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Durante la última década predominó en los principales centros de innovación tecnológica de Estados Unidos una convicción ampliamente compartida: la inteligencia artificial debía desarrollarse con la menor intervención estatal posible para preservar la velocidad de la innovación y mantener la ventaja tecnológica del país. Ese consenso comenzó a erosionarse en los últimos meses.
La crisis desencadenada por los modelos de frontera de Anthropic —nos referimos a los sistemas más avanzados y potentes disponibles en un momento determinado— expuso hasta qué punto el gobierno estadounidense ha empezado a intervenir de manera directa en el desarrollo de la IA mediante mecanismos de emergencia, controles administrativos y decisiones adoptadas fuera de un marco regulatorio estable.
Mientras Washington responde con medidas coyunturales impulsadas por preocupaciones de seguridad nacional, China ha seguido una trayectoria distinta. Su sistema combina regulación, planificación industrial y control estatal dentro de una estrategia de largo plazo orientada tanto a la soberanía tecnológica como a la estabilidad social. Más que una confrontación entre modelos económicos, comienza a perfilarse una competencia entre dos formas diferentes de gobernar la inteligencia artificial.
Cronología de un cambio de paradigma
El debate sobre la regulación de la IA en Estados Unidos dejó de ser una discusión académica para convertirse, en pocas semanas, en un problema de seguridad nacional. La sucesión de acontecimientos permite observar cómo el gobiernopasó de defender una política de mínima intervención a ejercer un control cada vez más directo sobre los laboratorios que desarrollan estos modelos de frontera.
Las primeras advertencias surgieron el 7 de abril, cuando distintos reportes indicaron que Anthropic había desarrollado un modelo con capacidad para identificar vulnerabilidades en sistemas de defensa cibernética: Claude Mythos Preview. Aunque estas capacidades todavía formaban parte de evaluaciones técnicas, el episodio intensificó el debate sobre los riesgos asociados a los modelos más avanzados.
En respuesta a la creciente presión política, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva (norma jurídica similar a lo que en Argentina se denomina “decreto”) que evitó introducir un sistema obligatorio de licencias para los desarrolladores de IA. En su lugar, el gobierno optó por un esquema de compromisos voluntarios para los modelos más avanzados y encargó a distintas agencias de seguridad nacional la evaluación de sus capacidades. La decisión permitió posponer una legislación más estricta sin renunciar a mecanismos de supervisión.
La situación cambió pocos días después con el lanzamiento de Mythos 5 y de Fable 5, la versión destinada al público general.
Tras un informe de Amazon que advertía sobre la posibilidad de vulnerar las salvaguardas del sistema mediante técnicas de jailbreak(proceso técnico para quitar los bloqueos de seguridad), la Administración estadounidense notificó a Anthropic que ambos modelos quedarían sometidos a controles extraordinarios invocando facultades de emergencia previstas en la Ley de Producción de Defensa. Horas más tarde, los usuarios perdieron acceso a Fable.
Más allá de la discusión técnica sobre la gravedad del incidente, el episodio mostró que el Ejecutivo estaba dispuesto a intervenir directamente en el despliegue de estos modelos avanzados sin esperar la aprobación de un marco legal específico.
Para finales de junio, la crisis modificó también la posición pública de la propia empresa Anthropic. Dario Amodei, su director ejecutivo y hasta entonces uno de los defensores de una regulación limitada, sostuvo que el gobierno debía contar con facultades legales para impedir el despliegue de sistemas considerados peligrosos. Además, propuso la realización de pruebas obligatorias antes del lanzamiento comercial y planteó mecanismos públicos para amortiguar el impacto laboral derivado de la automatización.
El debate llegó a la cumbre del G7 (celebrada a mediados de junio en Évian-les-Bains, Francia), donde la discusión ya no giró únicamente en torno a la innovación tecnológica, sino también sobre exportaciones, seguridad nacional y gobernanza internacional de la inteligencia artificial.
Una consecuencia menos visible, aunque políticamente significativa, fue el cambio de posición que comenzaron a ocupar las grandes empresas del sector. Sus directivos dejaron de presentarse exclusivamente como líderes empresariales para actuar como interlocutores indispensables en asuntos de política exterior, seguridad y estrategia industrial. El control de modelos de frontera, infraestructura de cómputo y capacidades críticas convirtió a estos laboratorios en actores cuya influencia trasciende el mercado y se proyecta sobre la competencia entre Estados.
Sin embargo, esa creciente centralidad también evidenció sus límites. A medida que la inteligencia artificial pasó a ser considerada un recurso estratégico, los gobiernos reforzaron su capacidad para intervenir sobre compañías que hasta hace poco parecían operar con una autonomía excepcional.
Mientras Estados Unidos continuaba recurriendo a intervenciones puntuales para gestionar cada crisis, otros actores consolidaban marcos regulatorios más definidos.
Las Naciones Unidas inauguraron un Diálogo Mundial sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial; la Unión Europea comenzó la aplicación plena de su AI Act; y China puso en vigor nuevas regulaciones sobre algoritmos y relaciones virtuales.
