El secretario general de la seccional Alto Valle de “Apinta” (Asociación de Personal del INTA), Jorge Muñiz, denunció que mediante el decreto del gobierno de Javier Milei que modifica la estructura jurídica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria “están enmascarando el vaciamiento y desmantelamiento” del tradicional organismo de fomento de la producción agrícola.

“En el INTA no somos ‘ñoquis’, ni casta, ni grasa militante”, remarcó al representante de las y los trabajadores, quien destacó la “enorme bronca” que provocan acusaciones de ese tipo lanzadas entre otros por el ministro Federico Sturzenegger, el ejecutor de las políticas de destrucción de bienes públicos y desmantelamiento del Estado que además ponen en riesgo miles de puestos de trabajo.

El dirigente aseguró que en la provincia de Neuquén “quieren borrar” el Instituto de la Pequeña Agricultura Familiar con sede en Plottier, y advirtió que si dejan de existir las agencias de extensión rural en Chos Malal, Zapala, San Martín de los Andes, Picún Leufú y Centenario, el territorio neuquino “no tendrá más INTA” y eso “va a repercutir en la sociedad en general”.

Entrevistado por , Muñiz se mostró confiado en la respuesta judicial por el amparo y pedido de insconstitucionalidad que su gremio, junto con ATE, presentaron contra el decreto Nº 465, el cual pone fin a la autarquía del INTA y dispone que tendrá un presidente designado por el gobierno. Destacó que en el Congreso hay cuatro proyectos que proponen derogar el decreto, y reveló que es “enorme” el apoyo y solidaridad que reciben desde localidades de Río Negro y Neuquén.

-Para que se entienda la gravedad de la decisión del presidente Milei, ¿qué ha significado el INTA para la producción agropecuaria?

-Para la producción agropecuaria o agroindustrial del país, ha tenido una relevancia, desde su creación en el año 1956, muy importante. La impronta de profesionales que han sido reconocidos no solo a nivel nacional sino también internacional, se pueden contar por miles. Para que la población conozca lo que hacemos y cuáles han sido nuestros logros, lo resumimos en cien, a nivel país. Esto tiene que ver con la investigación que desarrollan las unidades experimentales o los centros de investigación que tenemos distribuidos en el país, y desde donde se genera el conocimiento y tecnología que son volcadas a través del servicio de extensión, con más de 300 agencias repartidas a lo largo y ancho de Argentina que, de alguna manera, ha tenido un impacto en el sector del sector agropecuario pero también en el peri-urbano y urbano a lo largo de nuestra historia.

-¿Qué cantidad de trabajadores tiene el organismo?

-Somos alrededor de 5.900 empleados a nivel nacional.

-¿Puede decirse, como señala el gobierno de los organismos estatales, que es un organismo deficitario?

-Si me hablás respecto de personal se puede decir que no, porque en la página de Argentina.com.ar el mismo gobierno nacional informa que la dotación óptima de nuestro organismo tendría que ser de 7.100 agentes. Por lo tanto estamos muy por debajo. Somos un organismo encargado de generar conocimiento, innovaciones tecnológicas, realizar convenios con instituciones nacionales, provinciales, municipales o internacionales, y llevar el desarrollo a cada una de las comunidades de nuestro país. No sé en qué seríamos deficitarios; es más una pregunta para hacérsela al gobierno y que realmente muestre los números como corresponde. Desde el punto de vista de un gremio de trabajadores en defensa de nuestros puestos laborales, ellos deberían decir dónde están esos componentes deficitarios que nosotros no los vemos reflejado ni en los argumentos comunicacionales que ha dado el gobierno a través de su ministro, Federico Sturzenegger, desde donde se emitió este decreto, ni de los funcionarios de la secretaría de Agricultura.

-El gobierno ha celebrado el despido de unos 55.000 empleados estatales, a quienes ha llamado “ñoquis”. ¿Consideran que en el INTA también hay “ñoquis”?

-Eso provoca una enorme bronca por parte de los trabajadores y trabajadoras de los diversos organismos porque se habla muy livianamente de esto. En el INTA, en febrero pasado, se presentó una propuesta en la que se hace referencia al cierre de agencias de extensión, que tenemos distribuidas en el país, más los institutos de agricultura familiar y otros centros de investigación. Ahí se habla del pase a disponibilidad de más de 1500 agentes. La verdad, no les importa qué título tenés, cuál es tu formación, o qué tarea desarrollás. Lisa y llanamente son 1500 personas. Entonces hablar de “ñoquis”, casta o grasa militante, todas esas cosas que diariamente en los actos comunicacionales de los medios masivos, a través de estos aparatos paraestatales con comentarios en medios gráficos o de otra índole, generan mucha bronca e indignación. Pero entendemos que a través de nuestras acciones como gremio y como institución, de alguna manera estamos poniendo de relieve todo lo que hacemos; que no somos ni ñoquis, ni casta y nada de eso. Eso está en otros lados. Me gustaría saber por qué el ministerio de Manuel Adorni tiene dos veces y media más de empleados que todas las agencias del Alto Valle. Quisiera saber qué hacen, cuáles son sus funciones y qué dejan como superávit.

-¿Qué alcance tiene el decreto del presidente de desguace del INTA, y cómo quedaría finalmente el organismo?

