Las elecciones legislativas de Argentina correspondientes a 2025 se celebrarán el domingo 26 de octubre de dicho año con el objetivo de renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados para el periodo legislativo 2025-2029, junto con 24 de las 72 bancas del Senado de la Nación para el período 2025-2031. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, el acto electoral se celebrará el 18 de mayo.

“Lo primero que hay que saber es que el primer triunfo importante se lo va a regalar Leandro Santoro en la ciudad de Buenos Aires dentro de dos meses a toda la Argentina, que vamos a volver a ganar la provincia de Buenos Aires y que vamos a terminar en octubre con más diputados de los que tenemos hoy en nuestro bloque”, acaba de decir Sergio Massa.

Y yo apoyo esos dichos, aun cuando mi apoyo no mueva ninguna aguja. Sin purismos formales, sin discursos "de izquierda" que no conducen a nada más que a la autocelebración, cuando de lo que se trata es de precipitar un escenario que resulte funcional a las nuevas construcciones frentistas que la hora reclama. Los brutos no deben ganar para siempre. Y podríamos agregar: ¡Por la memoria de Osvaldo...!

Después de medio siglo, nada es lo que era. La globalización impone la cuestión soberanista como punto central de todo programa. La táctica política y el concepto de "contradicción" también han mutado sus contenidos en el marco de la globalización. El dato central es el que sigue: la política se ha desplazado hacia una espacialidad global en la cual la reivindicación nacional se constituye a sí misma como opuesto de la internacionalización que implica la globalización y por eso ésta encuentra resistencias bajo el formato soberanista y/o bajo las tendencias centrífugas hacia las secesiones. En esta afirmación va ínsita la soberanía nacional como punto esencial del nuevo programa social de los trabajadores de las periferias globales.

La deuda perpetua como mecanismo de exacción y enajenación de la voluntad estatal frente a acreedores foráneos, no es una deuda concebida para crecer. Y los gobiernos de Macri primero y de Milei después vinieron siempre con programas para pagar, no para crecer. Alberto Fernández tuvo la oportunidad para fortalecer la posición negociadora del país frente al Fondo pero la dejó pasar por razones que tal vez sólo él conozca. Tal vez no tenía los recursos políticos que hacen falta en estos casos para enfrentar a actores globales poderosos. Pero el FMI alegaba, en esas negociaciones, su propia torpeza como argumento y todo parecía propicio, a partir de allí, para negociar en términos menos gravosos para el país una deuda tomada con un prestamista que violaba sus propios estatutos. Aquel famoso artículo 4° de los Estatutos del Fondo, obligaba al organismo nacido en Bretton Woods a ejercer la "surveillance" (vigilancia) apropiada mediante unas "misiones" de sus funcionarios que debían comprobar que el dinero a prestarse tenía el destino de resolver cuestiones macro como, en el caso, desequilibrios en la balanza de pagos, que para eso fue fundado el FMI. Nada de esto ocurrió. El Fondo "desembolsó" 56 mil millones de dólares, de los cuales llegaron al Central argentino 44 mil de esos millones y Alberto Fernández, al menos, tuvo, luego, la coherencia de rechazar los 12 mil millones restantes, ya que había criticado, como la mayor parte de la opinión sana del país, a un gobierno que, como el de Mauricio Macri, había rosqueado irresponsablemente ese préstamo con el presidente Trump, su amigo, cuya opinión, en tanto presidente del mayor aportante al Fondo (los EE.UU.) era determinante para obtener el préstamo. La violación de su propia legalidad por parte del FMI era doble: tampoco podía prestar semejante suma a un país cuya cuota parte en el fondo común no guardaba proporción alguna con la suma recibida.

Era más o menos evidente que un organismo creado en la posguerra para ayudar a resolver "desequilibrios en la balanza de pagos", no podía entregar alegremente el mayor préstamo en toda su historia a un miembro con el solo fin de que éste hiciera frente con éxito a las elecciones que se avecinaban en la Argentina.

