Brasil llega a las elecciones de octubre con una disputa que excede la continuidad de Lula o el regreso del apellido Bolsonaro al poder. Se enfrentan proyectos distintos sobre el papel del Estado, el alcance de los derechos sociales y la autonomía del país en un escenario internacional cada vez más coercitivo. El resultado también pesará fuera de sus fronteras. Por su tamaño e influencia, Brasil puede ampliar el margen de acción de Sudamérica o contribuir a reducirlo. Pero esa dimensión regional no borra lo que está en juego dentro del país, donde los avances sociales del gobierno conviven con una derecha arraigada, un Congreso adverso y demandas cotidianas que ninguna apelación a la soberanía puede resolver por sí sola.

El calendario fijado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) establece que la primera vuelta de las elecciones generales de Brasil se celebrará el próximo domingo 4 de octubre, reservando el posterior domingo 25 (cuatro semanas después) para un eventual balotaje. En esta contienda, la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente de la República por un mandato de cuatro años, definir los gobernadores de los 26 estados y del Distrito Federal, renovar la totalidad de la Cámara de Diputados (513 escaños) y sustituir dos tercios del Senado. Para obtener la victoria en primera vuelta en los cargos ejecutivos, las candidaturas requieren superar el 50% de los votos válidos, excluyendo los votos en blanco y nulos.

La disputa presidencial presenta una acentuada polarización entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), y el senador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal), hijo del ex presidente y convicto Jair Bolsonaro.

Una encuesta de Datafolha, instituto de investigación de opinión pública vinculado al diario Folha de São Paulo, sitúa a Lula con el 40% de las intenciones de voto para la primera vuelta y a Flávio Bolsonaro con el 36%. El sondeo, realizado los días 22 y 23 de septiembre entre 2.002 electores, tiene un margen de error de dos puntos porcentuales. Los demás candidatos aparecen a considerable distancia. Un 5% declara que votará en blanco o anulará su voto y un 2% permanece indeciso. En una eventual segunda vuelta, Lula obtiene el 47% y Bolsonaro el 45%, una diferencia comprendida dentro del margen de error. Respecto de la medición de la semana anterior, Lula pasa del 39% al 40% en primera vuelta y Bolsonaro permanece en el 36%; en el escenario de balotaje, ambos avanzan un punto. El cuadro es, por lo tanto, el de una elección abierta, sin una ventaja estadísticamente concluyente para ninguno de los dos principales candidatos.

El sistema de sufragio se apoya en la urna electrónica, estructurada mediante dos terminales integradas: la mesa de la autoridad electoral —donde se identifica al elector mediante datos biométricos— y la terminal del votante, que registra numéricamente la opción elegida. Desde el punto de vista de la seguridad técnica, las urnas operan en aislamiento físico estricto, sin conexión a redes ni a internet, lo que bloquea intentos de intromisión remota en el escrutinio. Además, el procedimiento incluye la auditoría previa del código fuente y la emisión de actas de escrutinio impresas en cada mesa al cierre de la jornada.

Según analistas informáticos, las vulnerabilidades del proceso no se concentrarían tanto en la alteración directa del recuento informático de las máquinas, sino en los vectores de desinformación masiva en redes sociales mediante el uso de inteligencia artificial, la financiación irregular de campañas digitales y eventuales ataques cibernéticos contra las plataformas públicas de divulgación de resultados.

Felipe Nunes, director de la consultora Quaest, señala que la posibilidad de resolver la contienda en la primera vuelta es baja debido a la dispersión de votos entre candidaturas alternativas y a la resistencia de sus votantes a migrar de forma unánime hacia alguno de los dos polos. Las opciones secundarias incluyen, entre otros, a Augusto Cury por el partido Avante (5% según Datafolha); al exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado por el Partido Social Democrático (4%); y al empresario de derecha Renan Santos del Movimiento Missão (3%), fundador del Movimiento Brasil Libre, una de las organizaciones que impulsaron las movilizaciones contra Dilma Rousseff, destituida por el Parlamento en 2016.

