Uno

La pandemia se llevó puesto el entusiasmo que el año pasado había teñido al llamado ecosistema del libro. Al finalizar el invierno y, con ciertas flexibilizaciones que normalizaron la existencia del virus, los dueños de empresas editoras y de librerías; imprenteros y escritoras y escritores; diseñadores gráficos y oficiantes de los diversos tramos de la producción editorial reflotaron el proyecto de ley nacional del libro. En paralelo y, como para fortalecer el envión, la Unión de Escritores y Escritoras de la Argentina impulsó la jubilación para el sector, uno de los más precarizados en el mundo laboral –sobre todo en los grandes centros urbanos del país- y con una errática representación sindical (ver nota).

Ambas iniciativas retrocedieron varios casilleros: quedaron sin tratamiento parlamentario. La ley del libro deberá esperar un período o reformular su texto para merecer la atención legislativa; la de jubilación probablemente necesitará otro tanto, y las dos, mayor apoyo político.

En cualquier caso, en la próxima oportunidad sería importante que hablar del libro implique también hablar de sus autores y autoras. Un libro nace cuando hay un original, mecanografiado, en archivo digital o manuscrito. Y no surge por generación espontánea. No se trata de reivindicar una “propiedad intelectual” –aunque es necesario discutirla en estos tiempos donde el autor se disuelve en el aire- sino de extender la frontera de ese “ecosistema libro”. Expandirlo desde el original hasta el momento anterior a convertir al libro en ese objeto de doble cara económica y simbólica. De las ventas, los autores perciben, con suerte, el 10 por ciento del precio de tapa en concepto de derechos, que se liquidan cada doce o seis meses en el mejor de los casos. Con eso, evidentemente nadie vive. También es sabido que, con políticas públicas que favorezcan la producción literaria el “ecosistema” mejorará.

Dos

Si de políticas públicas se habla, las escritoras y escritores de la provincia recibieron en estos días una saludable noticia. El pasado 5 de febrero se conformó, con los cuatro integrantes que establece la ley 3164, la estructura de conducción del Fondo Editorial Neuquino. La integración se realizó tras un proceso electoral que se inició con el registro de escritores y escritoras residentes en el territorio provincial, que eligieron como sus representantes en la institución a Graciela Rendón, narradora y poeta de San Martín de los Andes y Diego Rodríguez Reis, escritor residente en Villa La Angostura. Ambos se sumaron a Carina Rita Medina y Gustavo Lupano, designados por el Ejecutivo provincial. Como suplentes quedaron Mónica Maté, de Aluminé y Hernán Riveiro, de Neuquén. Participaron en la elección 110 personas sobre un total de 146 inscriptas. (ver nota)

Graciela Rendón

Según la ley, el Fondo Editorial Neuquino tendrá varias fuentes de financiación. Como mínimo, recibirá del tesoro provincial anualmente un monto equivalente a diez aportes que la Conabip establece para bibliotecas populares de primera categoría. Este importe, según datos de 2020, significaría algo más de un millón de pesos. El FEN también puede recibir aportes de empresas –mecenazgo, responsabilidad social empresaria-, de instituciones u oficiales privadas como asistencia técnica o capacitación; de organismos internacionales y donaciones de particulares, entre otras. (ver nota).

La poeta Carina Medina dijo que, en su primera reunión, la comisión se ocupará de la redacción del reglamento interno, de los trámites iniciales de inscripción y registro institucionales y de marca y del plan de ediciones, que se formulará con el criterio de dos obras de autores y autoras contemporáneas y una perteneciente al patrimonio cultural de la provincia.

Los títulos iniciales pertenecerán al género de ficción –uno de los de mayor desarrollo en los años recientes- y probablemente una antología de poetas mayores de 25 años. Se trata, dijo Medina, de “reparar el abismo” existente en la producción literaria regional que, en su mayor parte, se canaliza de manera independiente, tal como ocurre en la mayoría de las disciplinas artísticas.

Otros aspectos a definir, señaló Medina, se refieren a las tiradas –en la actualidad oscilan entre 300 y 500 ejemplares y, en casos excepcionales llegan a mil-, la realización de versiones digitales –epubs y e-books-, de audiolibros y de otros soportes. Inclusive, es necesario definir la circulación de los libros –en escuelas, bibliotecas- y cómo será el pago a los autores –derechos, cuota de ejemplares-. Un punto que queda por discutir es si habrá un porcentaje que irá a librerías. Por lo general, las ediciones estatales no entran en el circuito comercial, y se distribuyen de manera gratuita.

