En esta ocasión, la intentona golpista en Bolivia contra el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), en cabeza del presidente Luis Arce Catacora, fracasó a poco de nacer. Motivo de ello fue la improvisación demostrada por el general Juan José Zúñiga, la inmediata respuesta de las autoridades y la militancia, la falta de apoyo dentro de las fuerzas de seguridad y de la mayor parte de las fuerzas armadas y los partidos opositores; y la rápida reacción de los gobiernos de la región (algo lenta y de compromiso en el caso argentino), como también de la propia Organización de Estados Americanos (OEA). Su secretario general, Luis Almagro, esta vez decidió, a diferencia de 2019, curarse en salud.

La puesta en escena dejó como resultado algo más de una veintena de militares y civiles detenidos –incluido al excomandante de la Fuerza Aérea-, y otros tantos manifestantes heridos durante el intento de asalto militar al Palacio Quemado de La Paz, edificio de la antigua sede de gobierno que debe su nombre a que fue incendiado en una revuelta contra el presidente liberal Tomás Frías Ametller en 1875.

Zúñiga fue nombrado comandante del Ejército por el presidente Arce en noviembre de 2022, y confirmado en enero del año siguiente durante un cambio de autoridades militares. Un mes antes de su ratificación, el expresidente Evo Morales había hecho públicas acusaciones contra Zúñiga y un grupo de militares conocido como “Pachajcho”. Este grupo, surgido en 2015 y bautizado con el término usado en ese país para aludir a los camiones capaces de transportar productos de alto tonelaje, está compuesto por militares en servicio activo y otros en la reserva, y se dedica a realizar operaciones políticas mediante actividades de inteligencia. En esa denuncia, Evo afirmó que “somos perseguidos por nuestro propio gobierno mediante el Ministerio de Defensa”.

Por entonces, Zúñiga declaró que “el grupo ‘Pachajchos’ está conformado por excelente oficiales, suboficiales y sargentos que trabajan en el Estado Mayor. Ellos también son víctimas de mentiras, de calumnias. Ellos trabajan por la patria, por la institución”. El 24 de junio pasado, el mismo jefe militar afirmó en una entrevista que “legalmente Evo Morales está inhabilitado. La CPE (Constitución Política del Estado) dice que no puede ser más de dos gestiones, y el señor fue reelegido. El Ejército y las Fuerzas Armadas tienen la misión de hacer respetar y cumplir la CPE. Ese señor no puede volver a ser presidente de este país”.

Tras las reacciones de rechazo a los dichos de Zúñiga contra Evo, el presidente Arce resolvió destituirlo como comandante del Ejército pero no lo reemplazó de inmediato. La renovación de la cúpula militar llegó recién el miércoles pasado, en medio del asedio.

Al grito de “Lucho no se escapa”, “Lucho no estás solo” (“Lucho” es el apodo del presidente Luis Arce, usado incluso oficialmente por él mismo),miles de personas que salieron a las calles de La Paz para resistir el golpe alentaron al presidente, quien se hizo presente ante la multitud junto al vicepresidente David Choquehuanca y algunos de sus ministros, para agradecer a quienes se movilizaron a lo largo del país. “No nos hemos ido, nos hemos mantenido en la Casa Grande del Pueblo (actual sede del gobierno) donde ustedes nos pusieron, porque los únicos que nos pueden sacar de aquí son ustedes”, resaltó el mandatario nacional.

Tras el violento golpe contra el presidente Evo Morales en 2019, el país recuperó su democracia un año después con el aplastante triunfo de la fórmula Luis Arce-David Choquehuanca (proclamada por Evo Morales desde su exilio en Argentina), que obtuvo el 55% de los votos en un comicio donde participó el 87% de los electores. Como se afirmó en en aquel momento, cuando Bolivia inició una nueva etapa democrática, el MAS había logrado recuperar el voto de sectores juveniles y campesinos que antes se habían alejado con duros cuestionamientos. Un caso paradigmático fue el regreso como vicepresidente del dirigente David Choquehuanca, ex ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia entre 2006 y 2017, aunque la relación en todo este tiempo continuó tensa.

Desde entonces, dicho espacio político se fue sumergiendo en una serie de crisis que amenazan la continuidad del proyecto de gobierno del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). Y por allí se filtraron Zúñiga y sus socios.

