La ley económica del precio único dice que, en un mercado transparente y sin trabas al ingreso, no puede haber más que un solo precio para productos iguales; es intuitiva: si hubiera dos precios, todo comprador buscaría el precio menor y todo vendedor buscaría venderlo al mayor. Rápidamente todos los precios convergerían en uno solo.

Esto viene por la actual polémica sobre la inflación y los precios de los alimentos. Actualmente los precios en el mercado internacional están en alza y los productores buscan vender al precio que resulta de la exportación, sin interesar el destino de su producción (exportación o mercado interno).

A los bienes producidos es posible dividirlos en transables y no transables; los primeros son aquellos que se venden tanto para el mercado interno como para la exportación y los segundos son los que se comercializan exclusivamente en forma interna, como la mayoría de los servicios (peluquería, por ejemplo) o algunos insumos de la construcción.

Para los bienes transables, excepto que el país tenga un peso preponderante en el mercado, como es el caso de Arabia Saudita con el petróleo, al precio lo fija el mercado internacional. Quiere decir que el precio único está fijado por el mundial y por el tipo de cambio por el que se lo convierte en pesos.

Los bienes primarios que Argentina exporta son básicos para el consumo local. Cereales (harinas, forrajes), oleaginosas y carne, por ejemplo, tienen un papel importante en el costo de vida y repercuten en toda la canasta alimenticia. Los representantes del campo dicen que ellos no son formadores de precios y que, para abaratar la canasta alimenticia, hay que apuntar a los otros eslabones de la cadena productivo-comercial. Realmente no son “formadores” de sus precios (en el sentido de poder de decisión sobre los mismos) sino son “tomadores” del precio internacional.

Pero los precios que finalmente paga el consumidor dependen a) del precio que fija el mercado internacional para el producto primario al tipo de cambio vigente, más b) el costo salarial y el de los insumos en la cadena productiva y c) las tasas de ganancia con el que los empresarios remarcan el costo total (“mark-up”). El elemento fundamental en el precio final es el primero, independientemente que haya que controlar muy bien al tercero, evitando especulaciones.

Reiteramos. En los períodos de expansión del mercado internacional, cuando los precios suben, como ocurre en la actualidad con los bienes alimenticios, por la ley del precio único ese aumento repercute directamente en el costo de vida local. Si un producto puede obtener, supongamos, $ 1.000 por unidad exportándolo, no va a aceptar un precio menor independientemente de cual fuere el destino de su producción.

Pero resulta esencialmente injusto que los consumidores con ingresos en pesos tengan que pagar más por bienes porque el mercado internacional aumentó su precio en dólares, cuando los costos de los productores también están en pesos. Para solucionar esto es necesario independizar el mercado interno del internacional.

Una solución utilizada por algunos países en el siglo XX fue la nacionalización del comercio exterior (en Argentina fue la experiencia del IAPI con el primer peronismo) donde el Estado es el único importador y exportador: compra a los productores en pesos, en función de los costos de producción más una ganancia razonable y se exportan al precio que fija el mercado mundial, la diferencia (positiva o negativa) es del estado; es decir, se socializan ganancias y pérdidas.

Otra solución es el de las retenciones a la exportación, utilizadas por gobiernos de distinto signo político: lo usó Onganía ante una devaluación del peso, los gobiernos radicales y peronistas y también Macri, en forma indiscriminada para todo tipo de exportación. En este último caso el objetivo fue recaudatorio; en los demás tuvo como principal finalidad de evitar enriquecimiento sin causa de los exportadores (con retenciones diferentes según los distintos sectores).

Siguiendo con el ejemplo de $ 1.000 la unidad, una retención del 20% significa que el precio que recibe el productor por la exportación es de $ 800, que se convierte en precio único para el mercado interno. Obviamente, si la retención subiera al 30% el precio único bajaría a $ 700.

Una variante interesante es la que encontró recientemente la industria oleaginosa para evitar el aumento de las retenciones por parte del Estado: una especie de fideicomiso en el cual los exportadores depositan cierta proporción de sus ventas al exterior, monto destinado para que, en carácter de subsidio, pase a las empresas cuya producción está destinada al mercado interno. Supongamos, simplificando, que se exporta el 50% de la producción y que el precio mundial equivale a $ 1.000 la unidad. Una retención para el fideicomiso del 10% llevaría al precio único a $ 900, que es lo que pagarían los productores cuya producción está destinada al mercado interno; pero como reciben $ 100 de subsidio por cada unidad producida, el precio para el mercado interno resultaría de $ 800.

El gobierno pidió a los representantes del agro que encuentren una solución, similar a esta última o de otro tipo, para evitar que los aumentos del precio internacional de los alimentos repercutan en el costo de vida interno. De lo contrario tendrá que aumentar las retenciones para defender al consumo popular.

Hay que tener en cuenta que cuando el precio único no cubre los costos, los productores piden subsidios o “precio sostén”; pero cuando lo supera con creces rechazan la implementación de retenciones. Es el viejo principio de “socializamos las pérdidas, pero privatizamos las ganancias”.

Contrariamente a lo que se diga, las retenciones a la exportación son una herramienta económica apta y esencialmente justa. Y es muy probable que, de seguir la tendencia ascendente de los precios, se deba aumentarlas para contener a la inflación.