Luego de ser desbordado, a mediados de este año, por una inflación fuera de control que apabulla el ánimo social y desgasta políticamente al gobierno nacional y al Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández entregó la conducción económica del país a Sergio Massa, con aval de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Massa asumió como ministro de Economía el 4 de agosto. Ese día, el actual miembro del gabinete y además líder del Frente Renovador -uno de los sectores políticos que integran la coalición oficialista- afirmó que su gestión ministerial estaría basada en cuatro principios: 1) Orden fiscal; 2) Sostener el superávit comercial; 3) Fortalecimiento de las reservas; 4) Desarrollo con inclusión social.

Pero aunque no lo dijo explícitamente, la necesidad más apremiante para el propio gobierno, así como para la economía nacional y el conjunto de las economías familiares de la población, era y es detener la escalada alarmante de los precios.

Un mes y medio de gestión es poco -casi nada- para lograr un objetivo tan ambicioso en un país históricamente afectado por ese problema. Peor aún: el nivel inflacionario actual es el más alto de las tres últimas décadas, según confirmó este viernes (14/10) el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Los cifras difundidas por el organismoseñalan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 83 % en los doce meses pasados (inflación interanual), lo cual equivale al más alto en 30 años (desde la hiperinflación de 1991 en el gobierno de Carlos Menem). En lo que va de 2022 la suba llega al 66,1 %. En septiembre, el incremento fue del 6,2 % en el mes. (Información del portal I-Profesional, nota del 14/10/22). 

A pesar de la gravedad de los datos, que son apenas un pálido reflejo de lo que vive la sociedad de forma cotidiana, el gobierno en general y el ministro en particular puedan considerar como un triunfo el hecho de no haber admitido una devaluación general de la moneda nacional.

Si el peso hubiera sido devaluado ante el dólar (y ante las demás monedas de referencia internacional), la escalada de la inflación hubiera sido peor todavía. La clase capitalista argentina, que a su vez induce el comportamiento de toda la estructura económica, siempre traslada las suba del dólar a los precios, aunque la cotización de la moneda norteamericana no tenga nada que ver con sus costos.

Devaluar no, pero…

El gobierno no devaluó, pero en cambio cedió ante las presiones del empresariado rapiñero y saqueador que maneja la venta al exterior de la producción agrícola, en especial de la soja, que es el principal sector exportador y por lo tanto el mayor generador de ingreso de divisas surgidas del comercio internacional.

Entonces, junto con el Banco Central, las autoridades económicas establecieron una cotización superior para quienes vendieran su producción en lugar de tenerla guardada en silobolsas como forma de especulación para provocar, justamente, ganar más pesos por cada dólar que cobraran de sus ventas al mercado mundial.

Así surgió el llamado “dólar soja”. Fue la primera concesión al poder capitalista local durante la gestión de Massa como ministro. El propósito declarado fue el de aumentar las reservas del Banco Central, precisamente a través de la obtención de dólares generados por el comercio exterior.

Posteriormente se dispusieron otras cotizaciones particulares según el destino o la finalidad que vayan a tener los dólares solicitados por empresas o personas. Así se llegó a mediados de este mes de octubre con más de diez (10) tipos de cambio distintos, que por el momento han preservado al país de una devaluación generalizada más perjudicial aún para el conjunto de la población, indefensa ante la voracidad de los llamados “mercados”.

Cada uno de los casos, que en el corto plazo pueden evaluarse como medidas que tienen cierto grado de eficacia, son reveladores de la debilidad estructural de la economía argentina frente al predominio de la moneda estadounidense en su dinámica interna y frente a la capacidad de presión del empresariado exportador.

