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Columnistas
02/10/2022

Presupuesto 2023

El desafío del crecimiento con inclusión en la incertidumbre

El desafío del crecimiento con inclusión en la incertidumbre | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

La prudencia en el planteo macroeconómico de las autoridades nacionales y las tinieblas en el escenario internacional han llevado a una proyección de bajo crecimiento para 2023, centrada en la inversión productiva, el consumo interno, las exportaciones y la economía del conocimiento.

S. Graciela Landriscini *

La actual gestión gubernamental nacional a cargo del Frente de Todos ha presentado el Presupuesto 2023 y propone objetivos de política económica que mantienen la premisa original del crecimiento económico con inclusión social. Junto con ello establece como otros objetivos consolidar el ordenamiento fiscal, sostener el superávit comercial y fortalecer las reservas internacionales. Es un gran desafío en medio de la incertidumbre mundial y de la inestabilidad macroeconómica argentina de los últimos años. Lo es particularmente frente a la confrontación bélica desatada en 2022 y su impacto en las cadenas productivas y de abastecimiento mundial y también frente a los obstáculos internos vinculados con el endeudamiento externo e interno, la crisis de la balanza de pagos y los compromisos de pago asumidos con los acreedores, el déficit fiscal, la inflación y la vulnerabilidad social.

En línea con esos objetivos, se impone la necesidad del ordenamiento fiscal, el control del déficit primario y del comercio exterior, una estrategia de financiamiento público centrada en el restablecimiento de la estabilidad del mercado de deuda local y la reducción de la evasión y la elusión tributaria. Asimismo el Presupuesto presentado otorga prioridad al gasto de capital con eje en la continuidad de la obra pública en infraestructura social y económica, la promoción de la inversión productiva, de la ciencia, la tecnología y la innovación y en materia educativa, y al gasto corriente orientado al mantenimiento de subsidios a las tarifas del transporte urbano y a las de energía que cubren a amplios segmentos de la población; y a los programas asistenciales y de promoción del empleo, entre otros. Ello supone también la coordinación financiera interna del sector público, la búsqueda de incrementar las reservas internacionales, la promoción del ahorro interno en pesos y una prudente disciplina monetaria articulada con el Banco Central.

A esos fines se plantea en el Mensaje de elevación del Presupuesto que la inversión productiva, las exportaciones y la defensa del mercado interno son los motores para que los objetivos planteados se cumplan y se obtengan los resultados esperados. Con dichas premisas el Poder Ejecutivo propende a la estabilidad macroeconómica que permita a su vez estimular la actividad productiva y robustecer el proceso de desarrollo con equidad a mediano y a largo plazo. Con la estabilidad macroeconómica se busca la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y fortalecer el mercado interno y las PyMEs. El avance en el ordenamiento fiscal permitirá reducir el financiamiento monetario del déficit y ha de conducir a una situación de solvencia fiscal. Profundizar en simultáneo la política industrial y científico tecnológica ha de estimular la inversión privada, ha de generar más y mejor empleo, ha de fortalecer la seguridad social y el sector externo y puede encaminar la reducción de la inflación que sufre la economía y la población.

El Presupuesto 2023 en un escenario complejo de inflación y tensión distributiva

En simultáneo a la programación presupuestaria, y al reordenamiento de las cuentas públicas y de las prioridades del gasto que plantea el Poder Ejecutivo para el cumplimiento de las metas fiscales, han sido difundidos oficialmente por el INDEC los indicadores de pobreza e indigencia del primer semestre de 2022. Aunque han bajado levemente respecto a años previos, se mantienen en elevados niveles. Rozan el 37% de la población y el 27,7% de los hogares viviendo en condiciones de pobreza, lo que afecta a 17 millones de argentinos y argentinas, y dan cuenta asimismo que el 6,8% sobrevive en condiciones de indigencia. Esta realidad que exhiben los números va de la mano de la creciente desigualdad que se ha instalado en la Argentina desde mediados de la década pasada, que la pandemia del COVID 19 agravó, y que el desequilibrio económico mundial traducido en incremento de los precios en particular de la energía y los alimentos, y de las tasas de interés producto del conflicto bélico desatado en febrero de 2022, viene profundizando. Tales desajustes impactan negativamente en los mercados, en los costos empresarios, en las cuentas públicas y con intensidad en los bolsillos de las familias más vulnerables, más allá de las políticas sociales, de ingresos y de empleo puestas en marcha en los tiempos de pandemia y sostenidas en los meses de guerra. Los indicadores desnudan la elevada inflación estructural y el impacto en los mecanismos de propagación y obligan al gobierno a la revisión continua de normas monetarias, cambiarias, tributarias y aduaneras, y a intervenir en la dinámica de los precios y salarios, y de la tasa de interés. Asimismo, fuerzan la negociación y renegociación permanente de los programas de acuerdos de precios y de abastecimiento, y la gestión de controles por desabastecimiento.

