Argentina vive, como toda la humanidad -cada país, región, ciudad, etc. a su manera- el azote del coronavirus. Pero además de esa tragedia para la salud que en miles de casos se lleva la vida de las personas, nuestra Nación padece otros graves problemas económicos y sociales, particularmente referidos al acceso a bienes esenciales por parte de las clases bajas y medias de la población.

Quizás el drama económico más serio, agravado en las últimas semanas, es el precio de los alimentos. También lo es el valor de los alquileres, que a pesar de estar congelados por el Poder Ejecutivo, los grandes propietarios e inmobiliarias conocen las trampas para extorsionar a los inquilinos y obligarlos a pagar más o en caso contrario sufrir el desalojo.

Otra situación es el paulatino aumento de los combustibles y los que con alta probabilidad se dispondrán próximamente para la electricidad y el gas. Asimismo el precio de la medicina privada, cuyos efectos sienten especialmente grandes franjas de las clases medias. Un problema más es el aumento de las tarifas en servicios de telecomunicaciones, como la telefonía móvil y la conexión a internet.

Esta lista es solo para dar ejemplos, y cada uno de los casos tiene sus particularidades y exigen abordajes muy diferentes. Pero en lo fundamental, son todos aumentos que perjudican la vida de las familias y dañan colectivamente al país, peor todavía por el contexto de la pandemia, con todos sus riesgos y a veces consecuencias trágicas.

Las autoridades públicas, empezando por el gobierno del presidente Alberto Fernández, adoptan de forma prácticamente diaria múltiples medidas que intentan frenar o aminorar los aumentos de costos en los diferentes precios o servicios. Si se analizaran una por una, las decisiones gubernamentales al respecto podrían ser calificadas de buenas, regulares o malas, según cada caso y, como siempre, según el cristal -político-ideológico- con que se mire.

Pero aparte de la opinión que puedan merecer las medidas que adopta el oficialismo nacional o el Congreso, o en su caso los gobiernos provinciales o municipales, persiste una realidad de fondo que generalmente se analiza poco o nada: es la capacidad de las corporaciones -tanto las privadas como las que actúan desde adentro del Estado- para arruinar los efectos benéficos de las políticas públicas y de ese modo perjudicar al conjunto de la población.

El poder en el capitalismo

En las sociedades capitalistas, como su nombre lo indica, el poder más grande lo detentan los propietarios del capital. Dentro de ese contexto, muchas veces las autoridades democráticas son impotentes para garantizar la eficacia de sus propias decisiones ante el poder de sabotaje y de imposición de sus privilegios por parte de los poderes de facto -de hecho, “de prepo”- de los grandes conglomerados empresariales.

Así ocurre con el precio de los alimentos. El “mercado”, es decir las empresas que tienen posiciones dominantes en la oferta de determinados bienes que en este caso son nada menos que los productos esenciales para la comida de la gente, establece precios y condiciones de venta -como mayor o menor abastecimiento, distribución de los artículos según la exclusiva conveniencia del capital privado, lo mismo en cuanto su ubicación en los súper o hipermercados, etc.- que el Estado no tiene capacidad de modificar cuando la población está gravemente perjudicada por dichas decisiones empresariales.

Desde los poderes públicos se han lanzado, en diferentes momentos, herramientas para mitigar la voracidad de lucro y regular aunque sea mínimamente los precios y condiciones de venta, pero su aplicación muchas veces resulta ineficaz o intrascendente. Por lo general, “hecha la ley, hecha la trampa”. El poder empresarial sabe cómo burlar o tornar inútiles muchas de esas herramientas. Así sucede frecuentemente con los programas “Precios Cuidados” o “Precios Máximos”, o podría ocurrir ahora con la recientemente reglamentada “ley de Góndolas”.

(Como soporte propagandístico del poder que detentan las élites empresariales en una sociedad capitalista, están las cadenas mediáticas de la derecha que representan sus intereses y propagandizan su ideología. En una demostración bien actual de ello, el portal de noticias Infobae acaba de publicar un artículo destinado a desgastar la credibilidad social en las herramientas de intervención del Estado en la comercialización de artículos de primera necesidad. El título refleja nítidamente la intencionalidad de la firma periodística propietaria del medio: “No parece haber ganadores por la ley de Góndolas y los Precios Máximos: se quejan las empresas grandes y las chicas”. Nota del 29/01/21).

Clarín cobra las tarifas que quiere

Múltiples ejemplos cómo este -el del precio de los alimentos- demuestran que cuando los poderes públicos surgidos del voto ciudadano no tienen la suficiente fortaleza política, respaldo social, apoyo institucional, eficiencia técnica, aptitud para organizarse políticamente de manera vigorosa y así poder defenderse, etc. puede ocurrir que la democracia sea humillada por los poderes de facto.

Más alevoso y a la vista de todo el mundo (literalmente), es el hecho de que el Grupo Clarín, a través de su empresa Cablevisión, aumentó el 20% las tarifas de televisión por cable y acceso a internet, a pesar de que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) solo había autorizado una suba del 5%.

