En la primera entrega de esta serie analizamos el momento en que la inteligencia artificial (IA) dejó de ser presentada únicamente como una innovación empresarial para convertirse en un asunto de Estado. El caso estadounidense mostró cómo una tecnología desarrollada en gran medida por actores privados comenzó a ser percibida, al mismo tiempo, como un recurso económico, una infraestructura crítica y un problema de seguridad nacional.

Pero ese desplazamiento no se limita a Washington. La competencia entre Estados Unidos y China expresa una transformación más profunda, al revelar que la IA está dando lugar a nuevas arquitecturas de poder, en las que la capacidad de regular, financiar, controlar infraestructuras y orientar la innovación se vuelve tan decisiva como el desarrollo de los propios modelos.

Entonces, la pregunta ya no es solamente cómo regula Estados Unidos la IA, sino qué modelos de gobernanza están emergiendo para administrar una tecnología que se ha convertido en un recurso estratégico. China representa la respuesta más acabada a ese interrogante. Mientras Washington intenta reconstruir capacidades estatales que durante años delegó en el mercado, Pekín consolidó un sistema donde innovación tecnológica, planificación económica y seguridad nacional forman parte de una misma arquitectura institucional. A partir de esa diferencia comienza a delinearse una competencia que trasciende a las dos grandes potencias y alcanza también al Sur Global.

China y la regulación como estrategia de Estado

Si la experiencia estadounidense revela las dificultades de regular una tecnología que durante años fue concebida como un espacio de innovación predominantemente privado, el caso chino responde a una lógica diferente. Allí, la IA nunca fue entendida exclusivamente como un mercado emergente, sino como un componente de la planificación nacional y de la competencia geopolítica.

Desde esa perspectiva, la regulación no aparece como una respuesta a una crisis puntual, sino como parte de una política de Estado destinada a integrar el desarrollo tecnológico con objetivos económicos, sociales y estratégicos.

Esta diferencia explica buena parte del contraste entre ambos modelos. Mientras Washington ha reaccionado mediante intervenciones sucesivas sobre casos específicos, Pekín ha construido un entramado normativo que busca anticipar los efectos políticos y sociales de la IA antes de que estos se manifiesten plenamente. No significa que el sistema chino esté exento de tensiones, pero sí revela una continuidad estratégica difícil de encontrar en la otra potencia tecnológica.

Durante el Foro Económico Mundial de Verano, celebrado del 23 al 25 de junio en Dalian, el primer ministro Li Qiang sintetizó esa visión al advertir que el principal riesgo ya no era únicamente el avance acelerado de la inteligencia artificial, sino la posibilidad de que los Estados perdieran capacidad para gobernarla. Su diagnóstico resulta revelador porque desplaza el centro del debate. El problema deja de ser exclusivamente tecnológico para convertirse en una cuestión de capacidad institucional.

Desde esa lógica pueden identificarse tres grandes objetivos que estructuran la política regulatoria china:

1.- Preservar la cohesión social

A diferencia del enfoque estadounidense, donde el debate suele concentrarse en la innovación y la competitividad, la regulación china incorpora explícitamente el impacto social de la automatización.

Las autoridades han endurecido las condiciones para que las empresas sustituyan empleo mediante inteligencia artificial sin asumir parte de los costos derivados de esa transformación. La automatización deja de ser considerada una decisión exclusivamente empresarial para convertirse en un asunto de interés público cuya gestión corresponde también al Estado.

La misma lógica aparece en las normas aprobadas por la Administración del Ciberespacio de China (CAC, por su sigla en inglés), que restringen determinadas formas de interacción entre usuarios y sistemas conversacionales. Las nuevas disposiciones obligaron a empresas como ByteDance y Alibaba a modificar funciones vinculadas con la creación de avatares personalizados y las relaciones afectivas con asistentes virtuales. La regulación limita aquellas aplicaciones que puedan favorecer vínculos de dependencia emocional, especialmente entre menores de edad, e incorpora restricciones sobre tiempo de uso y mecanismos de intervención frente a comportamientos considerados adictivos.

Más allá de las valoraciones que estas medidas puedan suscitar, revelan una diferencia conceptual significativa respecto del enfoque occidental. Mientras buena parte del debate europeo y estadounidense gira alrededor de la privacidad o la competencia económica, la regulación china incorpora como objetivo explícito la preservación del tejido social frente a las transformaciones inducidas por la inteligencia artificial.

2.- Mantener el control sobre los flujos de información

El segundo eje responde a una concepción diferente de la soberanía digital. China exige que los sistemas de inteligencia artificial operen dentro del marco jurídico establecido por el Estado tanto en materia de protección de datos como de producción de contenidos. Las obligaciones relativas al etiquetado del contenido generado, la utilización de bases de datos legítimas para el entrenamiento de modelos y la incorporación de criterios ideológicos forman parte de una arquitectura regulatoria que busca integrar la IA en las prioridades políticas nacionales.