La inflación estructural constituye un arma letal que desequilibra el sistema económico agravando sus rasgos asimétricos. Y la inflación desatada en la coyuntura exacerba la puja distributiva, introduce cambios continuos en los precios relativos, en el tipo de cambio y en las tasas de interés dando lugar a espirales que se amplifican a partir de comportamientos especulativos y de expectativas de alzas continuas en los valores de bienes y servicios. Ello complejiza la planificación pública, dificulta el cumplimiento de las metas de ordenamiento fiscal y atenta contra la mejora de las condiciones de vida de millones de familias argentinas a la salida de la pandemia, cuando los rubros de alimentos y bebidas son los que trepan descontroladamente. Lo más grave es que ello transcurre en un país con gran producción de alimentos, y amenaza con extender el déficit alimentario en amplios grupos sociales y núcleos geográficos. Las escaladas de precios en rubros básicos de la canasta familiar imponen la selección forzada en el uso de los ingresos familiares. Los hombres se esfuerzan por sostener empleos formales o informales, el autoempleo o el pluriempleo, pero en muchos casos ello no garantiza ingresos suficientes en el actual escenario de suba de precios de los bienes y servicios básicos y de los alquileres. Las mujeres suman a ello el trabajo de cuidado y de servicios en el hogar, y despliegan una compleja aritmética todos los días a la hora de cocinar, comprar útiles escolares, reponer vestimenta o zapatillas rotas, o adquirir medicamentos. Otros rubros del gasto familiar se postergan sin fecha. Con frecuencia estas situaciones se traducen en un creciente endeudamiento de las familias con bancos, proveedores o financieras.

La inflación persistente de múltiples orígenes y dimensiones incrementa los ingresos nominales por ventas de las cadenas comerciales, eleva los recursos tributarios nominales, y al mismo tiempo frena inversiones e instala expectativas negativas que obligan a transparentar cuánto de esos aumentos resultan de la remarcación por la necesidad de reponer stocks y cuánto de la especulación. Las sucesivas pandemias han moldeado comportamientos rentísticos. La guerra entre Rusia y Ucrania agravó la inflación mundial y nacional producto de desajustes en el aprovisionamiento, la producción y la logística, y en ese marco los comportamientos de agentes concentrados de las cadenas productoras de alimentos y de insumos básicos y de operadores cambiarios dan cuenta de actos que rozan lo delictivo, en cuanto al desabastecimiento, la importación con alteración de declaraciones, la sobrefacturación en esas operaciones y hasta la apelación a cautelares injustificadas por el control en la salida de divisas por importación o por la subfacturación en las ventas de exportación, y el contrabando. Por caso, la multiplicación de las silobolsas almacenando cosechas ha sido visible por este tiempo como mecanismo de presión devaluatoria y política. La puja distributiva se ha intensificado a distintos niveles y se refleja en violencia mediática y corporativa. Los conflictos en los mercados de bienes y servicios, las extendidas e intensas negociaciones paritarias por salarios, y las desplegadas por el comercio exterior, por el acceso a divisas, y por los precios y el abastecimiento interno de trigo, maíz, carnes, aceites, harina e insumos industriales se han convertido en espacios de creciente confrontación, traducidos en lock outpatronales, bloqueos en las ventas externas, y paros laborales por demanda de recomposición salarial.

