El núcleo conceptual de esta nota reside en que el carácter de clase de un Poder Judicial no se mide tanto por lo que acontece en el derecho penal sino, básicamente, por las decisiones que se toman en el marco del derecho del Trabajo.

Aun así, es claro que un Estado de derecho sin Corte Suprema, más que Estado de derecho es una democracia devaluada. Un triunvirato en vez de un tribunal judicial de máxima jerarquía hace de la Argentina un país ciertamente exótico, en el cual unos medios de prensa agravan las cosas gritando ¡al ladrón, al ladrón...!!!, para que no se note y para que no se sepa cuál ha sido el "bien común" por el cual han abogado desde los orígenes y que, llegado el caso, y cuando el desquicio institucional requirió de soluciones anómalas, no le hicieron asco, incluso, a mirar para otro lado cuando apareció una banda de marginales a los que la rueda de la fortuna y las insuficiencias que nunca faltan, empujaron a un lugar de poder que no sólo no esperaban sino que tampoco terminan de entender del todo cómo funciona ese lugar de poder y qué se puede hacer allí, y qué no. En todo caso, elegir y ser elegido parecen ser el alfa y el omega del sistema democrático. Es de dudosa constitucionalidad impedir a un ciudadano lo uno o lo otro. Pues, ¿por qué impedirle a un ciudadano ser elegido no sería un atentado al "orden institucional" y el "sistema democrático" a los que se refiere el artículo 36 de la Constitución?

A mayor abundamiento, juzgar dos veces por el mismo delito (la materia jurídica de la "causa Vialidad" ya había sido objeto de consideración judicial en la provincia de Santa Cruz) es una línea roja tanto como lo es sancionar un delito en un caso y absolver por el mismo delito, en otro. Lo primero significa violar una garantía constitucional aquilatada en la doctrina como principio non bis in ídem; lo segundo es, además de una flagrante incompetencia para la función judicial, un acto de discriminación contrario a la mejor legislación internacional en la materia. En el caso "parques eólicos" o en el caso "correo argentino", ni esta menguada Corte, ni la Casación han creído necesario pronunciarse. Se discrimina, de ese modo, a los justiciables. A unos se los sanciona. A los otros, se los beneficia con la morosidad de los procedimientos. Eso es política, no derecho. Y cuando la política entra por la puerta del juzgado, la justicia huye despavorida por la ventana, dice un viejo aforismo de cuño tribunalicio. El kirchnerista, si delincuente, es dos veces delincuente y sobre él recaerá "todo el peso de la ley". Si es no kirchnerista seguramente podrá beneficiarse de la benevolencia de unos jueces que más que aplicar derecho, hacen política.

Y la discriminación es inversamente proporcional a la educación. La discriminación es hija de la ignorancia generalizada, que la hace posible. Cesará o disminuirá la discriminación allí donde el pueblo sea culto e instruido. En caso contrario, se toleran transgresiones que pueden tener un efecto devastador sobre el cuerpo social de cara al futuro.

Con un Presidente que usa la sede del Ejecutivo para insultar desde allí a opositores políticos, a jefes de Estado extranjeros, a dignatarios globales y/o a periodistas, y con un insólito terceto haciendo las veces de Corte Suprema de Justicia, y sin medios de prensa que se hagan eco de semejante anomalía institucional, el consenso democrático que parecía haberse alcanzado en 1983 entra en un cono de sombras. Después de todo esto, y si el futuro depara violencias, que el diario La Nación y repetidoras no digan yo no fui.

El lenguaje masificado, que es el que cultivan los medios de prensa, ha solido abonar las catástrofes más espantosas. Bien entendido que este lenguaje no siempre prohija seísmos sino que, a veces, parece sano y equilibrado. Pero se trata de un equilibrio aparente que, como tal, esconde sofismas y mentiras en igual proporción. Veamos, cómo, volviendo al primer párrafo de esta nota.

Dice un diario argentino recientemente: (La justicia del Trabajo) es "un fuero en el que se mantiene vigente la influencia y el lobby gremial, aunque en menor medida que en tiempos del kirchnerismo...". Este es el sofisma, repetido sin reflexión, por hombres y mujeres que ejercen el periodismo fuertemente prejuiciados contra una de las opciones mayoritarias que ha ofrecido, históricamente, el sistema político argentino. Pues lo que hace esa "justicia laboral", no es lo que dice el periodista de La Nación, esto es, ceder al "lobby gremial"; lo que hizo, en este caso, la justicia laboral, es ceder a la Constitución Nacional, pues ante la "ley de leyes" debe ceder toda otra norma que, necesariamente, será siempre una norma de inferior jerarquía. Así funciona la forma de gobierno "republicana-representativa-federal" instituida por el art. 1° de la CN.

Oportunamente, la Cámara Nacional del Trabajo declaró inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. En particular, su capítulo IV tornaba aun más endeble la situación de la "parte más débil" de la relación laboral, es decir, el trabajador asalariado. Lo que quieren los empresarios, básicamente, es algo para lo cual cuentan con la "complicidad" del gobierno: despedir cuando ellos quieran y con mínimo costo. El sistema indemnizatorio argentino incrementa, en su óptica, los "costos laborales". Como el decisorio de la Cámara está ahora a consideración de los triunviros, el gobierno ha vuelto a la carga contra otro derecho consagrado en la Constitución: el de huelga, pero también aquí la Cámara del Trabajo, parece asumir en plenitud su deber-función de hacer efectivo el espíritu protectorio de la ley laboral tutelando a aquella parte "más débil" de la relación obrero-patronal. La Cámara del Trabajo le dio la razón al juez de primera instancia: el derecho de huelga no puede conculcarse.