Lejos de converger hacia un único modelo de gobernanza, el escenario internacional empezó a organizarse alrededor de enfoques diferenciados: el intervencionismo reactivo estadounidense, la regulación jurídica europea y el modelo de planificación estatal impulsado por Pekín. Como veremos más adelante, a la discusión también se sumó el Vaticano.
La política en la sombra de Washington
El episodio protagonizado por Anthropic puso de manifiesto las limitaciones del actual enfoque estadounidense hacia la inteligencia artificial. Más allá de la controversia técnica sobre Fable 5, la crisis reveló un problema de fondo: Estados Unidos carece todavía de un marco jurídico estable para gobernar el desarrollo de los modelos de frontera y, ante esa ausencia, la Administración ha comenzado a recurrir a mecanismos extraordinarios de intervención.
La discusión pública se concentró inicialmente en el alerta detectado por Amazon. Sin embargo, diversos especialistas en ciberseguridad señalaron que ese tipo de vulnerabilidades no constituye una anomalía excepcional, sino una característica recurrente de los grandes modelos de lenguaje. Desde esta perspectiva, el incidente actuó más como disparador político que como explicación suficiente de una política gubernamental.
Existe además otro antecedente que ayuda a contextualizar la rapidez con la que actuó Washington.
Meses antes de la suspensión de Fable 5, el secretario de Defensa (de “Guerra”, según Trump), Pete Hegseth, había calificado a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro estratégica del Pentágono. La tensión no giraba exclusivamente en torno a cuestiones técnicas. Diversos reportes indicaban que la compañía mantenía reservas respecto de la utilización de sus modelos para el desarrollo de sistemas de armas plenamente autónomos y determinadas aplicaciones de vigilancia militar.
No obstante, y de acuerdo con reportes de medios como The Wall Street Journal y Axios, el software Claude de Anthropic colaboró indirectamente en la operación militar estadounidense del 3 de enero pasado, que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa; al ser integrado en las redes de seguridad y defensa de los Estados Unidos a través de una alianza con Palantir Technologies.
Aunque los detalles específicos de la misión permanecieron clasificados, el operativo contó con que los sistemas del Pentágono aprovecharon las capacidades analíticas de la IA para procesar grandes volúmenes de datos de inteligencia y asistir en las fases operativas. Ese hecho y el posterior ataque a la escuela primaria Shajareh Tayyebeh en Irán, en el que murieron entre 156 y 175 niñas y docentes, desataron intensos debates públicos sobre las restricciones éticas y las políticas de uso de la compañía respecto a aplicaciones militares.
En definitiva, si los episodios de Hegseth y Fable 5 se consideran conjuntamente, la intervención gubernamental posterior puede interpretarse no sólo como una respuesta a un problema de ciberseguridad, sino también como la expresión de un conflicto más amplio entre el gobierno estadounidense y una empresa que pretendía preservar cierto margen de autonomía frente a las prioridades del complejo de defensa. Esa interpretación no elimina la dimensión técnica del incidente, pero la inserta dentro de una disputa estratégica más amplia sobre quién debe ejercer el control efectivo sobre las tecnologías consideradas críticas.
Esta secuencia también deja al descubierto una transformación institucional. Ante la imposibilidad (o rechazo) de aprobar una legislación integral sobre inteligencia artificial, el Ejecutivo estadounidense comenzó a construir mecanismos regulatorios mediante órdenes de emergencia, controles de exportación y negociaciones directas con las empresas desarrolladoras. No se trata todavía de una regulación formal comparable con la existente en la Unión Europea, sino de una capacidad creciente para condicionar el desarrollo y la distribución de modelos avanzados mediante instrumentos administrativos.
El resultado es una situación paradójica. Mientras el discurso oficial continúa reivindicando la innovación abierta como uno de los pilares de la competitividad estadounidense, las empresas deben negociar cada despliegue relevante con organismos vinculados a la seguridad nacional. La incertidumbre regulatoria no desaparece; simplemente cambia de naturaleza. En lugar de reglas generales conocidas de antemano, aparecen decisiones discrecionales cuya lógica permanece, en buena medida, fuera del escrutinio público.
Este escenario comienza a producir efectos sobre la competencia internacional. Algunos analistas sostienen que parte del capital de riesgo y del capital humano especializado podrían evaluar jurisdicciones que ofrezcan un marco normativo más previsible. En ese contexto, la Unión Europea intenta convertir el AI Act en una ventaja competitiva: un sistema exigente, aunque sustentado en procedimientos transparentes y relativamente estables. La cuestión ya no es únicamente cuánta regulación existe, sino bajo qué criterios se aplica y qué grado de certidumbre ofrece a quienes desarrollan la tecnología.
El investigador Gary Marcus ha señalado que la idea de una inteligencia artificial completamente ajena a la regulación nunca fue sostenible. La evolución reciente parece reforzar ese diagnóstico. La discusión ya no enfrenta regulación contra desregulación, sino distintos modos de ejercer el control estatal sobre una tecnología considerada estratégica.
