El 2 de abril de 2025 el presidente estadounidense Donald Trump, en su estilo entre pomposo y kitsch, anunció una catarata de aranceles a los bienes importados a los Estados Unidos.

Con la presentación de dos larguísimas tablas de aranceles específicos y recíprocos para casi todas las naciones del mundo, cumpliendo con una promesa que casi nadie estimaba posible, el imprevisible Donald pateaba el tablero del comercio internacional, dinamitando 50 años de políticas económicas neoliberales, al “no-sistema” monetario nacido en 1971 y quizás acelerando coloridamente el entierro de siglos de globalización y hegemonía euroatlántica.

La línea de base arancelaria era del 10% para cada país con valores notablemente mayores para algunos grandes exportadores como China, Vietnam, Tailandia, Indonesia y Taiwán (las naciones del Sudeste Asiático, hoy la “fábrica del mundo”) y establecía en promedio una tarifa del 26%, el arancel más alto en los últimos 130 años.

Significativamente la andanada alcanza a la exportación de bienes y no de servicios, el rubro que más ha crecido en el comercio internacional, a una tasa anual media del 5.4% (bien por encima de los bienes) siendo ya alrededor del 20% del intercambio global y donde los EE.UU. son un exportador neto.

Siete días después, el 9 de abril, en un nuevo y confuso anuncio, suspendió por 90 días las tarifas recíprocas para unos 70 países, dejando una tasa general en el piso del 10 %, mantuvo la del 25 % para México y Canadá y elevó a 125% los aranceles a los productos chinos.

La reculada parcial fue producto de una significativa caída de los Bonos del Tesoro (los que sostienen la estratosférica deuda estadounidense) encendiendo todas las alarmas, sumado al reclamo de bancos y conglomerados empresarios ante el impacto inmediato que tendrían no sólo sobre las finanzas sino sobre la economía real y la vida cotidiana de las y los estadounidenses.

La tosca herramienta, una especie de arma económica de destrucción masiva, es hija de la pulsión “Make America Great Again” y busca encaminar varios objetivos económicos y políticos a la vez, varios de ellos divergentes, si no contradictorios.

EE.UU. produce mucho menos de lo que consume y exporta mucho menos de lo que importa. Reducir el déficit comercial, ya de unos 130.000 millones de dólares anuales, es la primera prioridad y forzar a las empresas, estadounidenses y extranjeras, a invertir y operar dentro de los EE.UU. la segunda y más de fondo.

Adicionalmente, se espera administrar mejor la deuda pública, que alcanzó cifras astronómicas durante el gobierno de Biden -36 billones en 2024- y cuyo peso en el presupuesto federal comenzó a ser agobiante.

Una recesión forzada empujaría una baja de la tasa de referencia de la Fed (especie de Banco Central), aliviando el peso de la deuda y, al debilitar al dólar, favorecería la recuperación industrial: un caos en el comercio internacional y las cadenas de distribución abriría la posibilidad de reorientarlos en favor de los EE.UU.

Es una jugada de alto riesgo.

Pondría en peligro la preeminencia del billete verde como divisa de reserva mundial, ya erosionada por la política de sanciones a Rusia y China de la administración Biden, y aseguraría, al menos temporariamente, un aumento de la inflación y la escasez de algunos bienes e insumos en EE.UU., empujando una crisis financiera y alto desempleo en muchas naciones del mundo.

Si bien el aumento de aranceles y las políticas de reindustrialización se trabajaban desde hacía años en el círculo trumpista, el anuncio de una brutal tarifa para todas las importaciones fue producto de una urgencia política, como lo demuestra la muy deficiente fórmula utilizada para establecer los valores, así como la suspensión parcial a tan solo una semana de su anuncio.

El deterioro de la imagen del gobierno en poco más de cien días, producto de las tensiones internas entre los nacionalistas-antiglobalistas, los megamillonarios tecnológicos y la vieja guardia republicana, junto al freno de las reformas en el pantano judicial y el inicio de las protestas contra ellas en las grandes ciudades, llevó a Trump a hacer un gesto de autoridad con una de sus típicas movidas estentóreas e inesperadas.

Sus groseras declaraciones ante el Comité Republicano, el pasado 8 de abril, cuando afirmó con mofa que “Estos países nos están llamando. Me están besando el culo. Se mueren por llegar a un acuerdo” pintan la jugada de cuerpo entero y dejaron entrever la suspensión que llegaría al día siguiente.

La caída de todas las Bolsas, una dolorosa corrección en un mercado bursátil inflado, (en realidad hace tiempo temida) que liquidó unos 10 billones de dólares en valorizaciones de capital, puso en pánico a muchos gobiernos del mundo, amigos o no, situación ideal para forzar una negociación en los términos más favorables para los EE.UU.

Quizás para sorpresa de la Administración Trump, el mayor perjudicado por las medidas fue quien hasta ahora no bajó los brazos y da pelea.

China respondió con contra-aranceles del 34% y el 8 de abril, cuando Trump amenazó con subir otro 50% (llegando a un valor de 104%) el ministro de Comercio chino denunció “la naturaleza extorsiva de la guerra comercial declarada por EE.UU. y anunció que Beijing “luchará hasta el final”, subiendo la tasa al 84%.

En medio del caos creado, Trump intenta recuperar iniciativa política centrando la guerra arancelaria contra China, desde hace mucho el cuco de la oligarquía estadounidense y la piedra en el zapato de las megaempresas tecno de Silicon Valley.

La inmediata respuesta china, que habla de una larga anticipación y discusión en el seno del círculo decisorio del Partido, fue aceptar el desafío e ir a fondo en la disputa.

La pregunta del millón, difícil de responder en este escenario cambiante, es qué nación aguantará más los desastres de una guerra comercial prolongada e inédita.

Mientras Xi Jinping juega al Go, Donald Trump juega a la ruleta y los europeos siguen con “Piedra, papel o tijera”.