Aunque quizás en ciertos ámbitos los hechos fueran conocidos o intuidos o sospechados, todo estalló con la declaración pública del periodista Horacio Verbitsky en su columna de El Destape Radio (segmento periodístico que a partir de ahora dejará de tener lugar por decisión del director de ese medio, Roberto Navarro).

Verbitsky dijo allí que al principio no había querido aplicarse el antídoto contra el Covid por tener dudas sobre las vacunas, pero que luego resolvió hacerlo y para eso realizó una gestión personal directa mediante una llamada telefónica a quien definió como “un amigo desde mucho antes de que fuera ministro”, refiriéndose a Ginés González García. Con el aval de quien ese momento era el máximo responsable de la política sanitaria nacional, todo se hizo rápidamente y el periodista fue inoculado ese mismo día -el pasado viernes 19- en dependencias del propio ministerio de Salud de la Nación.

A partir de esa revelación pública, en las horas posteriores sucedió lo que ya es de conocimiento general en la sociedad. A nivel gubernamental y de la coalición oficialista, lo más trascendente fue el pedido de renuncia de González García por parte del presidente Alberto Fernández -decisión presidencial trasmitida al ministro involucrado a través del jefe de gabinete, Santiago Cafiero- y al mismo tiempo la admisión pública de que también se habían vacunado en similares condiciones otras personas del oficialismo que ocupan cargos públicos.

De inmediato se conocieron los casos de dos legisladores del Frente de Todos: el senador Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés, quienes presiden respectivamente las comisiones de Relaciones Exteriores en las cámaras que integran y se aprestaban a viajar a México como parte de la comitiva del jefe del Estado que visitará próximamente la nación centroamericana.

Este sábado, ambos informaron de forma conjunta que “jamás ejercimos un privilegio”. Afirman que decidieron vacunarse “frente a la inminencia del viaje” a México, “nunca antes”. Explican que dentro del “Plan Estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en Argentina”, existe la Resolución 2882/2020 que fija los “Criterios para la priorización de personas a vacunar”.

El senador y el diputado, en un comunicado que lleva sus respectivas firmas, manifiestan que “nuestro caso aplica a la categoría prioritaria de ‘Personal estratégico: toda persona que desarrolle funciones de gestión y/o conducción y funciones estratégicas necesarias para el adecuado funcionamiento del Estado’”.

Además, a título individual Taiana puntualiza que “son 70 años, soy paciente de riesgo, operado del corazón, con dos bypass y con diabetes. Sin embargo, pese a mi condición de salud, trabajé activamente durante toda la pandemia, tanto de manera presencial como virtual, para cumplir con mis responsabilidades en el Senado”.

A su vez, Valdés señala de forma personal que “con 65 años, soy un paciente de riesgo por edad, condiciones de salud preexistentes relacionadas a mi peso y afecciones cardíacas. Durante todo este tiempo, trabajé activamente en función de ejercer mis responsabilidades tanto legislativas como políticas, de manera virtual y presencial”.

(El comunicado conjunto fue publicado por ambos legisladores en sus respectivas cuentas de Twitter. Acceso al tuit de Jorge Taiana). 

Al margen de estos casos puntuales, desde la tarde del viernes y en el fin de semana las noticias de personas que se vacunaron en condiciones privilegiadas se multiplicaron. Medios afines al oficialismo difundieron informaciones al respecto, mientras que las cadenas mediáticas contrarias al gobierno y a todo lo que sea peronista armaron un festival de versiones que eventualmente pueden ser hechos ciertos o al menos verosímiles, como también pueden ser mentiras o datos engañosos de esos que son habituales en el aparato comunicacional ultra-opositor.

Cómo fue la oposición hasta ahora

El detalle o racconto de lo ocurrido en apenas dos o tres días respecto de vacunaciones contra el Covid en condiciones privilegiadas, arroja como una de sus conclusiones que se ha terminado una época para el gobierno del Alberto Fernández y para la fe y la confianza pública en su gestión.

Antes de esto, la salvaje oposición de derecha y ultraderecha que -con variantes y matices según los casos- se manifiesta en los medios de comunicación dominantes, en el aparato judicial corrompido, en las grandes cámaras empresarias que representan al poder económico, en el conjunto de las corporaciones de distinto tipo y en espacios político-institucionales como Juntos por el Cambio y algunos otros, no había ni una sola razón de peso para impugnar al gobierno por razones éticas.

Por tal motivo, toda la agitación opositora se concentró en el sabotaje a la acción gubernamental desde el primer día, y con mucha mayor virulencia y gravedad desde que, hace casi un año, llegó la pandemia a nuestro país y empezaron a producirse aquí los estragos del coronavirus.

Así, durante gran parte del terrible año 2020, lo único que existió por parte de las cadenas mediáticas opositoras y sus dirigentes políticos aliados -o subordinados-, fue el boicot contra las medidas de aislamiento y un continuo perverso fogoneo del cansancio emocional y psicológico de la población frente a restricciones que de por sí eran/son esforzadas y/o sacrificados y agobiantes, y que son dispuestas por el gobierno nacional, en general de forma acordada con las provincias y municipios, para atenuar los contagios y las muertes por Covid.