Sin embargo, la política estadounidense incorpora un elemento adicional que trasciende el plano doméstico. Las restricciones impuestas sobre Mythos y Fable inauguraron un precedente significativo: el gobierno se reservó la posibilidad de limitar o restaurar el acceso a modelos de frontera según criterios asociados a la seguridad nacional.
Esta facultad adquirió una dimensión internacional con el Proyecto Glasswing, iniciativa mediante la cual Anthropic habilitó el acceso a Mythos para un conjunto limitado de organizaciones (Apple, Microsoft, Google, Amazon y NVIDIA, entre otras) con capacidad de supervisión y control de modo de proteger software crítico.
Más que un simple programa de cooperación tecnológica, Glasswing introduce una nueva lógica geopolítica. El acceso a capacidades avanzadas de inteligencia artificial deja de depender exclusivamente de criterios comerciales y comienza a integrarse dentro de la arquitectura de alianzas estratégicas de EE.UU. En este esquema, la condición de aliado ya no constituye una categoría fija, sino un estatus graduado y potencialmente revisable.
La contradicción resulta especialmente visible en la relación con Europa. Mientras numerosos gobiernos europeos respaldaban iniciativas estadounidenses orientadas a reforzar las cadenas de suministro de minerales críticos y semiconductores — el proyecto Pax Silica, que también firmó Argentina —, Washington mantenía bajo control el acceso a sus modelos más avanzados. La cooperación económica convive así con una creciente selectividad tecnológica.
Las negociaciones entre la Comisión Europea y la Administración estadounidense para acceder a Glasswing ilustran esta tensión. Por un lado, Bruselas aspira a mantener la cooperación con los laboratorios líderes de Silicon Valley; por otro, insiste en preservar la autonomía de su marco regulatorio. El debate ya no gira únicamente en torno a normas jurídicas, sino sobre la capacidad de cada bloque para conservar margen de decisión frente a tecnologías cuyo acceso puede convertirse en un instrumento de política exterior.
La dimensión ética del debate
Durante los meses previos a la crisis, Anthropic impulsó conversaciones con representantes de la Iglesia Católica sobre las implicancias sociales de la inteligencia artificial. Ese intercambio culminó con la publicación de la encíclica Magnifica Humanitas, en la que el papa León XIV planteó que el desarrollo tecnológico debía permanecer subordinado a la dignidad humana y al bienestar del trabajo.
La Asamblea Global de Premios Nobel sobre Inteligencia Artificial y Guerra Nuclear se celebró en el Vaticano, del 14 al 16 del reciente mes de julio; encuentro que reunió a 30 premios Nobel, jefes de Estado y de Gobierno, 20 de los principales líderes mundiales en el campo de la inteligencia artificial —entre ellos, OpenAI, Google DeepMind, AARU y Anthropic— y 30 de las universidades e instituciones de investigación. Allí, el papa León XIV ha insistido en "desarmar la inteligencia artificial" para evitar que se convierta en un instrumento de dominación, exclusión o guerra automatizada. Aunque el documento vaticano carece de efectos jurídicos, introdujo un marco moral que coincidió con el giro regulatorio defendido posteriormente por Dario Amodei.
Al mismo tiempo, comenzaron a surgir propuestas alternativas dentro de la propia industria. Demis Hassabis propuso crear un organismo inspirado en la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), financiado por las empresas pero sometido a supervisión estatal, encargado de evaluar los modelos de frontera antes de su lanzamiento comercial.
La iniciativa buscaba institucionalizar mecanismos permanentes de supervisión sin depender exclusivamente de la intervención gubernamental. No obstante, diversos especialistas advirtieron que un esquema de estas características también podría consolidar la posición dominante de los grandes laboratorios y elevar las barreras de entrada para nuevos competidores, especialmente aquellos vinculados al desarrollo de modelos abiertos.
Balance parcial y perspectivas
Lo ocurrido con Anthropic probablemente será recordado como uno de los primeros episodios en los que una gran potencia intervino de forma directa sobre el desarrollo de un modelo avanzado de IA, no mediante una ley específica sino apelando a instrumentos propios de la seguridad nacional.
Más allá de las circunstancias particulares del caso, el episodio deja una conclusión difícil de ignorar: la inteligencia artificial ha dejado de ser considerada únicamente un motor de innovación económica para convertirse en una infraestructura cuyo control comienza a formar parte de la estrategia de los Estados.
La cuestión ya no parece ser si habrá regulación, sino bajo qué lógica política se ejercerá ese control. Y es precisamente ahí donde aparece la verdadera diferencia entre las grandes potencias.
Mientras EE.UU. intenta construir un sistema de supervisión sobre la marcha, condicionado por las urgencias de la competencia tecnológica, otros actores han seguido un camino muy distinto.
Comprender esa diferencia resulta indispensable para entender cómo podría configurarse el nuevo orden internacional en torno a la inteligencia artificial y la disputa por la supremacía global. Trataremos de abordarlo en la próxima entrega de esta serie de artículos sobre “Nuevas arquitecturas de poder”.
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