Desde el punto de vista de la secuencia de exacerbación del odio y construcción de un enemigo que merece la eliminación, el paso inmediatamente anterior al atentado contra Cristina Kirchner fue el alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio referido a las obras públicas en Santa Cruz, también conocido como “causa Vialidad”.

El proceso penal comenzó hace casi tres años. En aquellas instancias iniciales, el 3 de diciembre de 2019 la actual vicepresidenta de la Nación (que había sido elegida para ese cargo en la fórmula que encabezó Alberto Fernández pero ambos asumirían una semana después) ejerció su derecho de defensa ante el tribunal durante más de tres horas. En la ocasión demolió las acusaciones. (Reporte de Página 12, con acceso al video completo de la declaración. Nota del 03/12/2019). 

Hace un mes, luego de finalizar el alegato de los fiscales, el tribunal le impidió a Cristina ampliar su declaración indagatoria en el marco del juicio. Fue por eso que ella decidió realizar una exposición a través de plataformas digitales -trasmitida también por los medios de comunicación que quisieron hacerlo- y allí volvió a dejar en evidencia la persecución judicial que sufre y el carácter fraudulento del juicio.

En la semana recién transcurrida, ya como parte de las últimas audiencias orales y públicas -antes de que los funcionarios que fungen como “jueces” emitan la sentencia- su abogado Carlos Beraldi realizó durante dos jornadas el alegato de la defensa.

Dicho alegato se completó este viernes (23/09) con la participación personal de Cristina en el juicio, esta vez como “abogada en causa propia”. Horas después publicó en Twitter el video completo de su exposición, con solo cinco palabras de presentación para calificar al proceso penal que está finalizando: “Una causa contra la Constitución”. (Tuit del 29/09/22). 

Lejanos antecedentes

El intento de asesinato contra la actual vicepresidenta de la Nación ha dado lugar, entre múltiples y necesarios debates sobre sus implicancias, al análisis de las condiciones políticas que propiciaron el terrible ataque, más allá la conducta criminal de los/las involucrados/as en la planificación y ejecución. O en realidad, previo a ello.

Como han señalado una gran cantidad de personalidades y sectores diversos de la sociedad argentina, un factor determinante para crear el contexto social y político dentro del cual se perpetró el atentado fueron los mensajes de odio y violencia generados desde ámbitos de poder durante largo tiempo. Que no solo fueron discursos sino también hechos.

Distintas apreciaciones sitúan los comienzos del fomento explícito de la violencia política en el país después de la última dictadura, en el conflicto ruralista del año 2008, que tuvo como aspecto central el sabotaje al tránsito y al abastecimiento durante más de tres meses por parte de sectores del poder agropecuario respaldados por amplias capas de clases medias y altas urbanas.

En los cortes de ruta “estábamos preparados para resistir con escopetas, carabinas, de todo”, dijo en ese tiempo Alfredo De Angeli, quien era un dirigente agrario entrerriano desconocido para la opinión pública nacional pero a partir de entonces cobró notoriedad e inició una carrera político-partidaria que lo llevaría a ser senador nacional por el Pro desde hace casi siete años, elegido por primera vez en 2015 y reelegido en 2021. (Sus impunes expresiones constan en una crónica de la época publicada por Página 12. Nota del 22/07/2008). 

Entre los antecedentes más lejanos en el tiempo también pueden considerarse declaraciones como las de Elisa Carrió en 2007, cuando comparó al matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner con el dictador rumano Nicolae Ceausescu y su esposa, quienes fueron fusilados durante una rebelión popular. (El autor de esta columna de opinión se refirió a ese y otros casos en un artículo publicado en hace tres semanas. Nota del 04/09/22). 

Accionar judicial imprescindible

En base a datos como los aquí mencionados a modo de ejemplo, se puede afirmar orientativamente que el clima violento contra el kirchnerismo y contra todo el contenido político, ideológico y social que esa identidad significa, comenzó hace alrededor de 15 años.

Y (como también se señaló párrafos más arriba) no se trató ni se trata solo de “discursos”, sino también de “hechos”. Es decir, de acciones materiales y concretas que construyeron a ese enemigo político susceptible de ser odiado hasta la eliminación física de las personas que lo encarnan.

En ese marco ha sido imprescindible el accionar del Poder Judicial, dominado por una fracción corrompida que paulatinamente rompió las reglas del Estado de Derecho en Argentina, a su vez como parte de un plan continental para destruir a los gobiernos y/o fuerzas y/o líderes populares mediante el método que en los ambientes politizados se denomina “Lawfare” (“guerra jurídica” o “guerra judicial”).

El pilar básico fue la persecución política contra Cristina Kirchner disfrazada de “legalidad”. La apariencia es que se realizan juicios en su contra, pero en realidad son simulaciones en los tribunales para desgastarla y hacerle daño tanto en el plano político como en el personal y familiar.

De todas las causas penales inventadas, la que está en el centro de la actualidad nacional es el de la obra pública en Santa Cruz, o denominada “Vialidad”, de donde derivan los sucesos que desde hace poco más de un mes trastocan la vida pública de la Nación.

El lunes 22 de agosto los fiscales Luciani y Mola terminaron su canallesco alegato, en el cual pidieron que la ex presidenta de la Nación y actual vicepresidenta sea condenada a doce años de prisión, y que se le impida para siempre presentarse como candidata a cargos electivos.

Al finalizar esa jornada empezaron las movilizaciones de apoyo a Cristina frente al edificio donde reside en la ciudad de Buenos Aires. El lugar, en los últimos meses, había sido “marcado” como blanco de repudio y odio por otra habitante del inmueble, la activista de ultraderecha Ximena de Tezanos Pinto, a quien el aparato mediático hegemónico convirtió en una figura pública y la instaló amablemente en el conocimiento social como “la vecina de Cristina”. (Acerca de sus características puede verse un artículo de Perfil, nota del 16/09/22). 

El jueves 1 de septiembre, afuera del mismo edificio y mientras un gentío recibía a la conductora del kirchnerismo que estaba llegando a su domicilio, fue perpetrado el intento de asesinato.

Este viernes (23/09), durante su alegato en defensa propia en el juicio por la obra pública en Santa Cruz y dirigiéndose a los responsables del sistema judicial, Cristina dijo: “El 1ro. de septiembre me dí cuenta de que este juego que han hecho ustedes, de estigmatizarme, genera que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa”. (…) Desde el ámbito judicial se da licencia para cualquier cosa: tirar piedras a mi despacho (se refería al ataque a pedradas contra su oficina en el Senado el 10 de marzo, cuando se debatía el acuerdo con el FMI), afiches de mí (pegados en paredes de la ciudad de Buenos Aires) diciéndome ‘asesina’, y hasta quisieron matarme”. (…) El alegato del fiscal (Luciani) y las 30 toneladas de tapas de Clarín son la licencia para que me hagan cualquier cosa, como ponerme una pistola en la cabeza”. (Crónica del portal El Destape, nota del 23/09/22). 

Para llegar al hecho que pudo ser mortal para la víctima y atroz para la paz en todo el país, se necesitaron años y años de hostigamiento y de fomentar un ánimo social violento. Tanto mediante los discursos hegemónicos como a través de simulacros de juicio que pretenden condenar y prohibir a la líder política más importante del país, aún a costa de peligros para su propia vida.