La "seguridad jurídica" quedaba comprometida así. Hoy, la jueza Loreta Preska esgrime formalismos parecidos para condenar al pueblo argentino a pagar lo que no puede.

Por todo ello, cuando ya los hechos están consumados, urge la construcción de un Frente Nacional Antifascista que nuclee a todo el arco político, social y cultural de la Argentina que se oponga a la violencia política como sustento de programas económicos que absolutizan la "libertad de mercado" y la destrucción del Estado nacional.

A designios como ésos no sólo hay que ponerles límites, hay que desterrarlos para siempre del escenario político nacional y de todo horizonte humanamente político. Con éstos no se discute, se los cancela en el marco de la democracia, se los derrota en el comicio, que es la forma democrática de la destrucción.

La amenaza de intervenir la Provincia de Buenos Aires que profirió Milei en su momento, fue una bravata criminis causa, es decir, hecha con el fin de tapar otro delito, en el caso, la presunta estafa de la cual está sospechado el Presidente. Sin embargo, ni esa estafa, ni el papelón de Davos, ni los vergonzosos enjuagues que tienen por protagonista principal a LLA en el Parlamento en lo atingente a los pliegos de dos jueces para la Corte, nada de eso enerva la voluntad del soberano, que sigue -a estar a las sugerencias de algunas encuestas- dispuesto a concederle un nuevo resultado favorable a la actual camarilla de lúmpenes enquistada en el poder del Estado.

Si la reforma constitucional parece, cada vez más, urgente punto de agenda de un nuevo renacer nacional, el capítulo referido a la coparticipación federal de impuestos, adquiere una excluyente primordialidad. Resulta urgente impedir que las gestiones provinciales queden a merced del caprichoso dispendio de recursos por parte el gobierno nacional de turno. Hasta hoy, el "federalismo" ha degenerado en vasallaje provincial, y de ese modo se torna ilusoria y caricaturesca la representación provincial en el Parlamento, pues a esos legisladores no les resulta fácil -salvo excepciones- votar de acuerdo con sus convicciones sino que por lo general deben hacerlo con la mirada atenta a los recursos que su gobernador necesita reclamar del gobierno nacional para no fracasar en su gestión. Y la situación tiene algo de la perversidad propia de la política en los tiempos del desprecio, como los que vivimos. Pues, en efecto, ¿quién y con qué argumento político, le puede reprochar a un gobernador (que tiene que hacer precisamente eso, gestionar y gobernar), que eche mano a los mecanismos que la realidad institucional pone a su alcance para que su gestión no se hunda en el fracaso? Si se intenta la impugnación política, se cae en el testimonialismo; si la moral, en la intrascendencia y la ineficacia. Llamarlos traidores e insultarlos no modifica las cosas. Aunque sean traidores y se merezcan los insultos. Y aunque personajes como el tucumano Jaldo no necesiten de la extorsión para traicionar.

Estos gobernadores obligados a instruir a los suyos en línea con sus necesidades locales, son gentes que, encima de que su "marca" siempre fue el pragmatismo, se ven confrontados, ahora, al chantaje más perro proveniente de unos parecidos a ellos: la política, en ese instante, deviene un miserable toma y daca que después lamentamos escandalizados. El nombre de la dignidad neuquina tuvo, en la última votación en Diputados sobre del DNU autorizatorio del endeudamiento a ciegas con la usura internacional, dos nombres propios: Tanya Bertoldi y Pablo Todero, ambos en línea con el antecedente de Máximo Kirchner cuando renunció a la presidencia del Bloque ante idéntica votación de sus pares a favor del acuerdo con el FMI. Pero ni bien el futuro depare circunstancias similares, el resultado será el mismo. La soberanía nacional y el futuro del pueblo argentino, perderán "por poco" en el Parlamento, pero perderán. Hay un andamiaje legal constitucional que lo permite.