En este marco, llamó la atención en un primer momento la figura de Cury, psiquiatra y autor de libros de autoayuda, que construyó su campaña sobre la promesa de “pacificar” el país y con un discurso crítico hacia la polarización. Aunque el candidato se presenta públicamente como una figura ajena a la política tradicional ("outsider"), investigaciones periodísticas evidenciaron su origen en una dinastía política familiar asentada durante décadas en el interior del estado de San Pablo, con lazos que se remontan al periodo de la dictadura militar y familiares con candidaturas activas en las elecciones de 2026.

Tras alcanzar un pico de intención de voto entre el 7% y el 11% a finales de agosto e inicios de septiembre, la candidatura de Cury sufrió un proceso de “deshidratación electoral”, reduciéndose su apoyo a niveles del 2% al 6% en encuestas como las de AtlasIntel, Real Time Big Data y PoderData. Esta caída debilitaría su capacidad de articulación para el balotaje. Frente a este escenario, según la prensa brasileña, los estrategas del Partido de los Trabajadores reorientaron sus negociaciones con el partido Avante hacia la obtención de una postura formal de neutralidad que evite la transferencia en bloque de ese electorado hacia Flávio Bolsonaro.

Balance del tercer gobierno de Lula

El tercer periodo presidencial de Lula da Silva se desarrolla en un contexto macroeconómico e institucional distinto al de sus dos primeros mandatos. Entre los principales avances socioeconómicos de la gestión destaca la salida de Brasil del Mapa del Hambre elaborado desde Naciones Unidas, acompañada de la reestructuración del programa de apoyo económico Bolsa Família, y el sostenimiento del poder adquisitivo del salario mínimo.

Aunque la primera salida oficial de Brasil del Mapa del Hambre de la FAO se concretó en 2014 —durante la presidencia de Dilma Rousseff y como culminación del ciclo de políticas sociales iniciado durante las dos primeras gestiones de Lula da Silva—, el país volvió a figurar en el indicador entre 2019 y 2021 durante la presidencia de Jair Bolsonaro y logró salir por segunda vez en 2025, bajo el tercer mandato de Lula. “Soy el hombre más feliz del mundo; si erradicamos el hambre una vez, demostramos que es posible volver a hacerlo”, afirmó por entonces el presidente.

En el ámbito laboral, el desempleo descendió a mínimos históricos. Asimismo, el Ejecutivo impulsó la aprobación legislativa de una reforma tributaria sobre el consumo, una medida orientada a simplificar el sistema impositivo. En la agenda ambiental, la administración logró una reducción en la tasa de deforestación de la Amazonia, restableciendo el posicionamiento internacional del país en negociaciones climáticas previas a la cumbre COP30 en Belém.

Sin embargo, los buenos indicadores de empleo e inflación no se traducen por igual en alivio para la vida cotidiana. El endeudamiento de los hogares, las marcadas desigualdades regionales en los servicios de salud y la preocupación por la inseguridad alimentan un malestar que el gobierno no ha logrado disipar. Un reciente estudio de Datafolha arrojaba que el 45% de los consultados aseguraban que su situación económica era regular, mientras un 12% la calificaban como mala. Asimismo, una de las encuestas más recientes sobre el tema de la seguridad fue la Pesquisa Nacional de Segurança e Tecnologia, realizada por la consultora Quaest en alianza con la empresa Pax y publicada a mediados de septiembre. En ella, la seguridad pública se ubicó como la mayor preocupación para el 28% de los encuestados, situándose por encima de la corrupción (22%), la economía (19%) y la salud (15%). El 70% de los participantes consideró que la violencia aumentó mucho en los últimos dos años, y de entre ellos tres de cada cuatro percibían un aumento tanto la cantidad de hechos como el nivel de agresividad empleada.

Por otra parte, la gestión enfrenta restricciones en el terreno fiscal y de gobernabilidad parlamentaria. El ministerio de Hacienda recortó las estimaciones de crecimiento del PIB para 2026 al 2,0%, en un entorno de tasas de interés elevadas y presiones inflacionarias; mientras, la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional, dominado por bloques conservadores y de centro (el "Centrão"), obligó a las autoridades a ceder cuotas presupuestarias y cargos para garantizar la aprobación de proyectos de ley. Esta presión legislativa se tradujo en modificaciones a las competencias de los ministerios de Medio Ambiente y de Pueblos Indígenas en materia de demarcación de tierras ancestrales.

