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Cuando están por cumplirse 50 años -será dentro de pocas semanas, el 24 de marzo próximo- del golpe militar-cívico que dio comienzo a la dictadura genocida (1976-1983) en Argentina, las clases oligárquicas locales y la dominación de Estados Unidos sobre nuestro país y el conjunto de América Latina, están logrando lo que siempre quisieron.
Tuvieron que pasar cinco décadas, es decir la mayor parte de la existencia vital de cualquier ser humano en la Tierra -según la probabilidad de vida-, hasta que los intereses de las élites económicas y sociales argentinas y asimismo la estrategia imperial estadounidense para el Sur continental, pudieran alcanzar sus objetivos de la forma en que lo están haciendo en los primeros meses de 2026.
El modelo de sociedad pretendido por los sectores dominantes locales y extranjeros es el mayor libertinaje capitalista posible, aunque siempre denominado con palabras encubridoras y elegantes.
En el caso nacional, el máximo jerarca civil de la dictadura, José Martínez de Hoz, afirmaba que su propósito era lograr “una economía abierta, libre y competitiva”. Javier Milei, más directo y explícito, proclama que su ideal es el “capitalismo de libre empresa”.
Más allá de las palabras, las fuerzas que han impuesto sus privilegios y ambiciones contra el conjunto de la población a lo largo del tiempo -salvo en periodos que fueron excepciones-, utilizaron distintos tipos y métodos de violencia militar-policial, económica, judicial, propagandística y/o de cualquier otro tipo, en función de cómo estuvieran/estén planteadas las disputas por el reparto del poder y las riquezas en cada situación específica y momento histórico.
Lo que ocurre hoy en nuestro país, por ejemplo la sanción de la ley patronal que arrasa derechos y conquistas de las/los trabajadoras/es -llamada de forma engañosa “reforma laboral” o “modernización laboral”-, es un saqueo gigantesco contra una gran mayoría de familias argentinas, a favor de la rentabilidad y el lucro empresariales.
Los orígenes del poderío que permite llevar a cabo semejante ataque se remontan a la etapa de acumulación capitalista iniciada 50 años atrás. La misma está basada en la renta financiera, en desmedro de la producción. Los/las especialistas suelen llamar al modelo que predomina desde entonces como “financiarización de la economía”.
La expresión más persistente de esa catástrofe fue/es la deuda externa que luego pagaron -y siempre están/estamos pagando- las siguientes generaciones. El otro efecto económico-social más arrasador para el país en el largo plazo -aunque tuvo momentos de excepción, en particular durante el kirchnerismo-, ha sido el cierre masivo de fábricas durante la dictadura, y la consecuente pérdida de puestos de trabajo formalizados, estables y muchas veces bien remunerados.
Desindustrialización y deuda externa
Un estudio realizado a fines de 2025 y resumido en un texto periodístico, señala que desde mediados de la década de los años ‘70 y hasta 2024 “la producción industrial per cápita cayó 17,6 por ciento. (…) Al mismo tiempo, la industria perdió peso dentro de la economía: pasó de constituir cerca del 30 % del Producto Bruto Interno (PBI) a representar alrededor del 18 por ciento”. Pero “no solo perdió importancia relativa sino que retrocedió en términos absolutos”, en un proceso muy distinto al de otros países.
El artículo explica que “a diferencia de lo ocurrido en gran parte de las economías occidentales, donde la industria perdió participación relativa dentro del PBI porque los servicios crecieron más rápido, en Argentina la actividad fabril se redujo también en tamaño. Es decir, (hoy) se producen menos bienes industriales por habitante que hace cinco décadas”.
(El tema fue comentado en el portal Infobae, a partir de un estudio de “Fundar Argentina”. Esta institución, creada en 2020, se define “ante todo como una organización de personas comprometidas. No somos neutrales: nos rebelamos contra la desigualdad y el estancamiento. En un contexto que muchas veces invita al pensamiento mágico y a la conspiración del desaliento, (…) creemos que hay otro futuro posible y trabajamos para construirlo”. Acceso a la página web de “Fundar Argentina”).
(El texto periodístico aquí referido, es de diciembre pasado e incluye varias opiniones. Una de ellas pertenece al empresario Daniel Rosato, presidente de “Industriales Pymes Argentinos”, IPA. El dirigente dijo que “a partir del periodo 1976-1981 comenzó la decadencia. Hubo endeudamiento externo, también apertura indiscriminada de importaciones, y se cerraron fábricas grandes e importantes. Muchas industrias nunca se volvieron a recuperar”. Publicado por Infobae dentro del artículo titulado “50 años de retroceso: las claves de la caída de la producción industrial argentina”. Nota del 22/12/2025).
