Es deseable, y dentro de lo dramático, gratificante que los medios y la población se pronuncien acerca de la reciente proscripción en democracia aplicada a Cristina Kirchner.

Ha sido tan manipulado el expediente en base al cual se la condena, que una reacción popular inmediatamente o con pensada demora y continuidad, es de esperar porque los autores, verdaderos delincuentes de la maniobra, no deben olvidarse. Ni sus nombres ni las características de su proceder.

Se trata de una proscripción alentada desde el gobierno, aunque se diga para desincriminar, que Milei deseaba competir electoralmente con Cristina porque eso aseguraba su triunfo. Entre los nombres de los autores que deben ser mencionados y desde los poderes económicos que inventaron la patraña, se encuentran los de Iguacel y Lorenzetti, Desde Macri hasta los fiscales, que actuaron permanentemente guionados y con total impunidad.

Fue un auténtico Lawfare, revestido en su mendacidad de una clara maniobra del poder político y judicial, que habilita además, una difamación humillante por parte de personajes públicos sin autoridad moral, en contra de la ex vicepresidenta.

Este aspecto ha sido la manifestación más despreciable de un grupo abocado a configurar contra un personaje público, una maniobra delictiva de consecuencias sociales y políticas impredecibles.

El juicio no contiene las evidencias imprescindibles para aplicar una condena de 6 años e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos a una ex presidenta a la que no se le pudo sostener una sola prueba en su contra como no fuera la discrecionalidad y tendenciosidad con que se manifestaron los tres jueces de la Corte Suprema. El objetivo fue siempre excluir a la principal figura de la oposición peronista del acto eleccionario que tendrá lugar en octubre próximo.

El antiperonismo de una clase social tiene aún una vigencia ostensible y enorme influencia en la política argentina. Desde 1945 en adelante y aún antes de esa fecha, no desmayó en tomar actitudes antidemocráticas, difamar a sus dirigentes y proscribir a sus líderes para evitar el triunfo de dicho movimiento popular en las urnas.

La estirpe discriminadora, clasista y antinacional afloran de los poderosos grupos que planearon esta maniobra y como no se puede esperar que la justicia rectifique el camino deliberadamente sesgado de la situación, se ha optado por respaldarse en la impunidad para sostener un fallo que indigna y rebela.

El pueblo escarmentará a los responsables y los pondrá en el lugar de los canallas, como se hace con aquellos que han tomado a la Justicia como un instrumento de venganza, que envilece la confianza de la población en las instituciones democráticas.