Desde una perspectiva occidental, estas disposiciones suelen interpretarse principalmente como instrumentos de censura. Sin embargo, vistas desde la lógica institucional china, cumplen la función de impedir que una infraestructura considerada estratégica evolucione fuera de la capacidad de supervisión del Estado.

3.- Convertir la regulación en un instrumento de soberanía

El tercer componente trasciende el plano interno y conecta directamente con la competencia internacional. Recientemente, en julio de 2026, Pekín incorporó diversos elementos relacionados con el entrenamiento de modelos avanzados de IA a su catálogo de tecnologías sujetas a restricciones de exportación. En forma paralela, comenzaron a aplicarse controles adicionales sobre el acceso desde direcciones IP extranjeras a determinadas interfaces desarrolladas por laboratorios chinos, así como procedimientos más estrictos para la movilidad internacional de investigadores vinculados con proyectos estratégicos.

Estas decisiones responden a la idea de que el conocimiento asociado a la IA constituye un recurso estratégico cuya circulación debe administrarse de manera semejante a otras tecnologías sensibles. Paradójicamente, este reforzamiento del control estatal convive con una política muy activa de expansión internacional de modelos abiertos desarrollados en China.

Laboratorios como DeepSeek han conseguido una rápida difusión en mercados emergentes gracias a costos considerablemente inferiores a los de sus competidores estadounidenses. Empresas internacionales como Uber o Airbnb han comenzado a incorporar algunos de estos modelos, no por razones ideológicas, sino por criterios de eficiencia económica. Este aspecto suele quedar relegado en el debate público, aunque probablemente sea uno de los más importantes desde una perspectiva geopolítica. Un episodio reciente en Argentina ilustra el alcance de esta tensión: la denuncia de la cooperativa neuquina CALF sobre presiones de la Embajada de Estados Unidos tras su acuerdo con Huawei.

Como ha señalado Paul Triolo (uno de los principales expertos internacionales en geotecnología, ciberseguridad y políticas tecnológicas globales), la competencia decisiva no se librará únicamente entre los grandes laboratorios de Silicon Valley y Pekín, sino en los ecosistemas tecnológicos que terminen adoptando los países del Sur Global. Allí se definirá qué estándares, qué infraestructuras y qué dependencias tecnológicas predominarán durante las próximas décadas.

En ese sentido, la estrategia china no consiste únicamente en regular la inteligencia artificial. Busca convertir esa regulación en una ventaja competitiva dentro del nuevo orden tecnológico internacional.

El Sur Global frente a la nueva división internacional del poder

La confrontación entre Estados Unidos y China no agota el debate sobre la gobernanza de la IA. Existe otra pregunta, menos explorada pero decisiva para buena parte del mundo: ¿qué lugar ocuparán los países que no controlan los grandes modelos, la infraestructura de cómputo ni los semiconductores avanzados?

En una entrevista reciente, el dirigente argentino Juan Grabois relató una conversación mantenida con Peter Thiel, uno de los principales referentes del ecosistema tecnológico estadounidense. Según Grabois, una parte significativa de las élites tecnológicas consideran que imponer límites regulatorios en Occidente equivaldría a un "desarme unilateral" frente al avance chino. Bajo esa lógica, cualquier restricción jurídica aparece como una desventaja estratégica antes que como un mecanismo de protección democrática.

La observación resulta relevante porque pone de manifiesto una tensión que atraviesa el debate contemporáneo sobre quién absorberá los costos sociales, ambientales y económicos de esta transformación tecnológica. Así, la competencia entre Washington y Pekín no constituye únicamente una disputa por el liderazgo científico. También redefine la posición internacional de los países periféricos.

Históricamente, las grandes revoluciones tecnológicas reorganizaron la división internacional del trabajo. La industrialización consolidó economías proveedoras de materias primas; la revolución digital concentró plataformas, propiedad intelectual y servicios de alto valor agregado en un reducido grupo de países. La IA parece avanzar en una dirección similar, aunque sobre una infraestructura aún más concentrada.

En ese escenario, el riesgo para el Sur Global no consiste únicamente en quedar rezagado desde el punto de vista tecnológico. Consiste en integrarse al nuevo ciclo ocupando funciones subordinadas, como proveedor de energía, minerales críticos, territorio para centros de procesamiento de datos o espacio de experimentación regulatoria para tecnologías cuya implementación enfrenta mayores resistencias en los países desarrollados. Esta dimensión de la discusión fue analizada en “El costo oculto de la inteligencia artificial: por qué EE.UU. rechaza los centros de datos que busca Milei”, donde intenté abordar de manera rápida las tensiones sociales y ambientales que acompañan a esa infraestructura.