Los diferentes tipos de cambio incluyen al “dólar oficial”, “dólar mayorista”, “dólar turista”, “dólar futuro”, “dólar contado con liquidación” (o “contado con liqui”, en el lenguaje de la tilinguería financiera); además el “dólar blue” -ilegal, clandestino-, más uno que rige desde el comienzo del actual gobierno que es el “dólar solidario”, y otros con nombres entre graciosos, patéticos o irónicos, como “dólar Qatar”, “dólar cultura” (fijado para servicios de recreaciones y actividades artísticas contratadas en el exterior, y al cual el discurso dominante suele llamar “dólar Coldplay”, por el nombre de la banda británica que pronto actuará en nuestro país) y también “dólar lujo”. (Un listado detallado y con la respectiva significación y cotización, constan en un reciente artículo del diario Ámbito. Nota del 12/10/22). 

Dinero en los hogares

A raíz de la política monetaria llevada a cabo por el gobierno, particularmente en lo que va de la etapa conducida por Massa en el área económica, “los dólares” son muchos y cada cual incide, a su manera y aun cuando nadie lo advierta, en la vida cotidiana de la sociedad, porque determinan a su vez los precios de bienes o servicios de consumo masivo.

Sin embargo, la mayor parte de la población se encuentra diariamente en sus economías familiares con una realidad que pareciera ajena a cualquier razón que esté relacionada con la cotización de la moneda argentina frente a la estadounidense.

Ocurre, sencilla y trágicamente, que mientras el gobierno se ocupa de tomar medidas para disminuir el impacto de la pérdida de valor del peso respecto de las monedas de referencia internacional, lo que sigue perdiendo poder adquisitivo es el dinero con el que cuentan para vivir las personas de las clases sociales más empobrecidas y gran parte de las clases medias.

Los sueldos, las jubilaciones, las asignaciones familiares y asignaciones universales, los ingresos de las/los trabajadores/as independientes (por ejemplo, los monotributistas), la “diaria” de personas en situación de pobreza y/o desocupación que realizan “changas” u otros trabajos precarios, etcétera, todo pierde valor cada día ante el aumento del costo de vida.

Y a la situación de estos momentos se agregará, dentro de pocas semanas, que millones de hogares recibirán facturas de servicios públicos con fuertes aumentos, debido a que se reducirán o eliminarán los subsidios del Estado.

El dinero, en realidad, no se evapora, sino que se lo apropian fracciones capitalistas. A modo de ejemplo: el mes pasado se difundió un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), según el cual un grupo de grandes empresas (entre ellas Ledesma, Arcor, Molinos Río de la Plata, Aluar, los supermercados La Anónima, el conglomerado de medios Clarín, el fabricante de chapas de acero Ternium Siderar, y las petroleras Pan American Energy y Tecpetrol) tuvieron este año un “boom” tanto en facturación como en resultados operativos y rentabilidad, y al mismo tiempo contabilizaron una baja en el costo laboral. En síntesis, ganan más pero pagan menos salarios. (Reporte de la agencia de noticias Télam, nota del 12/09/22). 

Este funcionamiento económico-social es el resultado de un capitalismo salvaje cada vez más saqueador y violento, ante el cual las autoridades surgidas del voto ciudadano en nuestro país -y en muchos otros del mundo- exhiben impotencia e imposibilidad de revertir o al menos aliviar las injusticias.

Hasta ahora el insistente trabajo de la gestión Massa en el ministerio de Economía ha priorizado el manejo de “los dólares” -en sus diversas cotizaciones- como estrategia de emergencia para intentar controlar la inflación.

Versiones periodísticas de los últimos días señalan que, una vez conseguida cierta estabilidad en el mercado de cambios, el gobierno adoptaría medidas más específicamente destinadas a frenar el -hasta ahora- imparable aumento de precios.

Entre “los dólares”, en sus diversas cotizaciones, que ocupan continuamente la atención de los poderes empresariales, políticos y mediáticos, y por otro lado el deterioro generalizado de las economías familiares, transcurre una disputa generalmente invisible y poco mencionada.

Es la disputa por el reparto de la riqueza socialmente producida, que se la apropian cada vez más las minorías privilegiadas, mientras siguen perdiendo calidad de vida la mayoría de las argentinas y argentinos.