Con el estímulo de esa propaganda ideológica mediática y el apoyo de referentes político-partidarios de Juntos por el Cambio, surgieron a mediados de año las marchas de sectores de ultraderecha, con el odio como factor determinante. Esa fue una importante fuente de contagios cuando todavía el conjunto de la población permanecía aislada en sus domicilios. Y en esas manifestaciones se exaltaron fanatismos delirantes negadores del virus y/o de la pandemia, y todo tipo de discursos y gestos extremistas y violentos contra el gobierno y “los políticos”.

La última de las miserabilidades fomentadas por el aparato comunicacional de la derecha y potenciado en una parte de la sociedad, fue la generación de rechazo y desconfianza contra la vacuna Sputnik porque fue desarrollada en Rusia. Y su operación más alevosa fue la denuncia penal de Elisa Carrió contra el presidente y el (en ese momento) ministro de Salud por “envenenamiento”.

Estos ejemplos resumen el conjunto de sinrazones que mantuvieron durante casi un año la oposición corporativa y política, y los grupos de la población que allí se sienten representados. Así fue la tensión principal hasta ahora entre el gobierno democrático y sus bases sociales de apoyo por un lado, y por otro lado un poderoso bloque de poderes de facto -con los aparatos mediáticos y judiciales en primer lugar, y con sus propios apoyos sociales- dedicado al odio, el sabotaje, las mentiras, los insultos y el extremismo.

Cambio en la percepción social

Desde este final de febrero, muy próximo a cumplirse un año desde que la calamidad irrumpió en Argentina y, con diferencia de semanas o días, en todo el planeta, hay un cambio rotundo en los actores del poder, tanto el gobierno de la Nación como la oposición mediática y político-institucional.

Pero también se produce un cambio en la percepción social respecto de la transparencia con que Alberto Fernández y su equipo estaban procediendo en torno de la estrategia y los planes para aplicar las vacunas. La confianza se resquebrajó.

Han quedado en evidencia situaciones de privilegios, “acomodos”, “avivadas” y pequeñas/grandes trampas que repugnan a la conciencia ética. Mucho más por tratarse de un tema absolutamente grave. Quizás el/la ciudadano/a “X” tiene mayores resguardos contra el ovid por haberse inoculado, y en cambio queda en situación de riesgo otra persona de su misma edad o condición de salud, etc. que tenía derecho a vacunarse según los criterios establecidos por las autoridades sanitarias pero todavía no le llegó el turno para aplicarse el antídoto.

Ante esta situación, el bloque de poder contrario al gobierno y a los intereses populares, que está representado por los aparatos mediáticos , demás corporaciones, y por sectores políticos encabezados por Juntos por el Cambio, por primera vez tienen razones válidas para atacar al gobierno. Están en su mejor momento y lo sabrán aprovechar.

E inmediatamente “entró en acción” la corporación judicial. Guillermo Marijuan, uno de los fiscales más peligrosos para el respeto de las garantías constitucionales y en general las normas del Estado de Derecho, presentó una denuncia penal contra González García y Verbitsky por “presunta comisión de delitos de acción pública”. Los hechos ocurridos han puesto las cosas tan “patas para arriba” que hasta podría ser razonable la medida adoptada por tan nefasto funcionario judicial.

La fe pública en el gobierno ha quedado defraudada, al menos hasta cierto nivel y en una parte (difícil de determinar) de la población. Seguramente el enérgico gesto del presidente Fernández de desplazar, a pesar del dolor personal y la desazón política, a su gran ministro de Salud -el que tuvo que hacerse cargo nada menos que de administrar la política de salud pública ante una pandemia-, sea el primer paso para reparar el daño.

Y probablemente, el respeto y consideración que la ahora ministra Carla Vizzotti se ha ganado mayoritariamente en la sociedad durante la pandemia, así como su comprobada idoneidad científica, compromiso social y capacidad de trabajo, sea otra contribución esencial para organizar de modo transparente el más grande operativo de vacunación de la historia, cuyo objetivo es nada menos que cuidar la salud y salvar la vida de las personas que habitan/habitamos el suelo argentino.

Versiones periodísticas afirman que apenas se enteró de lo que había ocurrido, o estaba ocurriendo, con las vacunaciones de privilegio, Alberto dijo: “Con la vacuna no se jode… No se jode”. (Publicado en diario Ámbito. Nota del 19/02/21). Sea o no estricto que el mandatario nacional haya pronunciado tales palabras, se trata de una información verosímil, y sobre todo de una nítida noción de raigambre ética desde la cual el oficialismo pueda reencaminar sus acciones en la nueva época que le toca enfrentar.

A partir de ahora, la gestión de Alberto Fernández y del Frente de Todos no solo tiene la responsabilidad de seguir conduciendo la política de salud -y el país todo- luchando contra el Covid, sino que además debe reconstruir la confianza social que al menos parcialmente ha perdido, y que la oposición mediática, judicial, partidaria, etc. intentarán que se agrave continuamente de modo que para el gobierno cada día sea el peor posible.