Por otro lado, un informe que está accesible a través del portal “ABC” -portal con fines educativos editado por la dirección general de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires-, destaca algunas consecuencias económicas y sociales de la época dictatorial, las cuales empezaron en el año anterior al golpe de Estado debido al plan denominado “de ajuste” que aplicó Celestino Rodrigo, ministro de Economía de la presidenta María Estela Martínez de Perón.
“El incremento del desempleo en el sector industrial alcanzó el 35 % entre 1974 y 1982”, y además hubo “un aumento de la población ocupada en el sector servicios. La pobreza fue en ascenso como producto de la reducción del nivel de ingresos del sector asalariado. Entre 1976 y 1980 (dicho nivel de ingresos) descendió en un 40 %”.
Al mismo tiempo, “la deuda externa creció un 364 % durante la dictadura, pasando de 9.700 millones de dólares en 1976 a 45.100 millones de dólares en 1983”.
En el último tramo del régimen genocida, el presidente del Banco Central (por ese entonces un joven economista de 35 años de edad) Domingo Cavallo, “estatizó la deuda de los empresarios privados”. Como información de máximo valor educativo sobre la historia reciente de nuestro país, la fuente pública antes mencionada ofrece “un listado de las empresas que se beneficiaron socializando su deuda a toda la población argentina, aunque no los beneficios obtenidos” a partir de ese endeudamiento. (Portal “ABC”. Sitio Especial 24 de marzo, tema “deuda externa”).
De la inflación de la dictadura a la “híper”
A mediados de 1982, luego de la derrota militar en la guerra de las Malvinas (que transcurrió desde el 2 de abril de ese año hasta la rendición formalizada dos meses y medio después, el 14 de junio), la dictadura se vio obligada a convocar a elecciones.
La jornada de votación tuvo lugar el 30 de octubre de 1983. Cuarenta días más tarde, el 10 de diciembre asumieron -tanto en el gobierno de la Nación como en el Congreso, y asimismo en las provincias y sus respectivas Legislaturas, e igualmente en cada municipio del país- los/las representantes surgidos/as del voto ciudadano.
Raúl Alfonsín (candidato de la Unión Cívica Radical, UCR), fue el primer presidente de la República en la pos-dictadura. Como jefe de Estado durante una etapa de reconstrucción democrática bajo amenaza de la corporación genocida recién desplazada del poder, tuvo que afrontar además los efectos devastadores que el régimen de facto había provocado en la economía nacional y en la calidad de vida de las mayorías populares.
Durante el ‘83, último año del aparato de terror militarista, el aumento de precios superó el 430 % (cuatrocientos treinta por ciento). (Pueden verse este y muchos otros datos en un comentario publicado hace tres años por la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con la firma de su director, el economista Manuel Oyhamburu. El texto se titula “Eventos inflacionarios disruptivos en Argentina”. Artículo del 11-05-2023).
Pero el gobierno alfonsinista terminó en una híper-inflación aún mayor, y por lo tanto en un colapso económico y social. En ese contexto, el mandatario acordó con su sucesor elegido, Carlos Menem, que le entregaría el mando cinco meses y medio antes de la finalización del plazo constitucional. Así, el recambio presidencial se realizó el 8 de julio de 1989 (en lugar del 10 de diciembre, que era la fecha prevista según la Constitución).
Ese mes de julio, en una época de alta inflación en muchos países del mundo, Argentina fue un caso extremo. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepaba al 3.600 % (tres mil seiscientos por ciento) en la medición de los últimos doce meses (es decir, interanual). Y al terminar 1989, el índice interanual de diciembre llegó a casi el 5.000 % (cinco mil por ciento). (Pueden verse cifras detalladas que publica la plataforma “Expansión”, especializada en economía internacional y editada en España. (Información de “Expansión-DatosMacro.com”).
Once años, y despuésel estallido
Menem fue el primer presidente que destruyó al Estado desde adentro. Pero nunca lo dijo, a diferencia de Milei. (Para documentar las decisiones que adoptó el mandatario que gobernaba nuestro país hace tres décadas, resulta esclarecedor un diálogo de ese entonces con la conductora del programa “Almorzando con Mirtha Legrand”. Material accesible gracias a “Archivo Prisma”, una extraordinaria fuente histórica creada y resguardada por Radio y Televisión Argentina, RTA. El fragmento audiovisual disponible en Youtube dura casi 4 minutos. Video publicado el 28/10/2015).
Al cabo de los primeros meses de la gestión menemista hubo otro pico de híper-inflación. Después, al comenzar 1991 el presidente designó como ministro de Economía a Domingo Cavallo, el mismo que había estatizado la deuda externa privada en la dictadura. Como funcionario del gobierno democrático, fue el inventor de la equivalencia entre las monedas de Argentina y de Estados Unidos, llamada “convertibilidad”: 1 peso = 1 dólar.