Nada de esto satisface a las cámaras empresarias. La Unión Industrial Argentina (UIA), por caso, ya ha pactado con el gobierno que, como no puede "nivelar la cancha" (Paolo Rocca dixit) en el comercio con China del modo económicamente "sano", esto es, produciendo más calidad y a mejor precio, tal nivelación se intentará por el lado de la tierra arrasada con las conquistas y derechos de los trabajadores. Esto será para después de octubre, de modo que si esta calamidad que le ha tocado en suerte a los trabajadores revalida en las próximas elecciones, la "reforma laboral" será un hecho. Y como así se la ve venir la burocracia gremial, Héctor Daer, para no estar al frente de una batalla que no tiene vocación de librar, optó por abrirse y dejar el "balurdo" a quienes lo reemplacen. Con estos dirigentes a la cabeza, en suma, el estado de indefensión de los trabajadores es el más pavoroso en toda la historia de la clase obrera de este doliente país.

Sin conducción sindical a la altura de los desafíos y con una dirigencia política con programas de gobierno confusos (por decir lo menos), el futuro se hace presente en modo interrogación. Y todo parece ser, en suma, un tema de dinero, de costos y beneficios.

Así, la primera medida de un eventual próximo gobierno que no sea éste, debería ser auditoría general, ya...! Pues el país pide a gritos que dejen de robarle sus recursos tanto financieros como económicos. Un lote de marginales que halló en la política una salida laboral se la está llevando con pala. La ironía es que lo pueden hacer porque recibieron, oportunamente, un cheque en blanco de una masa amorfa, decepcionada y confundida que quería "un cambio" porque "así no se puede seguir", eso sin contar con las descalificaciones obscenas que graznaban en descampado y en banda antes de entregarle el país a unos lúmpenes que dicen que "no hay plata" ni para los médicos ni para los jubilados, aunque la haya para despilfarrar un presupuesto que reclama también a gritos un redireccionamiento de partidas para atender unas urgencias que ya no son sectoriales sino nacionales. La educación y la salud nunca son reclamos de parcialidades sino derechos adquiridos por y para toda la sociedad.

El robo de los recursos de un país no requiere de nocturnidad ni escalamiento. Puede hacerse a la luz del día y con el aplauso del auditorio. Un proyecto de país agrario y vendedor de producción primaria sin elaborar, es el modo que asume esta forma de robo. El hombre a cargo de la presidencia de la Nación argentina, acaba de firmar, en nombre de YPF, un acuerdo con la ENI italiana, para la provisión de gas licuado proveniente de Vaca Muerta. Eso es robarle recursos al país. Eso es vender recursos sin valor agregado. Eso es un país primarizado que renuncia a su soberanía energética. No ven un dólar ni en el cine. Están prácticamente en default; no hay divisas fuertes para el 2026 que es cuando vencen 27 mil millones de dólares. Y tratan de obtenerlos hipotecando la gestión de un futuro gobierno. Tomar deuda para juntar reservas es juntar reservas truchas porque es plata prestada. La reservas de los bancos centrales, si genuinas, han de provenir de la producción, para la cual hace falta una inversión extranjera directa medida en porcentaje del PBI. El "rigi" no entusiasma más que a Guillermo Francos.

Este es el contexto en el cual la política se despliega con "riesgo país" en alza. Pues nada está claro respecto al futuro no ya mediato, sino el de la semana que viene. Ha irrumpido el tema del indulto. Pero hay dos "obstáculos epistemológicos" que se oponen al indulto. El primero es que éste implica un perdón, es decir, no borra el eventual delito cometido, y la eventual indultada, aquí, es una persona que no ha cometido ningún delito pese a la "profusa prueba" en contrario que cita la sentencia condenatoria sin abundar en detalles. Resultaría de una estolidez palmaria aceptar un "perdón" por delitos cuya comisión fue negada, recurrentemente, a lo largo de todo el proceso penal.

El segundo obstáculo es que el indulto siempre debe tener carácter particular, es decir, debe estar referido a una persona, pues si beneficia a más de una, sería una amnistía encubierta, y aquí cabe la duda acerca de si quienes reclaman el indulto lo reclaman sólo para la ex Presidenta o también para los otros ocho condenados en la reciente sentencia.

En tanto, graznan a coro los medios decretando que CFK está "de final", "en decadencia" y así siguiendo, pero si tan en decadencia está para qué se ocupan de ella todo el tiempo, es la pregunta, salvo que tengan miedo de que la ex Presidenta, aun proscripta, se erija en insalvable alternativa política. Pero no parecen reparar en que lo reprimido suele retornar como síntoma. La cronificación de la inestabilidad política (tan perjudicial para los negocios) sería ese síntoma.

Kicillof, en tanto, que merece un respeto intelectual como pocos dirigentes en el peronismo, deberá volver sobre sus trémulos pasos y rectificar ese desdoblamiento tan insensato como perjudicial para el proyecto colectivo. Al parecer, lo asesoró Drácula, pero todavía está a tiempo de mirar, por una vez, al interés del conjunto. De lo contrario, el 7 de septiembre estará en la vidriera él solo para recibir las pedradas, sobre todo las que se refieren a la inseguridad, acerca de la cual Pablo Bianco no ha dicho nada y, ¡oh soberbia!, pretende que Cristina, entre otros, lo acaten "sin chistar". ¡Deplorable ofuscación...!