En la navidad de 1989, mientras su régimen se desmoronaba, la pareja presidencial rumana fue detenida cuando intentaba abandonar la capital del país. Nicolae Ceausescu y su esposa Elena habían gobernado Rumania desde dos décadas atrás. Tras su captura fueron sometidos a un juicio que se desarrolló en menos de dos horas y que concluyó pocos minutos después con una sentencia de muerte. Las imágenes de esa ejecución se conocieron días después y dieron la vuelta al mundo.

Más de cuarenta años antes, el italiano Benito Mussolini, jefe del Partido Fascista Republicano y Duce de la República Social Italiana, fue ajusticiado sumariamente por un partisano en un pueblo norteño de Italia. Su cadáver fue trasladado a la Plaza de Loreto, en Milán, sitio en el que meses antes habían sido masacrados quince combatientes. Una multitud tiró verduras, escupió, orinó y pateó los restos del Duce al punto de desfigurarle la cara. Luego el cuerpo fue colgado boca abajo, en un procedimiento medieval que procuraba resaltar la infamia del ejecutado.

Es imposible no pensar en esos casos ante la realidad que vive la Argentina actual, donde gobierna un régimen que solo puede esgrimir su legitimidad de origen, pero no la de gestión.

Los hechos ocurridos durante la marcha de los jubilados del 12 de marzo enfatizan la agresividad gubernamental contra un sector altamente vulnerable de la población. Los adultos mayores atraviesan una situación apremiante en la que los magros ingresos les resultan insuficientes para hacer frente a sus necesidades básicas en materia de alimentación y salud.

Pero no son los únicos afectados, dado que los recortes severos que sufren las provincias comprometen los sistemas sanitarios y educativos de la población en general. La paralización de la obra pública no solo implica aumento del desempleo sino que pone en riesgo la vida de millones de personas: basta pensar en el estado de deterioro de las rutas o la cancelación de tareas dirigidas a mitigar las consecuencias del cambio climático.

La tragedia ocurrida en Bahía Blanca el 7 de marzo y su antecedente más cercano (el tremendo temporal de 2023) son claras muestras de esto último. Y los recortes aplicados por el Poder Ejecutivo al Servicio Meteorológico Nacional afectan notablemente nuestras capacidades de reacción. Los datos al respecto son elocuentes: en 2024 el organismo tuvo una reducción presupuestaria del 30,9% respecto a 2023, y para 2025 se prevé otra baja del 17,5% en términos reales. Además, a lo largo del año pasado el personal del SMN se redujo un 9,4%.

La combinación de desidia, inclemencia y crueldad social con la que se desenvuelven el presidente y sus ministros conducen a escenarios de estallidos sociales de consecuencias imprevisibles.

Nadie con la sensibilidad que en la Casa Rosada y sus adyacencias escasea desea un final cruento como el que tuvieron Ceaucescu y Mussolini, pero también es cierto que la agresividad que exhiben las acciones cotidianas de los máximos referentes de La Libertad Avanza y sus esbirros no facilitan augurios pacíficos.

Vale la pena insistir: no se trata de proponer ejecuciones sumarias, sino de establecer castigos ejemplarizadores que desalienten futuros regresos de los mismos (u otros) jinetes del apocalipsis y contribuyan a la educación cívica de la población. Porque, como acostumbra a decir el propio gobierno, “el que las hace, debe pagarlas”.

El comportamiento iracundo y colérico del oficialismo, lanzado a una campaña siniestra y reprobable de persecución contra sus adversarios, encuentra caja de resonancia en la línea editorial de algunos medios que operan como idiotas útiles o bien bajo influjo de “los sobres”. Es la sintonía de una grosería insoslayable.

En ocasión de la reciente marcha de jubilados, todos los portavoces oficialistas repetían a coro su condena a los presuntos barrabravas que habían decidido acompañar a quienes el opinable buen gusto del presidente tilda de “viejos meados”. Era una maniobra desembozada de bajarle el precio al reclamo popular y criminalizar la justificada protesta social.

Mientras tanto, en las tolderías opositoras sigue campeando el desconcierto y solo se registra una tenue, vaporosa acción discursiva sin mayores consecuencias prácticas. No alcanza con los posteos más o menos ligeros de sus dirigentes alineados en el campo nacional y popular. Hace falta potenciar las denuncias y la acción opositora en general pero, al mismo tiempo, hay que generar propuestas creíbles y con amplia capacidad de llegada a todos los sectores de la sociedad.

¿Existe, acaso, un gabinete en las sombras que esté haciendo un seguimiento estricto de todos los disparates destructivos que a diario produce la administración nacional y las políticas que será necesario instrumentar para reconstruir el país?

¿Tenemos un conjunto de juristas probos recopilando elementos para las causas que será necesario incoar más temprano que tarde contra los y las responsables de esta destrucción planificada de la Nación?

¿Están trabajando un conjunto de psicólogos, filósofos y politólogos en la elaboración de propuestas reparadoras y sanadoras para el concepto de Patria?

¿Quiénes se ocupan del diseño de una nueva comunicación dirigida a esclarecer la realidad y actuar como el cemento social que articule acciones en una etapa imprescindible de reedificación de la Argentina?

¿Qué gabinetes psico-pedagógicos están pensando opciones para que las nuevas generaciones adquieran conciencia y perciban con la mayor lucidez que el neoliberalismo despiadado y las derechas extremas son autopistas que solo conducen a la desgracia?

¿Desde qué usinas se trabaja hoy en la confección de una alternativa política soberanista, que garantice derechos, recupere el principio de justicia social, combata las desigualdades y asimetrías que agobian a nuestro país y sea respetuosa de la noción de fraternidad latinoamericana?

Mientras estos interrogantes no tengan respuestas satisfactorias ningún sector podrá esgrimir con legitimidad su condición de opositor al régimen gobernante.