Hace unos meses atrás, el gobierno nacional difundió un proyecto de ley denominado “de Libertad Educativa” que, prácticamente, deroga la pionera ley 1420 y la actual 26206 que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso Nacional, a fines de 2006.

Con este proyecto se cambia de paradigma. El Estado deja de definir, planificar y conducir las políticas educativas, para pasar a ocupar una función meramente subsidiaria. Las escuelas descentralizadas y los padres, -ahora responsables exclusivos de la educación de sus hijos-, se convierten en los actores principales del proceso enseñanza-aprendizaje.

Efectivamente, cada establecimiento educativo podrá elaborar su plan de estudio, determinar condiciones laborales, administrar recursos y trazar políticas de admisión, permanencia y disciplina. Por su parte, un Consejo de Padres tendrá facultades para intervenir en el nombramiento y remoción de directivos y personal docente.

Se reemplazan los diseños curriculares por la implementación de contenidos mínimos y se incluye la libertad académica. Es decir, cada uno podrá enseñar lo que quiera, sin ningún requisito de formación ni lineamientos pedagógicos.

Con la aplicación de esta norma no será necesaria una institución escolar para formar parte del sistema educativo. Se podrá impartir conocimiento en el hogar, a través de la modalidad híbrida e incluso fijando contratos con entidades extranjeras. Se instaura así un mercado privado de enseñanza, sin injerencia del Estado.

Al reducir la educación a un servicio esencial, toda restricción a este principio tendrá que ser “fundada”, con lo cual se despoja a los docentes del derecho a huelga derogándose, lisa y llanamente, el Estatuto Docente.

En cuanto al financiamientose transfiere el mismo a las provincias. Se suprime el 6% del presupuesto nacional y se introducen criterios de eficiencia y resultados para la asignación de recursos. A su vez, se desmantela la educación técnica profesional, la ciencia y tecnología, el nivel superior y los sistemas de becas.

En síntesis, se desguaza el sistema educativo, desaparecen los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derecho, se precariza a los trabajadores y se extingue la escuela como proyecto colectivo.

Es más, la educación queda librada a la regulación del mercado y al negocio de las plataformas digitales como -por ejemplo-, las que lucran con los sistemas de capacitación y evaluación. En otras palabras, el conocimiento se privatiza y deja de ser un bien social para transformarse en un producto para el “desarrollo de la libertad personal.”

En la Argentina la escuela pública es el resultado de la democracia política y social. Construyó ciudadanía, mejoró las condiciones de vida y permitió que, en los últimos años, aumente considerablemente el número de familias cuyos hijos e hijas representan la primera generación de egresados universitarios.

Con esta ley no se mejora la educación, ni con la flexibilización laboral se crean nuevas fuentes de trabajo. Todo lo contrario. Se ajusta, se empobrece y se quitan y cercenan los derechos fundamentales del trabajador. Porque en el espíritu de esta última yace, precisamente, la remanida farsa del derrame. Es decir, esa vieja idea de progreso de seguir sacrificando generaciones de argentinos en pos de un bienestar que nunca llega.

Es un progreso a costa del otro, nunca a expensas del grupo dominante que más se beneficia. Ya no es sólo hacer desaparecercomo en la última dictadura, militar, es dejar morir…dice Pilar Calveiro.

Entonces, para un país dependiente como el nuestro, con un gobierno que sólo aspira a destruir la industria, a eliminar la investigación científica, a vender productos primarios sin valor agregado y a poner al servicio del capital extranjero todos nuestros recursos, no se requiere una educación para la justicia social y el desarrollo nacional.

Hace unos días atrás un chico de 15 años de una escuela secundaria de Santa Fe sacó una escopeta de su mochila, hirió a varios y mató a otro de 13 años. Me pregunto: ¿esta es la ley que necesitamos? ¿Esta es la legislación que reclama la gente para reconstruir una sociedad rota, como reflexiona Carina Kaplan, que está conduciendo a los niños y jóvenes al abismo vincular? ¿La salida, es el individualismo y el sálvese quien pueda? Claramente, no es el camino; porque estamos en presencia de leyes importadas que nada tienen que ver con nuestra historia, con nuestro pueblo y con la trayectoria y los logros de más de 100 años de escuela pública.

Aun así, como docentes, como profesionales del conocimiento, como integrantes del campo nacional, democrático y popular estamos obligados, -a pesar del avance de estas políticas reaccionarias y antinacionales-, a construir con nuestros alumnos otros mundos posibles y a continuar luchando para que ser argentino,como señala Pablo Pineau, citando a Beatriz Sarlo, siga siendo acceder a una escuela pública de calidad, ser ciudadanos con derechos y tener un trabajo digno.