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Hace varios meses atrás presenté en el Concejo Deliberante de Chos Malal un proyecto de ordenanza para excluir de la tenencia de tierras a quienes figuren en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género. Es decir, que la presencia en ese listado constituya otra causal de caducidad para la obtención y posesión de un lote otorgado por la Municipalidad de Chos Malal.
Con el acompañamiento de Mónica Pardo y Gabriela Ruiz, asesoras y activistas feministas; y el apoyo de la Red de Concejalas del Norte Neuquino, trabajé en esta propuesta teniendo en cuenta -por sobre todas las cosas- las diversas situaciones de violencia que se presentan en el ámbito familiar.
El gobierno municipal es el principal responsable de la garantizar la seguridad y protección de las víctimas de este flagelo. Por este motivo considerélas situaciones de violencia intrafamiliar y en perjuicio de las mujeres en nuestra localidad, como así también la prioridad de avanzar hacia la real igualdad de derechos en relación al acceso al derecho a la tierra y a la vivienda, tanto de mujeres como en beneficio de las niñeces.
Cabe destacar que cuando las mujeres en contexto de violencia de género reclaman su acceso a la propiedad en las oficinas municipales, la respuesta frecuente es “pídale a su ex pareja que renuncie a ese derecho”.
¿Cómo se le puede pedir a una persona que sufrió violencia física y psicológica que vuelva a tomar contacto con su agresor para suplicarle que renuncie a la posesión de la tierra? El derecho de la mujer y de las niñeces, ¿cómo puede estar supeditado a la buena voluntad de un violento?
Algunas personas se preguntan si una medida de este tipo no vulnera el derecho constitucional de acceso a la tierra de los varones que ejercen violencia. De ninguna manera. El derecho a una vida sin violencia machista, está consagrado en la Constitución Nacional. En el año 1994, con la reforma de la Carta Magna, Argentina incorporó a su contenido los acuerdos establecidos por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Entonces, ante la colisión de derechos, priman aquellos que garantizan una vida vivible y sin violencia.
Este proyecto para excluir de la tenencia de tierras a los inscriptos en el citado registro se inscribe en la línea de trabajo que vengo impulsando desde el inició de la gestión municipal, en diciembre de 2019. La adhesión a la Ley Micaela, a la Ley Provincial de Violencia Familiar y de Violencia de Género y a la Ley de Registro de Violencia Familiar y de Género, forman parte de esa tarea legislativa.
De todas maneras, la sanción de estas leyes y normas municipales no son suficientes para crear conciencia, transformar y neutralizar la violencia de género. Es necesario que este dispositivo se traduzca en políticas públicas activas que incidan directamente en esta problemática de alto contenido social.
Tal cual lo señaló la subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Neuquén, Alicia Comelli, en ocasión de la firma del convenio entre la provincia y el municipio de Chos Malal sobre el Registro de Violencia Familiar y de Género: “esta es una Ley que se milita en el día a día desde la información; que las personas sepan que no vamos a tolerar empleados públicos que estén en el registro”. Además, resaltó la importancia de “empezar a rever esas normas y hacer una nueva forma de gestión, que es chequear permanentemente que no estemos, con recursos del Estado, beneficiando a alguien que es una persona violenta, con la oportunidad de que cambie”.
El municipio tiene una enorme responsabilidad de hacer efectivas políticas públicas que vayan claramente en contra de las violencias machistas. Los movimientos de mujeres y de la diversidad sexual nos indican a diario cuán lejos estamos todavía de transitar comunidades menos violentas.
Estos registros son solo herramientas para prevenir y poner freno a la violencia de género. Por lo tanto es imprescindible, además, que los estamentos del Estado pongan en marchas todos los resortes administrativos, legales y políticos que son de su incumbencia para que una vida libre de violencias sea posible, también, para las mujeres y disidencias sexuales.
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