En el debate político reciente ha ganado peso la discusión sobre la regulación de las plataformas de apuestas en línea ("bets"). Si bien la propuesta de prohibir estas operaciones cuenta con respaldo en redes sociales, sectores opositores señalan que la regulación inicial del sector fue aprobada por el propio Congreso durante el mandato de Lula en 2023, atribuyendo al gobierno la responsabilidad en la expansión de este mercado. También, la propuesta de avanzar hacia el Bolsa Familia 2.0, una suerte de ampliación del programa que se enfocaría en los microemprendedores, los trabajadores autónomos e informales.

Trayectoria histórica y geografía electoral del PT

Fundado en 1980 en el cinturón industrial de San Pablo (el ABC paulista) bajo el liderazgo sindical de Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores (PT) surgió como una fuerza articulada en torno al "nuevo sindicalismo", movimientos sociales e intelectuales de izquierda. En sus etapas iniciales, el partido implementó mecanismos de democracia directa en la gestión municipal, de los cuales el Presupuesto Participativo aplicado en Porto Alegre en 1989 constituyó una referencia de alcance internacional. Luego de tres derrotas presidenciales consecutivas (1989, 1994 y 1998), la publicación de la "Carta aos Brasileiros" en 2002 selló el compromiso del PT con la estabilidad macroeconómica y las alianzas con sectores de centro, permitiendo su acceso al Poder Ejecutivo.

A lo largo de los gobiernos de Lula, la base electoral del partido experimentó una transformación geográfica y sociológica. Originalmente fuerte en las capas medias urbanas y los centros industriales del Sur y Sudeste, el apoyo al PT se desplazó de forma estructural hacia los sectores populares de las zonas con menores ingresos, concentradas principalmente en la región Nordeste. Este fenómeno, conceptualizado como "lulismo", fue impulsado por programas de transferencia de renta como Bolsa Familia, mejoras sustanciales en el acceso a la atención primaria de salud y en la reducción del gasto del propio bolsillo familiar, la electrificación rural y los aumentos del salario mínimo.

Simultáneamente, la emergencia del agronegocio en las regiones centro-oeste y sur consolidó un electorado de perfil conservador. Este factor, sumado a los impactos políticos de las investigaciones por corrupción de la Operación Lava Jato y el escándalo del Mensalão, distanció del proyecto petista a las clases medias urbanas del sudeste.

El ciclo de poder del PT se interrumpió en 2016 con el proceso de destitución (impeachment) de Dilma Rousseff por supuestas irregularidades presupuestarias ("pedaladas fiscales"). El partido y diversos análisis caracterizaron este episodio como un golpe parlamentario apoyado en dinámicas de violencia política de género y misoginia. La destitución abrió paso a la presidencia de Michel Temer, a la aplicación de reformas de austeridad fiscal y, posteriormente, al encarcelamiento de Lula en 2018, antecedente directo del triunfo electoral de Jair Messias Bolsonaro. La anulación judicial de las condenas de Lula en 2021 restituyó sus derechos políticos y permitió la formación del frente amplio que obtuvo la victoria en 2022.

Sociología de la derecha

El bolsonarismo se ha consolidado como un movimiento sociopolítico e identitario de densidad permanente en la sociedad brasileña, capaz de mantener representatividad electoral a pesar de las inhabilitaciones y procesos judiciales que afectan a su principal líder. Cuatro años atrás ya habíamos mencionado que “el voto anti PT, si se lo compara con el anti peronismo en Argentina, es un fenómeno relativamente nuevo, pero tiene el mismo sustrato: el odio a una fuerza que bregó por ampliar el arco de los derechos sociales hacia una población sumergida históricamente en la más absoluta marginación”.

De cara a 2026, esta corriente se articula institucionalmente tras la candidatura del hijo, Flávio Bolsonaro. La base de apoyo de este espacio abarca desde sectores del agronegocio, clases medias y altas urbanas, y grupos vinculados a la agenda de seguridad pública. Las tensiones internas y el perfil del electorado del sector han quedado de manifiesto en filtraciones públicas, como la reciente difusión de grabaciones privadas del diputado y candidato al Senado José Medeiros, en las que caracteriza de forma despectiva la conducta de sus propios seguidores.

