Para los argentinos, que estamos acostumbrados a que los presupuestos nacionales se prorroguen, se modifiquen mediante superpoderes o se manejen a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU), la idea de que la principal potencia americana directamente "cierre" la administración pública por falta de acuerdo político suena a ciencia ficción.

Sin embargo, el “government shutdown” (cierre del gobierno) es una herramienta legal y política muy real en Estados Unidos, que ahora el gobierno de Javier Milei prometió imitar aquí en Argentina.

“En el armado del shutdowndel Poder Ejecutivo, de la política, cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, dijo de manera algo confusa el presidente días atrás en el streaming oficialista Neura, donde también anunció la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

Para entender un poco mejor de qué se trata, intentaremos resumir cómo funciona y por qué genera tantas críticas esta herramienta, que se aplicó en EE.UU. por última vez el año pasado con una duración de cuarenta y tres días.

¿Qué es el "shutdown" y cómo funciona?

En EE.UU., el Congreso es el único que tiene la llave de la billetera del Estado. Por ley −Antideficiency Act (Ley de Antideficiencia, equivalente a una ley “contra el déficit”)−, es un delito federal que las agencias del gobierno gasten dinero que el Congreso no haya aprobado explícitamente.

Si llega el inicio del año fiscal (1 de octubre de cada año) o se vence un presupuesto temporal y los legisladores no se ponen de acuerdo para aprobar una nueva ley de financiamiento, el gobierno se queda técnicamente "sin fondos". Al no tener autorización legal para gastar, la administración pública tiene la obligación de “apagar los motores”.

Cuando esto ocurre, el Estado se divide en dos categorías:

* Servicios esenciales: Personal militar, controladores aéreos, agentes de fronteras, médicos de hospitales federales y policías siguen trabajando, pero lo hacen sin paga mientras dure el cierre.

* Servicios no esenciales: Cientos de miles de empleados administrativos, personal de parques nacionales o agencias de trámites (como pasaportes) son enviados a sus casas bajo una licencia forzosa, sin cobrar un centavo durante ese bache.

Por una ley federal de 2019 se determinó que, ante cualquier shutdown futuro, todos los empleados afectados (tanto esenciales como no esenciales) tienen el derecho legal garantizado a recibir su pago retroactivo en la fecha más cercana posible a la reapertura del Estado, independientemente del calendario habitual de cobro, ya que anteriormente el pago dependía de una ley específica del Congreso.

La gran diferencia con Argentina radica, entonces, en que en nuestro país, si el Congreso no aprueba el presupuesto, el Poder Ejecutivo simplemente prorroga el del año anterior, como también puede reasignar partidas, y el Estado sigue funcionando. En EE.UU. esa opción no existe de forma automática; si no hay ley, la persiana se baja.

El uso político y sus efectos negativos

Aunque originalmente el mecanismo buscaba forzar la responsabilidad fiscal del Congreso, con los años se ha convertido en una de las dinámicas más disfuncionales de la política estadounidense.

1. El secuestro de la gestión pública.

Hoy en día, el shutdown no siempre ocurre por una discusión técnica sobre números o déficit. Se utiliza como un mecanismo de extorsión política. Sectores políticos usan el cierre como una toma de rehenes: amenazan con congelar elfuncionamiento del país a cambio de alguna ley o política muy específica que nada tiene que ver con el presupuesto (por ejemplo, fondos para el muro fronterizo, reformas de salud o recortes).

2. Un costo económico absurdo.

Paradójicamente, cerrar el gobierno para "ahorrar" o exigir disciplina fiscal, termina saliendo mucho más caro. Se paga por no trabajar. Como dijimos, cuando el gobierno reabre, se les debe pagar la totalidad de los sueldos retroactivos a los empleados que fueron suspendidos. Es decir, el Estado gasta millones de dólares en salarios por días donde la productividad fue cero.

La parálisis frena, a su vez, contratos de infraestructura, congela créditos para la actividad económica y reduce el consumo de los empleados públicos afectados en su bolsillo.

3. El desgaste del trabajador como daño colateral.

La peor parte se la llevan los ciudadanos y los empleados públicos de rangos medios y bajos. Vivir semanas sin saber si vas a poder pagar el alquiler o el supermercado, mientras la dirigencia política debate en televisión, erosiona profundamente la confianza en las instituciones. El empleado estatal se convierte en la moneda de cambio de una pelea de elite.

El laberinto legal argentino de la propuesta

En resumen, lo que se presenta como una "regla fiscal heroica" suele terminar como un capricho político que daña la economía real, a las personas y las instituciones.

¿Es viable o útil aplicar un "apagón estatal" en una Argentina ya golpeada? El debate recién empieza, pero por lo pronto el abogado constitucionalista Diego Armesto aseguró a la Agencia Noticias Argentinas que en caso de aprobarse un proyecto de este tipo, “la Ley de Administración Financiera quedaría en una irracionalidad. Se podría hablar de que existe una norma irrazonable. La Constitución ilumina todo el ordenamiento jurídico y la normativa tiene que estar de acuerdo con la Constitución. Esta idea de cerrar el gobierno sería, específicamente, una incongruencia con la actual ley”. Atento a esto, desde el Gobierno deslizaron a la periodista Paula Rossi (diario La Nación) que estarían previendo que, para habilitar el shutdown, se deba también incluir una modificación de la ley de administración financiera vigente.

A diferencia de los Estados Unidos, donde la Antideficiency Act penaliza el gasto sin fondos y permite licencias masivas, en la Argentina la jurisprudencia constitucional dictamina que el Estado no puede eximirse de sus funciones básicas (principio de la continuidad del Estado). Por este motivo, para que un proyecto de este tipo tenga algún tipo de validez, requeriría no sólo una ley del Congreso, sino una reforma profunda y estructural de la Ley de Administración Financiera, la cual aun así seguiría bajo el riesgo de ser declarada inconstitucional por los tribunales. Aunque sabemos cómo funcionan los tribunales por estos pagos.