Diego Rodríguez Reis

Actualmente, los escritores y escritoras jóvenes –y los que no lo son, también- financian la publicación de sus obras, sea en editoriales comerciales independientes o con sellos artesanales y de circulación limitada. En este campo, la acción estatal, hasta ahora, consistió en la realización de ferias provinciales y regionales, adquisición de libros para distribución en escuelas y bibliotecas populares y la instrumentación del Proyecto Puentes, una iniciativa conjunta del Consejo Provincial de Educación a través de su centro de documentación (Cedie) y el área de literatura del ministerio de Culturas. En este ámbito se formó un centro editor en 2017 que publicó un amplio catálogo de cuadernillos –denominados “dispositivos”- con poesía y narrativa de autores radicados en la provincia. Estas publicaciones se distribuyen de manera gratuita en las escuelas, en general con la participación de los autores.

En su anterior formato –según la ley 1809- el FEN editó 28 títulos de narrativa, poesía, ensayo, teatro y ciencia, con tiradas de mil ejemplares y un porcentaje importante de obras patrimoniales. Esta producción se realizó en el período que va desde 1991 a 2009. Fuera de ese lapso, y por diferentes motivos, el FEN quedó inactivo, de acuerdo con el análisis de Mauricio Bertuzzi, propietario de Ediciones Con Doble Zeta. (ver nota) y (nota)

Tres

En un edificio sobre la calle Santa Fe que había sido hotel y que hoy alberga estudios jurídicos y contables funcionaba hacia comienzos de los años noventa el Consejo Provincial de Educación. En el despacho de la presidenta del organismo, Fenny Goransky, se reunían los diez integrantes de la comisión ejecutora del Fondo Editorial Neuquino (FEN), establecida por una ley que impulsaba la injerencia estatal en la edición de libros. La ley 1809, sancionada durante el gobierno de Pedro Salvatori, tenía dos modelos: las que crearon fondos similares en las provincias de Río Negro y de La Pampa apenas unos años antes, con la apertura democrática tras la dictadura cívico-militar.

El fondo neuquino, que fue saludado con entusiasmo por escritores que eran jóvenes a finales de la década de 1980, pronto demostró que adolecía de una desventaja de origen: su conducción era supernumeraria, y de sus diez integrantes, sólo cuatro provenían del campo literario -dos representantes de la vetusta filial neuquina de la SADE y dos de las bibliotecas populares-. El resto eran miembros la junta de estudios históricos; del Copade; del sistema educativo y del sector universitario y del sindicato de periodistas, aunque este último tenía alguna vinculación con la escritura ya que por entonces a los trabajadores de prensa se les pagaba por escribir, no por hablar. Además, en esa comisión no había ni libreros ni editores.

Tras algunos años de gestión del FEN, varios escritores, la mayoría ex-integrantes del grupo Poesía en Trámite que habían intentado modificaciones en el reglamento de la institución, fueron convocados en dos oportunidades por el escritor Ricardo Fonseca para reformular la ley 1809. Al cabo de algunas deliberaciones y ya comenzado este siglo, se logró un proyecto de consenso que no llegó al ámbito legislativo. Transcurría el año 2007. Posteriormente, en 2011, el poeta Tomás Watkins realizó una nueva convocatoria, esta vez con la participación de editores locales. Se realizaron varias rondas de consulta, esta vez con escritores y editores radicados a lo largo y ancho del territorio provincial –Zapala, Cutral Co, San Martín y Junín de los Andes, Villa La Angostura, Chos Malal y sus zonas de influencia-. En esta oportunidad, se llegó a acordar la redacción de un texto más próximo al que se aprobó en 2018 que, según destacó el entonces subsecretario –ahora ministro- de Culturas, Marcelo Colonna, culminó un proceso de “participación democrática”.

El FEN es, no obstante, el primer paso para establecer un conjunto de políticas públicas, que se complementan con la legislación que protege la música producida en la provincia; el fomento al teatro independiente; el sostenimiento de la actividad artística; las escuelas de cine y artes audiovisuales. La pandemia, entre otras cosas, demostró que tanto los escritores como los actores, los poetas como los directores, los músicos y los artistas plásticos y cada quien que practica o ejerce un arte son trabajadores y como tales merecen la atención de los organismos del Estado. La actividad cultural no puede dejarse librada a la famosa mano invisible del mercado, que no es invisible ni es mano, es guillotina. La actividad cultural se apoya en dos patas de difícil equilibrio: la independencia estética y política y el apoyo, financiero y también político. Esto último quedó demostrado con la caída del tratamiento legislativo de los proyectos de ley del libro y de la jubilación del escritor. Esto es, como muchas veces, barajar y dar de nuevo.