En el contexto de creciente complejidad de la vida política nacional, signada por la belicosidad de la llamada Trifecta mentimediática, el repertorio de temas sigue tan variado como peligroso. Pero sobre todo, peligroso. Y no sólo porque tenemos la justicia que tenemos y el abuso sistemático de una oposición tan violenta, sino porque en estos días se dirimirán asuntos extremadamente importantes y delicados.

Y el mayor, sin dudas, el imperioso y urgente reestablecimiento de la soberanía nacional sobre nuestros ríos y costas marinas. Un tema basal de todo país independiente, que en nuestro caso es histórico y ahora se redefine. A saber: la salida de nuestras exportaciones al Océano Atlántico y al mundo; nuestra condición de país marítimo que también somos; nuestra lucha diplomática para recuperar las Islas Malvinas usurpadas, y nuestro control sobre las islas del Atlántico Sur y la porción de Antártida que reivindicamos consistentemente desde hace más de un siglo. Todo eso se dirimirá en los próximos días.

Lo anterior refiere, claramente, al cuestionadísimo Decreto 949/20 que, según diversos especialistas, si no es derogado con urgencia implicará lisa y llanamente la renuncia de hecho de la República Argentina a la histórica soberanía sobre el río Paraná y el Mar Argentino.

Para entender la gravedad de este decreto hay que poner en primer plano lo que advirtió esta semana la diputada nacional Alcira Argumedo: "Las concesiones de puertos terminan este año", y al igual que todos los derechos sobre nuestro río Paraná "no tiene ningún costo retomarlos para el sector público". Y en cambio, si volvieran a cederse sin una previa consulta popular urgente, "el costo sería altísimo".

Son numerosas las expresiones que advierten el peligro que implica este decreto, cuya ejecución depende del ministro de Transporte, Mario Meoni, un militante radical de vieja cepa, aliado al Frente Renovador de Sergio Massa, que fue intendente de la bonaerense ciudad de Junín. Hombre cuestionado por diversos entendidos en materia de soberanía, algunos anticipan el desastre político, geoestratégico y moral que significaría que los argentinos perdamos nuestra soberanía sobre las vías de navegación y exportación.

A lo anterior se debieron tanto la fuerza como el apoyo que recibió el pedido urgente de informes al ministro Meoni formulado por el Senador Jorge Taiana acerca de todo lo relacionado con la concesión, modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, así como sobre el futuro llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción del nuevo canal Magdalena, obra ya incluida en el Presupuesto 2021.

Y es que el efectivo ejercicio de la soberanía en materia de transporte fluvial y comercio exterior, conlleva la necesaria e irrenunciable seguridad de que las exportaciones argentinas salgan al mar a través de aguas argentinas, es decir, por ese nuevo canal que desemboca directamente en el Atlántico.

Toda forma o pretensión de relativizar este elemental derecho de la Argentina es atentatoria contra los intereses nacionales, y es por eso que resultan tan sospechosamente confusas tanto la redacción como algunas ambigüedades y oscuridades textuales del decreto 949/2020 que en diciembre de 2019 delegó en el Ministerio de Transportes prácticamente la totalidad del control de la "Sociedad del Estado Administradora Federal de Hidrovía", creada por el Presidente Alberto Fernández en agosto de 2020, e integrada por el Estado Nacional (51% del capital social) y las siete provincias ribereñas del río Paraná: Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Pero la cual de hecho no existe.

La importancia del Paraná es fundamental: la soberanía sobre este río en nuestro territorio nos corresponde enteramente, y no sólo gracias a la gesta del 20 de noviembre de 1845, cuando en la Batalla de Vuelta de Obligadonlas tropas de la Confederación Argentina al mando de Juan Manuel de Rosas derrotaron a la flota anglo-francesa impidiendo el dominio de las dos potencias sobre nuestro mayor río interior. La importancia de aquella gesta se ratifica hoy en el hecho de que navegan el Paraná y el Plata cerca de 6.000 barcos por año, transportando el 80% de las exportaciones argentinas.

En ese sentido, el decreto 949/2020 podría ser funcional a intereses foráneos, ya que el gran favorecido en su texto es el puerto de Montevideo, que pasaría a ser la salida al mundo de todas nuestras exportaciones, las que se verían obligadas a navegar el canal Punta Indio, que es uruguayo pero ya en manos de grandes corporaciones multinacionales.

Una de las primeras advertencias la hizo el Ingeniero y exsubsecretario de Puertos y Vías Navegables Horacio Tettamenti, quien reclamó que el gobierno reafirme los derechos argentinos y garantice que las exportaciones por el Paraná desemboquen en el canal Magdalena, bajo control nacional, con salida directa al Atlántico y fuerte reducción de peajes al obviarse el desvío por Montevideo. A la vez, se pronunciaron expertos militares. El teniente de navío retirado Julio César Urien, presidente de la Fundación Interactiva para la Cultura del Agua, señaló esta semana que “esta Hidrovía comienza en Puerto Cáceres, en el Mato Grosso, y llega a Palmira en Uruguay, y es un proyecto de las grandes multinacionales, Cargill, Dreyfus, Bunge. Por allí sale el 50% de la proteína mundial. Y sale también casi todo el comercio exterior argentino".

Por su parte, el general retirado Fabián Brown, doctor en Historia, ex rector de la Universidad del Ejército, y director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, señaló que "las multinacionales y el Reino Unido disputan la hidrovía fluvial y el Atlántico argentino por su importancia estratégica para la defensa de nuestras riquezas naturales y el control del comercio internacional argentino". Sentenció además que "toda cuestión de soberanía tiene que ver con la presencia, y el problema argentino es que no tenemos". Por lo que es "imprescindible y urgente que nuestro gobierno haga el acto político fundamental que es la ratificacion del Paraná como medular de la Argentina, y que marquemos la cancha, como se dice".

No en vano en el Senado el excanciller Taiana cuestionó de hecho el extraño manejo del ministro de Transportes, quien designó como Subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de su ministerio a un ciudadano uruguayo, nacionalizado argentino, que vendría de trabajar para la multinacional Dreyfus, que es una de las principales exportadoras de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales desde uno de los más importantes puertos sobre el Paraná.

Nadie ha pedido renuncias todavía, pero hay varias que ya están en boca de muchos.

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