Crisis económica

Arce venía con el antecedente de ser el ministro de Economía del exitoso proceso de recuperación que encabezó Evo Morales, pero que en la actualidad se encuentra asediado por amenazas de conflictos sociales, que se originan en las crecientes dificultades de la economía nacional.

La fuga de capitales y la caída en las exportaciones -principalmente por el descenso de ingresos por las ventas de gas natural a Brasil y Argentina, a causa de una baja en la producción y asimismo por retardo en una política de exploración- provocaron que las reservas de dólares del Banco Central disminuyeran a niveles mínimos de los últimos 17 años. El presidente del Banco Central, Edwin Rojas, anunciaba en enero pasado que "son 1.709 millones dólares de los cuales, oro es 1.576 y el resto que se materializa en divisas alcanza los 166 millones de dólares", cuando en 2014 alcanzaban a los 15.122 millones de dólares.

La situación del sector de hidrocarburos en Bolivia ha experimentado cambios significativos. Durante la presidencia de Evo Morales (2006-2019), los ingresos por exportaciones de gas impulsaron el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Sin embargo, desde abril de 2022 Bolivia se ha convertido en un importador neto de energía, adquiriendo más combustible en el exterior de lo que vende a otros países. La producción de gas ha disminuido, y la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) advirtió que el sector enfrenta una situación crítica. A pesar de los proyectos de exploración en curso, el déficit comercial energético persiste.

Un año atrás, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que el expresidente Morales se mostró excesivamente optimista respecto a la disponibilidad de gas en el país, y aseguró que fue engañado por alguno de sus altos funcionarios. "Le dijeron 'estás en un mar de gas' y era mentira, y hoy, obviamente, estamos pagando los platos rotos de no haber explorado en esos años", lamentó Montenegro.

La crisis de la industria de hidrocarburos boliviana tiene un efecto directo sobre la situación actual de la economía. Y esto generó temor en los ahorristas, con la consecuente demanda de la divisa estadounidense, que se constituyó en un bien escaso y tras ello el inicio de una carrera especulativa, algo que conocemos bien en Argentina.

Transportistas y comerciantes han realizado una serie de protestas y bloqueos de rutas para exigirle al gobierno un mejor acceso a los dólares y los combustibles, que se hallan racionados desde hace meses.

Crisis judicial

En México actualmente se está debatiendo la elección de jueces por voto popular, un tema que Bolivia incorporó en su Constitución en 2009 y llevó a cabo en dos ocasiones: en 2011 y 2017. Sin embargo, la convocatoria para las elecciones judiciales se encuentra estancada desde el año pasado, debido a la falta de la mayoría parlamentaria requerida. Ningún partido tiene los dos tercios de la Asamblea Legislativa. En las últimas elecciones, el MAS logró la mayoría absoluta pero nollegó alos dos tercios del parlamento. La división entre un ala de simpatizantes de Evo Morales y otra del presidente Luis Arce, a su vez, ha dificultado la negociación de acuerdos para alcanzar esa proporción. Por otro lado, los intentos políticos para sortear esta mayoría calificada fueron bloqueados por el Tribunal Constitucional, que está inmerso en el conflicto actuando como juez y parte.

Bolivia no elige por voto a todos los jueces, sino a los 26 principales cargos judiciales, los que dirigen el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. Lo hace cada seis años y los candidatos deben ser mujeres en un 50% y tener identidad indígena –al menos uno en cada institución–. Como ya se ha dicho, tienen que ser seleccionados por dos tercios de los miembros del parlamento, que también debe emitir el reglamento de selección y la convocatoria a votación.

En las dos elecciones de jueces realizadas hasta la fecha en Bolivia, los votos nulos y blancos han superado en número a los votos obtenidos por los candidatos. En la primera ocasión representaron casi el 60% de los sufragios emitidos, y en la segunda, alcanzaron el 66%. Este fenómeno ha frustrado uno de los objetivos originales del sistema instituido: fortalecer la legitimidad de las autoridades judiciales.

Frente a esta situación, en diciembre pasado, el Tribunal Constitucional decidió prorrogar indefinidamente su propio mandato, así como el de las demás cortes sometidas a elección. Es importante destacar que este mismo tribunal fue responsable de anular la posibilidad de reelección presidencial indefinida, lo cual implicó la inhabilitación de Evo Morales para las elecciones de 2025. Esta decisión contradijo una sentencia previa emitida por la misma corte en 2017.