La discusión en Argentina

La combinación de abundantes recursos energéticos y naturales, reservas de litio, disponibilidad territorial y marcos regulatorios relativamente flexibles convierte al país en un destino atractivo para inversiones vinculadas a la infraestructura de inteligencia artificial. Pero esa promesa de inversión también puede trasladar costos energéticos, hídricos y fiscales a las comunidades locales, como muestra la experiencia estadounidense.

Sin embargo, esa misma posición plantea un interrogante estratégico: ¿Argentina participará en la economía de la IA como generadora de capacidades propias o únicamente como plataforma física para proyectos concebidos y controlados desde el exterior? El riesgo remite a un problema clásico de la economía política del desarrollo como es la diferencia entre insertarse en una cadena global de valor con capacidades propias y ocupar un lugar subordinado dentro de ella.

Desde esta perspectiva, la regulación deja de ser únicamente un conjunto de normas destinadas a limitar riesgos tecnológicos. Se convierte en una herramienta de política industrial y de inserción internacional.

Es por eso que en nuestro país las exigencias del nuevo contexto superan a la necesidad de decidir cuánto regular. Demandan, además, definiciones acerca de qué capacidades se desean preservar bajo control nacional y cuáles se está dispuesto a delegar en actores privados o en potencias extranjeras.

La pregunta ya no es solamente quién desarrolla la IA. La pregunta es quién gobierna la infraestructura sobre la cual esa inteligencia artificial será posible.

Conclusión

La disputa en torno a la inteligencia artificial suele presentarse como una competencia por el liderazgo tecnológico entre Estados Unidos y China. Esa descripción no es falsa, pero resulta insuficiente. Lo que está en juego no es únicamente quién desarrolla los modelos más avanzados ni quién domina la infraestructura necesaria para entrenarlos. La cuestión de fondo es quién ejercerá la autoridad sobre una tecnología que comienza a organizar la producción, la seguridad, la circulación de la información y, progresivamente, la propia capacidad de gobierno y la vida social misma.

En este sentido, la IA marca una ruptura con la etapa anterior de la globalización digital. Durante décadas predominó la idea de que las grandes plataformas tecnológicas constituían un espacio relativamente autónomo respecto de los Estados, gobernado principalmente por la innovación empresarial y la expansión de los mercados. Los acontecimientos recientes sugieren que esa etapa está llegando a su fin.

Washington intenta recuperar capacidad de dirección sobre laboratorios privados cuya autonomía comenzó a percibirse como un riesgo estratégico. Pekín, en cambio, consolida un modelo donde el desarrollo tecnológico nunca dejó de formar parte de la planificación estatal. Las diferencias entre ambos enfoques son profundas, pero comparten un supuesto: la inteligencia artificial ya no puede ser tratada como una mercancía más. Ha pasado a formar parte de las infraestructuras críticas sobre las que se asentará el poder de los Estados durante las próximas décadas.

Esta transformación obliga también a replantear la posición del Sur Global. La cuestión no consiste únicamente en acceder a las nuevas tecnologías, sino en evitar que se reproduzcan las relaciones de dependencia construidas durante las anteriores revoluciones industriales y digitales. La competencia por los minerales críticos, la energía, los centros de datos y las capacidades de cómputo indica que la geografía del poder tecnológico vuelve a organizarse alrededor del control de los recursos estratégicos.

Para países como Argentina, el desafío excede el debate sobre atraer inversiones o flexibilizar regulaciones. La decisión verdaderamente estratégica consiste en definir qué lugar desea ocupar dentro de esta nueva arquitectura internacional. Puede limitarse a proveer recursos, territorio e incentivos para infraestructuras diseñadas y controladas desde el exterior, o puede concebir la IA como parte de una política de desarrollo orientada a construir capacidades científicas, industriales y regulatorias propias. La diferencia entre ambos caminos no es técnica; es una decisión sobre soberanía.

Vista desde esta perspectiva, la regulación no consiste únicamente en imponer límites a una tecnología potencialmente riesgosa. Significa decidir quién establece las reglas de funcionamiento de una infraestructura que reorganizará las relaciones económicas, militares y culturales del siglo XXI.

Como suele ocurrir en los grandes cambios históricos, la innovación tecnológica no está sustituyendo a la política; está redefiniendo el espacio donde la política vuelve a desplegarse. La IA no anuncia el ocaso del Estado, como pronostican los gurúes de la Ilustración Oscura, sino su reconfiguración; y quien consiga articular conocimiento, capacidad industrial, legitimidad política y soberanía tecnológica no sólo liderará la próxima revolución económica, sino que definirá las formas de poder sobre las que se organizará el nuevo orden internacional.