En el mundo del trabajo la tensión en la discusión de ingresos se expresa con heterogeneidad entre los gremios según el tipo de actividad, la rama de la economía de que se trata, los atrasos acumulados, las condiciones laborales y los estatutos vigentes, la incidencia del cambio tecnológico en la productividad, la fuerza organizativa de empresarios y trabajadores, el origen del capital y el grado de integración de las firmas, la trayectoria de reclamos de los sindicatos, el perfil y la conducción de los mismos, entre otras. Ello no sólo afecta el presente. La persistencia de las combinaciones nocivas de concentración económica y centralización del capital, los poderes diferenciales de mercado, las remarcaciones, y el consecuente daño del poder adquisitivo en salarios y jubilaciones que viene de atrás y que no logra limitarse, construye una sociedad desigual; una sociedad que alimenta y profundiza la distribución asimétrica de oportunidades; una sociedad en la que unos niegan los derechos de otros, y ello se agrava por el despliegue de la violencia discursiva y mediática hegemónica. Un gran desafío para el Estado y el gobierno. El mercado formal de trabajo altamente heterogéneo y la precariedad del trabajo informal, carente de estabilidad, de seguridad social y de perspectivas de desarrollo personal, genera insatisfacción, excluye por edades y trayectorias, selecciona por exigencias de habilidades y competencias, e instala una disciplina social adicional centrada en la amenaza del despido y la pérdida de ingresos. El plan socio laboral estatal con frecuencia es desvalorizado, estigmatiza y dificulta la inserción continua y virtuosa en el empleo formal con aprendizajes y vínculos sociales de cooperación. Un desafío cultural en el continente más desigual del mundo.

En medio de ese escenario, el Poder Ejecutivo Nacional presenta el Presupuesto 2023 el que comienza a debatirse por estos días en el Congreso Nacional. En diciembre de 2021 la oposición rechazó el Presupuesto presentado y el 2022 transcurrió con un funcionamiento a partir de Decretos centrados en la revisión de recursos y en la asignación del gasto, justamente en un año bélico, plagado de desequilibrios.

Algunos datos y un primer análisis del Presupuesto nacional 2023

Proyecciones del Producto Bruto Interno. La opción por la prudencia.

La Argentina viene creciendo de manera muy significativa y sostenida, después de tocar fondo en abril de 2020, en el momento más duro del Aislamiento Preventivo Social Obligatorio (APSO). En términos anuales, el PIB cayó un 9,9% en 2020, aumentó un 10,4% en 2021, y creció un 7,5% en los primeros siete meses de 2022, frente al mismo período de 2021. Aun suponiendo una variación de la actividad nula en los restantes 5 meses del año, el crecimiento de 2022 alcanzaría un 5,4%. La actividad económica del mes de julio de 2022 muestra un nivel que supera al de febrero de 2020 en un 7,5%. Ello se extrae de la serie desestacionalizada del Estimador Mensual de Actividad Económica publicada el 26/09 por el INDEC, y significa que no solamente se ha recuperado el nivel de actividad anterior a la pandemia COVID 19 (lo que se había logrado ya en junio de 2021), sino que, a partir de la reestructuración de la deuda pública, de las políticas activas del actual gobierno orientadas a la producción y el empleo, de las intervenciones redistributivas y el fortalecimiento de la seguridad social se ha remontado con creces la caída del Producto y de los ingresos experimentada durante el gobierno de Macri. Ello a pesar del desequilibrio en la economía mundial, en las finanzas y las cadenas productivas producto del conflicto bélico. La inflación deteriora salarios, jubilaciones y programas sociales y obliga a una continua revisión.

La proyección de un crecimiento de 4% para 2022 aparece como muy conservadora. y el Mensaje de elevación del Presupuesto nacional 2023 postula un crecimiento del 2% del PBI basado en una estimación de recesión en la economía mundial frente a la elevación de las tasas de interés, la crisis energética europea y la prolongación de las restricciones productivas en los territorios en guerra. La prudencia en el planteo macroeconómico de las autoridades y las tinieblas en el escenario internacional han llevado a una proyección de bajo crecimiento para 2023, centrada en la inversión productiva, el consumo interno, las exportaciones y la economía del conocimiento.

El análisis más completo de la cuestión presupuestaria nacional requiere revisar los recursos, la recaudación esperada, los ingresos por tributos y los gastos que el Estado enfrenta a partir de exenciones y los regímenes de promoción vigentes. También es relevante hacer referencia a la inversión pública por rubro, y al financiamiento, entre otras cuestiones de interés. Ello será objeto de una próxima columna.



(*) Diputada nacional por el Frente de Todos
29/07/2016

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