Desde la perspectiva del gobierno federal, el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), Aloizio Mercadante, emitió advertencias sobre los riesgos institucionales que entrañaría una victoria de Flávio Bolsonaro, argumentando que podría expandir a nivel nacional estructuras políticas vinculadas a la penetración de milicias y del crimen organizado observadas en el estado de Río de Janeiro, bastión político donde la familia Bolsonaro consolidó su carrera y su base de poder territorial.

Otro componente central de la derecha brasileña es el crecimiento demográfico y político del electorado evangélico, que representa cerca del 27% de la población del país. Este segmento social, que no es políticamente uniforme, ha expandido su presencia territorial en las periferias urbanas, ocupando espacios de contención comunitaria e integración social. En el Poder Legislativo, esta base se articula a través del Frente Parlamentar Evangélica (FPE), un bloque multipartidario integrado por más de 200 diputados federales y 26 senadores. El FPE opera con disciplina de voto en la defensa de posturas morales conservadoras y su agenda religiosa. Para ampliar su capacidad de presión, la bancada evangélica suele actuar de forma coordinada con el sector del agronegocio y el de la seguridad pública, conformando la alianza conocida informalmente como la bancada BBB (“Boi, Bíblia e Bala”). Este bloque ejerce una fuerte capacidad de influencia sobre la agenda legislativa, llegando a condicionar las iniciativas del Poder Ejecutivo.

El frente externo

La dimensión internacional de estos comicios está marcada por las denuncias relativas a la interferencia del gobierno de Estados Unidos en el proceso político brasileño. Según la información publicada sobre un trabajo de la Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), derivado al Palacio de Planalto (Casa de Gobierno) y al Tribunal Superior Electoral, se clasificó el riesgo de injerencia de Washington en un "nivel de criticidad". El documento contextualiza estas acciones en el intento de la administración de Donald Trump por reafirmar la hegemonía estadounidense en América Latina y desplazar la presencia económica de China en sectores estratégicos.

El gobierno brasileño monitorea diversos frentes de presión exterior:

• Presión diplomática y comercial:Declaraciones públicas de autoridades estadounidenses y amenazas pronunciadas por Donald Trump en la Asamblea General de la ONU sobre el uso de la fuerza militar en la región.

• Medidas punitivas y judiciales:La aplicación de la Ley Magnitsky contra integrantes del Poder Judicial brasileño, la revocación de la visa diplomática de la embajadora en Washington y la clasificación de las organizaciones criminales Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras.

• Estructura digital e internacional:Investigaciones sobre la difusión de contenidos pagados en la red social X dirigidos a influir en la percepción pública. Esta red involucra cuentas internacionales como Visegrád24 (plataforma denunciada por difundir información no contrastada, narrativas islamófobas, con sesgos políticos afines a sectores conservadores), operaciones promocionadas en la plataforma de apuestas Polymarket —vinculada al fondo de inversión 1789 Capital, del cual participa Donald Trump Jr.—, medios dirigidos por el empresario español Javier Negre y la actuación de estrategas de desinformación digital como Fernando Cerimedo (el argentino actualmente detenido en Bolivia sindicado como instigador del intento de asesinato de su ex pareja).

Ante esta situación, el presidente Lula reafirmó la soberanía institucional del país durante su discurso la semana reciente en las Naciones Unidas, declarando que "Brasil no cabe en el quintal de nadie". En Estados Unidos, el senador Bernie Sanders, junto a 30 congresistas del Partido Demócrata, envió una carta formal al Departamento de Estado exigiendo explicaciones sobre las medidas de presión diplomática y económica aplicadas contra Brasil, solicitando el compromiso explícito de Washington de respetar el resultado que arrojen las urnas en las elecciones de octubre.

Mirar esta elección desde Sudamérica como un simple duelo entre dos liderazgos o visiones contrapuestas achica el horizonte de lo que está en juego. En Brasil se define, en última instancia, la capacidad de nuestros países para trazar un rumbo sobre la base de sus propios intereses. En los próximos días veremos si la sociedad brasileña logra consolidar un proyecto de desarrollo nacional con inclusión social, o si sus fracturas internas terminan subordinando las decisiones estratégicas a ambiciones personales y apetitos ajenos. Por volumen macroeconómico y peso político, el rumbo que tome Brasil terminará, sin duda, definiendo la escala de las posibilidades sudamericanas.