Crisis en el MAS

El distanciamiento entre Morales y Arce, y la consecuente división en el MAS, se iniciaron a fines de 2021, cuando el expresidente y sus sectores afines dentro del oficialismo exigieron que el actual mandatario cambie a algunos ministros, lo cual no ocurrió. Luego vinieron las denuncias de Morales por supuestos hechos de corrupción y también de protección al narcotráfico desde el Ejecutivo.

El expresidente criticó asimismo el manejo económico del actual gobierno, llegando a afirmar que Bolivia ha regresado al “período neoliberal” y se ha convertido en un “país insolvente”. En definitiva, se trata de una clara disputa por el liderazgo del espacio.

Mientras tanto, el sector de Evo ha bloqueado en el Parlamento las iniciativas de Arce, y además varios créditos que ayudarían a la economía están pendientes de aval legislativo. Arce acusa a Morales de “boicot económico” y de conspirar con la oposición para acortar su mandato. Morales, a su vez, acusa a Arce de profundizar la crisis económica.

Durante el X Congreso del Movimiento al Socialismo (octubre 2023), se “aceptó la autoexpulsión” de Luis Arce y David Coquehuanca, presidente y vicepresidente del país, por no asistir a la reunión que se efectuó en el Chapare cochabambino, y al mismo tiempo se ordenó que el Tribunal de Ética del partido expulse también a otros 20 diputados del sector progubernamental. Además, dicho congreso ratificó a Morales como presidente del partido y lo proclamó como “candidato único” para los comicios del 2025.

El pasado mes de mayo el sector de Arce llevó a cabo su X Congreso en la localidad de El Alto, cercana a La paz, con la participación de un centenar de organizaciones sociales nacionales.

Ante esta situación, el Tribunal Supremo Electoral hizo un llamado a que ambas facciones respeten su Estatuto interno y alcancen un consenso, desconociendo, a su vez, la legitimidad de las directivas surgidas de ambos encuentros.

No resultó extraño, entonces, que en este contexto los dirigentes de las federaciones del Trópico de Cochabamba, aliadas a Evo Morales, hayan denunciado que el movimiento militar del miércoles último en plaza Murillo fue un “show”, una “novela” actuada para un “autogolpe” protagonizado por el presidente Luis Arce.

“Luis Arce Catacora se convirtió en un peligro para la democracia. Lucho Arce con su payasada es capaz de manipular cualquier institución del Estado a su favor, es capaz de manipular y por supuesto querer de alguna manera atentar la vida de alguno de los dirigentes, especialmente que en este momento es el blanco, nuestro hermano Evo”, manifestó, por su parte, el dirigente cocalero Vicente Choque en conferencia de prensa.

Tras los eventos golpistas, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, señaló que el país enfrenta un desorden institucional evidente. Esto se manifiesta en la autoprórroga de los magistrados y la insubordinación de los militares. Rodríguez enfatizó que Bolivia atraviesa una profunda crisis institucional dentro de su sistema democrático, exacerbada por las acciones de magistrados que prolongan sus mandatos al margen de la ley y usurpan funciones que corresponden a la Asamblea Legislativa. A su vez, la insubordinación de los militares agrava esta situación. “Este desorden institucional, donde las autoridades extienden ilegalmente sus mandatos y se socavan los principios democráticos, está llevando al país a una situación de caos y desconfianza, agravando la crisis y amenazando la estabilidad y el bienestar del país”, afirmó Rodríguez.

Para quienes acompañan al presidente Arce, el centro del problema es que Evo y sus aliados no entienden que el MAS le pertenece a las organizaciones sociales y no a ninguna persona en particular.

En un período en el que las ultraderechas han emergido con fuerza en América Latina y muchos otros lugares, desafiando consensos democráticos y sociales que se creían consolidados, resulta más que preocupante que los movimientos populares se vean inmersos en conflictos internos que descuidan tanto la escucha de las diversas voces de la sociedad como un análisis profundo sobre cómo desarrollar una propuesta soberanista sostenible en esta región del mundo. Este momento crítico coincide con la disputa por la configuración de un nuevo orden internacional, donde las grandes corporaciones industriales y financieras ejercen un poder incluso superior al de muchos Estados, mientras que los avances tecnológicos prometen reconfigurar las dinámicas sociales a su antojo.