El esquema exigía que el 100 % de la base monetaria del país, es decir el dinero circulante más los depósitos en el Banco Central, tuvieran un respaldo equivalente en reservas. Ese propósito se alcanzó, en los primeros años, con los dólares que ingresaron por la venta de empresas públicas a grandes capitalistas locales y extranjeros. Cuando no entraron más dólares por privatizaciones. se sostuvo con un nuevo ciclo de deuda externa impagable.
Sobre esa base, Menem y Cavallo consiguieron que la inflación bajara drásticamente a partir del ‘91. Para mediados de esa década, el entonces presidente declaró que había “inflación cero”. La desocupación admitida oficialmente ya había pasado el 17 %. (Información del diario Clarín, nota del 02/01/1997).
La “convertibilidad” se prolongó en los dos primeros años de la gestión de Fernando de la Rúa (candidato de la Unión Cívica Radical que ganó la elección de 1999). El sistema estalló en diciembre de 2001, cuando los ahorristas descubrieron que los bancos no entregaban los dólares que ellos habían depositado o creían tener.
Argentina tampoco tenía fondos para afrontar la deuda externa acumulada. Por eso entró en cesación de pagos, situación que en los discursos públicos se denomina con la palabra del idioma inglés “default” (traducible como “no pagar”).
Deuda renegociada y vuelta a empezar
El pasivo de la Nación fue renegociado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina. La primera etapa tuvo lugar en 2005 y la segunda en 2010. En ambos procesos se logró bajar el capital exigido por los acreedores, reducir los intereses y alargar los plazos de pago.
Además, al comenzar 2006 fue cancelada por completo la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que de ese modo quedó en cero dólar (U$D 00,00) y así se mantuvo hasta la finalización del ciclo kirchnerista en diciembre de 2015.
Pero a partir de 2018, el gobierno de Mauricio Macri volvió a endeudar al Estado con esa institución extranjera, que le otorgó un préstamo -el cual debe ser afrontado por el conjunto de la sociedad a lo largo de varias generaciones- por orden del entonces mandatario de EE.UU., Donald Trump. Y este año, como se sabe, en su segunda presidencia Trump volvió a ordenar que se entreguen dólares en forma de préstamo del FMI, esta vez para salvar a la ultraderecha que encabeza Milei.
Hoy, Argentina es el país del mundo que más le debe al Fondo Monetario. El gigantesco pasivo está calculado en U$D 57.000 millones (cincuenta y siete mil millones de dólares). (La cifra acaba de ser destacada en un artículo del portal “Política Argentina”, nota del 20/02/26).
Simultáneamente, días atrás se supo que durante la etapa mileísta iniciada en diciembre de 2023-, se perdieron más de 327.000 empleos formales y cerraron 22.000 empresas. Los datos surgen del Boletín Estadístico de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT). (Información del portal El Destape, nota del 14/02/26).
El régimen que actualmente controla a Argentina, está generando -desde el punto de vista económico y social- los mismos daños que provocó la dictadura al menos en dos aspectos cruciales: la destrucción del trabajo industrial y la deuda externa infinita.
La ofensiva está a punto de obtener la sanción de la llamada “reforma laboral”, que las élites empresariales hasta el momento no pudieron conseguir. También pretenden que el Congreso apruebe la modificación de la ley de Glaciares, para favorecer negocios en la minería a costa de destruir bienes comunes de la naturaleza. (Acerca de este último tema, el diario cooperativo Tiempo Argentino publicó un esclarecedor texto firmado por Magdalena Odarda, diputada provincial en Río Negro. Nota del 19/02/26).
Para ejecutar semejante devastación, Milei consiguió respaldo mayoritario en las urnas, tanto en la votación presidencial de 2023 como en la elección legislativa de octubre pasado.
Sin embargo, mucho más allá del voto ciudadano, su poderío radica en el sostén que le proporciona EE.UU. en la fase militarista global conducida por Trump, que amenaza la paz en el mundo y de la cual el gobernante argentino es partícipe y beneficiario político. (Información del diario La Nación sobre el viaje de Milei a Washington en la semana recién transcurrida. Nota del 19/02/26).
A partir del golpe de Estado de 1976, las oligarquías locales y los altos mandos estadounidenses asaltaron los poderes públicos de Argentina e implantaron el terrorismo de Estado como forma de defender y expandir sus intereses. Actualmente persiguen los mismos fines aunque con otros métodos de dominación.
La situación se modificará en algún momento indeterminable del futuro, pero nadie puede saber cuándo ni cómo. Para ello habrá que esperar novedades tanto en nuestro país como en el contexto internacional.
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