Si Marcelo Berbel hubiera conocido las agachadas de José Ignacio Gerez, Pablo Vignaroli y Jorge Oberholzer, se habría dicho a sí mismo: “me quedé corto con Amutuy”.

“Vámonos que el alambre / y el fiscal / pueden más, Amutuy / sin mendigar”.

Amutuy, una hermosa canción que relata con profunda tristeza y cierta resignación la situación del pueblo mapuche, arrinconado por la avanzada del huinca sobre su territorio, luego de la mal llamada “Conquista del Desierto”. Con ésta se hicieron las masacres, las largas y mortales caravanas de prisioneros mapuches hacia Buenos Aires, con paradas en campos de concentración. Después de casi 100 años, se reinstalaba en nuestro país la esclavitud, abolida por la Asamblea de 1813.

La resignación que expresa la canción —“vámonos”, porque nada se puede hacer contra el poder político representado por “el fiscal” y el poder económico simbolizado por “el alambrado”— fue superada por la lucha del pueblo mapuche. Sin embargo, mientras existan gobiernos que piensen que la “neuquinidad” comienza con el Remington asesinando “indiadas”, los conflictos por la tierra con las comunidades mapuches seguirán vigentes.

Otros conflictos por la tierra también están presentes. Infinidad de veces, oportunistas amigos del poder o integrantes del poder real se quedan con tierras fiscales mediante artilugios legales o, simplemente, levantando un alambrado de prepo sobre campos ocupados por campesinos.

El desierto, que bajo su aridez guarda petróleo y gas, atrajo —o más bien, arrastró— a personas con grandes ambiciones económicas, por no decir con mucha avaricia.

Ser superficiario (dueño del terreno) garantiza una renta millonaria mensual depositada por las compañías petroleras en concepto de indemnización: por la afectación de la tierra, por el derecho de uso y por la imposibilidad de realizar otras actividades debido al impacto de la actividad hidrocarburífera. A esta indemnización se la conoce como pago de la servidumbre de paso.

Las categorías de tierras para calcular la servidumbre son dos: Tierras bajo riego, que se computan por hectárea, y Tierras de secano, campos sin riego, de bajo uso productivo o destinados al pastoreo extensivo. Esta última categoría es la más común, ya que gran parte de la meseta neuquina es árida. Se miden en Unidades de Superficie (US), donde una unidad equivale a 2.500 hectáreas. Según la zona, los superficiarios perciben entre 14 y 57 millones de pesos mensuales por unidad en concepto de servidumbre (Diario Río Negro, 06/06/2020 – Infoleg, Ministerio de Justicia de la Nación).

La periodista rionegrina Susana Lara publicó el 20 de septiembre de 2020 en El Cohete a la Luna que “un grupo de Neuquén armó y consolidó un modelo de negocios exitoso a partir de la apropiación de tierras rurales para el cobro del canon por las servidumbres a las actividades hidrocarburíferas, que contó con la participación activa de funcionarios públicos de la Fiscalía de Estado y de la Dirección de Tierras, y de al menos un juez del fuero civil”. Entre los involucrados en estas maniobras fraudulentas se mencionan: Juan Horacio Angiorama (titular de la Fiscalía de Estado durante el primer gobierno de Jorge Sobisch), las abogadas Vanina Sobisch y Zulma Viviana Trabucco, Arnoldo Raúl Capossio (martillero público en Neuquén y Río Negro), Roberto Daniel Ghezzi (agrimensor) y Jorge Eduardo Oberholzer.

El alambrado

Jorge Eduardo Oberholzer se apropió en menos de diez años de 51.300 hectáreas en seis operaciones distintas, acreditadas en una investigación judicial iniciada a partir de la denuncia de una víctima en la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública en el año 2000. Ver enlace

El juez Daniel Varessio cambió la calificación de los delitos, sobreseyó a la mayoría de los imputados y eliminó el cargo por asociación ilícita. Por su parte, el fiscal Pablo Vignaroli dejó vencer los plazos y la causa prescribió. El grupo logró la impunidad judicial en 2006.

Se promovió el pedido de juicio político contra Vignaroli, entre otros motivos, por la causa “Oberholzer, Jorge Eduardo y otros s/ negociaciones incompatibles con la función pública y estafa” (Expte. Nº 12.331), pero no prosperó. Hoy, Pablo Vignaroli continúa dentro del Poder Judicial, ratificado por la jefatura de José Ignacio Gerez. A los dos funcionarios no les tiembla el pulso a la hora de demostrar su sumisión al poder: allanan viviendas de dirigentes sociales innecesariamente y reprimen a comunidades mapuches cuando estas reclaman frente a la Casa de Gobierno, como lo han demostrado este año. (http://www.mpfneuquen.gob.ar/mpf/images/resoluciones/2019)

El fiscal

El jefe de quien garantizó la impunidad de Oberholzer, el Fiscal general del Neuquén José Ignacio Gerez, es un funcionario más preocupado por el protagonismo mediático y por demostrar su disciplina al poder que por lograr justicia efectiva.

Así ocurrió cuando Gerez, rápido para olfatear las pretensiones del poder real, se alineó al macrismo, sumándose a la persecución de la RAM, un grupo inventado y denunciado por Patricia Bullrich para instalar un supuesto “enemigo mapuche” y así avanzar sobre sus tierras. Ver enlace

El narcisismo del Jefe de fiscales dejó expuesta su ineficiencia como investigador en el doble femicidio en Las Ovejas ocurrido en abril de 2019. Un proceso plagado de irregularidades. Ver enlace

Gerez no duda en criminalizar la protesta social, procesando a mujeres por reclamar alimentos para comedores y merenderos, mientras asegura —sin sonrojarse— que aquello es una “invitación al diálogo” con el Ejecutivo, donde él actúa como intermediario. Ver enlace

Entre federalismo y provincialismo, Gerez opta por lo segundo. Ante el anuncio de comienzos de 2024 de la creación de una Fiscalía Federal especial para investigar casos de corrupción de funcionarios públicos, se opuso con firmeza. Claro que Milei tenía aún menos interés que él en concretarla, porque hasta el día de hoy no se llevó a cabo. Ver enlace

El jefe de fiscales tardó 13 años en presentar su declaración jurada patrimonial, y lo hizo solo después de ser intimado por autoridades judiciales y gubernamentales, para que cumpliera con la Ley 5 de 1958. Nadie le ha pedido explicaciones sobre por qué Jorge Eduardo Oberholzer le prestó 200 mil dólares, como figura en su Declaración Jurada.

Es sabido que Oberholzer, apropiador de tierras fiscales devenido terrateniente, recibe cifras millonarias de las petroleras en concepto de pago de servidumbres, dinero que retira sistemáticamente casi en forma simultánea a los depósitos en sus cuentas bancarias. Quizás convertirlo en efectivo le sea más práctico para seguir “prestando” dinero a otros funcionarios.