-El decreto que se presentó el 8 de julio, pocas horas antes del vencimiento de las facultades delegadas que tenía Sturzenegger, es un decreto que tiene en su articulado dos temas que son, para nosotros, cruciales. Uno, tiene que ver con la gobernanza de nuestra institución, que se hacía a través de un consejo directivo que tenía voz y voto en todo lo que tiene que ver con las estrategias y planes institucionales a mediano y largo plazo, que hacían que el INTA esté presente en el territorio. Ese consejo directivo pasaría a ser un consejo técnico, meramente consultivo. Y otra cuestión particular de uno de sus artículos tiene que ver con la concentración del poder en una sola persona, que sería el presidente de la institución, en este caso Nicolás Bronzovich, quien pasaría a tener el rango de secretario con poderes plenipotenciarios en torno de las cuestiones operativas, de la creación de institutos, de centros regionales. Vemos con suma preocupación el alcance de este decreto. Hay cuestiones transitorias, anexas, que tienen que ver con que al pasar a ser un organismo desconcentrado, ya no con autarquía financiera y de nuestra gobernanza, perdemos un rango jurídico porque pasamos a ser parte de la secretaría de Agricultura, lo cual como trabajadores nos preocupa ya que abre la puerta para un ajuste en la dotación de personal y al cierre de estructuras que no consideren: por ejemplo, dentro del decreto no hablan de Extensión del INTA, siendo que es parte de la ley de creación el 4 de diciembre de 1956. Son todas cuestiones que van saliendo del propio decreto, que también hace referencia a que el personal mantendrá su categoría y su puesto laboral hasta tanto se reorganice la estructura. Algo totalmente indefinido. El lunes presentamos un amparo junto con ATE en el juzgado nacional de Trabajo pidiendo la nulidad del decreto, la inconstitucionalidad, y haciendo eje en que están enmascarando una situación de vaciamiento y desmantelamiento de nuestra institución.

-¿Tienen expectativas de que la justicia avale el amparo, teniendo en cuenta que el presentado por los trabajadores de Vialidad frenó el decreto de cierre?

-Esta semana estuvimos reunidos con el equipo legal nuestro, de Apinta a nivel nacional. Nuestro abogado, Javier Ortega, nos ha comentado que la presentación es sólida; tiene un cuerpo de 54 páginas. Se están metiendo no solo con la creación del INTA, con aspectos que son a nuestro criterio inconstitucionales y enmascarando esta situación, sino con la propia ley Bases. Nosotros estamos diciendo que esto se va a vaciar, se va a desguazar y vamos a seguir el camino de otros institutos como lo fue el Inafci (Instituto Nacional de la Agricultura Familiar), que en uno de sus apartados habla de la disolución, que se dedicaba a la agricultura familiar y que fue vaciado, y en el mismo tiempo que salía el nuestro y dentro del cuerpo del decreto 462 habla de la disolución. Vamos a seguir ese camino si no contamos con una respuesta positiva de la Justicia y una respuesta positiva del Congreso, donde hay presentados cuatro proyectos para derogar este decreto. Por lo pronto las expectativas nuestras son altas. Creemos que la Justicia tiene que dar un veredicto favorable y estamos a la espera de eso.

-¿Si ese decreto avanza se podrán hacer investigaciones?

-Hoy estamos en una situación de parálisis funcional muy grande. Tenemos una cartera importante de proyectos. Todos los años, a partir de lo que se elaboraba en el Consejo Directivo, se definían los lineamientos. Se sabía lo que se tenía que hacer y había informes trimestrales. Eso no está más. La dirección nacional del INTA dejó de cumplir funciones. Todo lo que operativizaba no está más. Con lo cual estamos en un grado de parálisis mayúsculo y temiendo lo que va a pasar más adelante, porque no es solo la investigación. Acá se quiere hacer eje sobre la extensión del INTA. Para dar una idea, vamos a hablar de la provincia de Neuquén. Si dejan de existir las agencias de Chos Malal, Zapala, San Martín de los Andes, Picún Leufú y Centenario, y además quieren borrar el Instituto de la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF) que tiene sede en Plottier, Neuquén no va a tener el INTA dentro de su provincia. Y no es que una provincia a través de sus carteras de producción puede reemplazar el trabajo que hace el INTA. Ni siquiera esto ha sido consultado con las autoridades provinciales. Por lo tanto es de una gravedad institucional mayúscula que va a repercutir en la sociedad en general. Lo tenemos muy claro.

-¿Qué opiniones han logrado, los trabajadores del INTA, de los productores agropecuarios que han utilizado los servicios del organismo desde su creación en 1956?

-Hace tres días nos cortaron las líneas telefónicas de celulares que teníamos para atención a los usuarios. Desde ahí, un montón de mensajes a través de otros canales, como pueden ser digitales de las páginas nuestras en Facebook o Instagram o con mensajes particulares, han demostrado que están preocupados. No sabían por qué habían dado de baja a los teléfonos. Y eso habla de que hay una preocupación real. En cada acción que estamos llevando adelante en las localidades de Río Negro y Neuquén, las muestras de apoyo, la solidaridad que hemos recibido, las redes de apoyo de organizaciones de pequeños productores, de agriculturas familiares, organizaciones intermedias y sociales, de movimientos políticos, ha sido enorme. Es por eso que estamos en el punto en que estamos, y la envergadura de lo que se ha generado en torno a nuestro organismo.

-¿Los gobernadores de Río Negro o de Neuquén se han expresado?

-En particular Alberto Weretilneck ha tenido una reunión con nuestra directora regional, Mariana Amorosi, en la que le ha expresado su preocupación sobre la situación actual del INTA. Esperamos que los legisladores de Río Negro actúen en consecuencia en el Congreso al momento de tratar los proyectos de derogación del decreto Nº 462 que están presentado. En el caso de la provincia de Neuquén, se han mantenido contactos. Se han manifestado a través de diferentes canales la preocupación y, lo mismo que para Río Negro, esperamos contar con el apoyo de los legisladores neuquinos en las dos cámaras para que este programa de ajuste sobre nuestro organismo no sea viable y se dé marcha atrás.