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La defraudación con planes sociales a través de tarjetas de débito del Banco Provincia que investiga la justicia y cuyos principales perjudicados son el erario público y los sectores más vulnerables de la sociedad, ha colocado al oficialismo “azul” del MPN en una incómoda situación en medio de la ardua puja interna de ese partido por la sucesión.
Los dos principales referentes de las restantes listas, el el diputado nacional Rolando Figueroa, líder de la fracción Violeta y el petrolero Guillermo Pereyra, de la Azul y Blanca, han salido a reclamar explicaciones por parte del gobierno.
Figueroa, planteó esta semana la necesidad de que el gobierno de la provincia proporcione “respuestas” sobre el tema y tachó de “vergonzoso e inmoral que se le robe a los que menos tienen”.
Pereyra había salido primero. Dijo sentir “vergüenza” por lo ocurrido, exigió la renuncia del ministro de Desarrollo Social y fue aun más lejos al vincular con el tema al concejal Claudio Domínguez, un hombre que fue también diputado provincial y que supo estar muy próximo a la cúpula “azul”.
Desde el oficialismo se recurrió, de boca de distintos funcionarios a la tradicional salida de circunstancia sobre la necesidad de “dejar investigar” a la Justicia, pero lo cierto es que hasta ahora más allá de las diligencias practicadas no se ha logrado establecer en qué estamento de las áreas sociales del gobierno se tramó la maniobra ni quiénes son los principales implicados.
Tampoco, si todos los beneficiarios de los plantes defraudados eran realmente gente necesitada o simples presta nombres y si lo recaudado era o no una caja para hacer política. Pero lo que parece quedar claro en todo caso es que lo ocurrido involucra a verdaderos traficantes de la pobreza, que retenían las tarjetas de débito de los beneficiarios para hacerse del grueso del subsidio que les otorgaba el Estado.
Aunque se trata del primer escándalo de corrupción que salpica a algún estamento del actual gobierno, cualquiera con algo de memoria sabe que no es la primera vez que en una administración del MPN se destapa una maniobra de manipulación de recursos destinados a los más necesitados.
En 1999, estalló el escándalo protagonizado por el entonces líder de los desocupados de Centenario, Héctor “Zapallito” Molina, ligado al aparato del partido provincial y sospechado de integrar una red de traficantes de la miseria.
En pleno derrumbe del modelo neoliberal de Menem, con una altísimo desocupación e inéditos niveles de pobreza, Molina manejaba una red clientelista que mantenía poco menos que cautivos a numerosos desempleados.
En ese entonces, la justicia estableció que entre otras maniobras desde el municipio se usaban fondos de los subsidios para otros fines.
Molina era un habitué de los actos del MPN y sus desocupados eran movilizados con fines proselitistas.
En el 2002, durante el segundo gobierno de Sobisch y en medio de la crisis social y la desocupación desatados por las políticas neoliberales, estalló en Centenario el denominado “escándalo de los subsidios”, que tuvo de nuevo entre sus protagonistas a “Zapallito” Molina, y a funcionarios municipales y provinciales de Desarrollo Social.
En esa oportunidad, la justicia destapó una vasta red de irregularidades con planes de empleo, compras comunales, distribución de alimentos y hasta vales de nafta. Y se demostró que se “armaban” carpetas para gestionar subsidios truchos, algunos para personas fallecidas.
Por entonces se hizo famosa una foto de Zapallito con Sobisch y el intendente Luis Castillo en la inauguración de una guardería que casualmente se llamaba “El Zapallito Travieso”.
La historia de lo ocurrido viene a cuento de que no es la primera vez que se descubre enquistada en el Estado neuquino una red que trafica con recursos y víctimas de la pobreza, ya sea para hacerse ilícitamente de fondos o para utilizar a los más vulnerables como masa de maniobra de aventuras políticas.
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