un corrimiento pronunciado del Estado. Históricamente en las villas la ausencia del Estado fue un gran problema, aunque en las últimas décadas se dio una mayor presencia y hasta hubo acciones dirigidas al tema de la vivienda, eso se empezó a recortar. El operativo Tormenta Negra fue un gran show mediático más que una pretensión de combatir el delito. Le sacaron comida a la gente, rompieron cosas, se llevaron pibes por cuestiones muy menores, narcomenudeo, falta de documentos, resistencia a la autoridad y los tuvieron que largar a todos. Nuestra tarea como Iglesia en las villas es la presencia pastoral, que tiene un aspecto de promoción humana y social, de ayudar a integrar la comunidad en un contexto de desintegración de las organizaciones sociales y abandono del Estado”.

ConDavid Lugones(en la foto de arriba) recorremos parte de la Villa 31, histórica villa de la zona de Retiro. Frente a las 1100 viviendas que el gobierno de la ciudad construyó con créditos del Banco Mundial, muestra los pilotes que colocaron en distintos accesos del barrio. “Están intentando convertir a los barrios populares en ghettos aislados del resto de la ciudad. La villa 31 está cercada por la autopista y hay dificultades para el ingreso de ambulancias, bomberos o cualquier tipo de vehículos. No es casual, son políticas públicas de aislamiento y discriminación”, describe David Lugones, habitante y referente social en el barrio.

Franco Armando, militante, referente, nacido en la Villa 31, confirma el pensamiento generalizado alrededor de la situación que están atravesando los barrios particulares en particular y que no es ajena al conjunto de la sociedad. “Hay un proceso silencioso de expulsión de la clase trabajadora hacia el Conurbano” dice Franco. “Hay una economía de subsistencia y sobrevivencia en los barrios que el gobierno no quiere. No quiere el tipo de vida comunitaria que tienen los barrios dentro de la ciudad. Para desarmar eso persiguen a los trabajadores que forman parte de la economía popular, les piden habilitaciones a los comercios imposibles de cumplir en gran parte porque los procesos de urbanización para los que se recibieron millones de dólares del Banco Mundial y del BID, no se cumplieron. Hay un proceso expulsivo violento, hay un mensaje para los que subsisten precariamente. Para el gobierno esta es una población de descarte. Los barrios están conformados en gran parte por trabajadores que contribuyen al crecimiento de la ciudad que aportan su trabajo para la construcción y el mantenimiento de la ciudad y hoy los quieren afuera. No hay políticas tendientes a dar soluciones habitacionales y el gobierno pretende enfrentar a los sectores más pobres con la clase media, diciendo que no va a regalar más viviendas en las villas cuando eso nunca sucedió. Todo esto tiene mucha similitud con el accionar del gobierno nacional y donde el Estado abandona sus funciones avanza el narco rompiendo todo el tejido social”.