Hasta ahora el conglomerado mediático se negó a aceptar la decisión del gobierno -es decir del Estado, o sea de la autoridad pública- y en cualquier momento puede aparecer un representante de la mafia judicial que le dé la razón a la empresa.

(El diario Cronista, que es parte de las cadenas mediáticas de la derecha y desde esa ideología construye su discurso, en ocasiones contiene información interesante. En su suplemento de Economía llamado “Apertura”, publicó recientemente que “en rigor de verdad, Cablevisión ya no es una empresa, sino una unidad de televisión paga e Internet de Telecom Argentina, tras la fusión entre ambas compañías, acordada a mediados de 2017 y aprobada en junio de 2018”. El diario oculta que para dicha fusión fue necesario un atentado contra el Estado de Derecho, perpetrado cuando, apenas asumió, Mauricio Macri derogó por decreto las cláusulas antimonopólicas de la ley de Servicios de Comunicación. Hasta ese momento, solo las dictaduras derogaban leyes mediante decretos. Gracias a esa maniobra estratégica del macrismo, ahora Clarín puede hacer lo que hace con las tarifas).

(Pero volviendo a la interesante información de Cronista/Apertura: “Telecom está controlada por Cablevisión Holdings y el fondo de inversión Fintech. Los titulares de la primera sociedad son Héctor Magnetto, José Aranda, Lucio Pagliaro y los hermanos Noble Herrera. Todos, también, accionistas de Clarín. Fintech, en tanto, pertenece a David Martínez, inversor mexicano que ganó protagonismo en el mercado local a partir de 2003”. Por fuera de estos valiosos datos, como parte del contrabando ideológico en la noticia, el diario alude a la autoridad democrática con un sesgo negativo y le atribuye una actitud agresiva, cuando escribe en el título que “el Gobierno insiste en su embestida por los aumentos de Cablevisión”. Según ese medio, es el gobierno el que “embiste”, y no Clarín que viola disposiciones legales. Nota del 26/01/21). 

Grandes fortunas, ley de aborto y un juez “mosca blanca”

Son prácticamente infinitas las ocasiones en que la democracia está ante el riesgo de ser humillada por las corporaciones. Ese peligro se confirmará o no en los próximos días o semanas con la “ley de Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, tal el nombre oficial del “impuesto a las grandes fortunas”, que tanto costó aprobar en el Parlamento y que la semana pasada fue reglamentada por el Poder Ejecutivo.

Dicha ley podría ser frenada o anulada con cualquier pretexto de apariencia “legal” por alguno/a de los/las muchos/as jueces/juezas serviles a las clases sociales privilegiadas, que boicotean medidas favorables al pueblo. Y además, desde el sector de los ultra-millonarios que deberían cumplir con ese aporte por única vez, ciertas versiones ya dejaron trascender que se negarán a pagarlo. Así de brutales y violentos suelen ser los comportamientos de quienes no necesitan ser votados por nadie para detentar su poderío, ya que lo ejercen de facto.

De similar manera, la jueza chaqueña Marta Aucar de Trotti inició el sabotaje judicial contra la histórica ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El hecho no sorprende pero es demostrativo de la misma dinámica: poderes fácticos que actúan en contra de las representaciones democráticas de la sociedad.

Previsiblemente, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito consagrado por ley después de décadas de lucha de los feminismos y de los movimientos de mujeres en general, ahora deberá recorrer largamente los laberintos de los juzgados. La lucha continúa.

Finalmente, frente a todos los casos de distinta índole comentados en este artículo, se antepone una trascendente y auspiciosa novedad producida días atrás por el juez Walter Lara Correa, titular de un juzgado en la Contencioso Administrativo Federal de Buenos Aires, quien defendió el interés general con una resolución contraria a los grandes conglomerados capitalistas que dominan el mercado de las telecomunicaciones (empresas a las que, abreviadamente, se suele llamar “telcos”).

Al resolver una presentación de Telecom (Grupo Clarín), el magistrado rechazó dictar una medida cautelar que frenara la aplicación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) Nº 690/20, dispuesto por el presidente Alberto Fernández y luego convalidado por el Senado, a través del cual se declararon como “servicios esenciales” a la telefonía celular, acceso a internet y televisión paga. (Información de Página 12, nota del 29/01/21).

La decisión de un juez que parece ser una “mosca blanca” dentro del corrompido aparato judicial hegemónico, puede ser revertida por una Cámara de Apelaciones contraria al interés general y favorable a las corporaciones. Eso está por verse, y mientras tanto el DNU sigue vigente.

Una de las cláusulas del decreto dispone que los incrementos tarifarios no sean solo una decisión de las empresas, sino que deben ser definidos por la autoridad pública. Que es justamente lo que Clarín se niega a aceptar, y por eso les cobra a sus clientes -cautivos- el 20% de aumento, en lugar del 5% autorizado.

Quizás, si dentro del sistema judicial tuvieron más preponderancia los/las jueces/juezas dignos/as y valientes que garantizan el Estado de Derecho y se animan a defender el bien común, los intereses de la población estarían más protegidas contra la voracidad del capital privado y las mafias, y así las corporaciones que actúan desde afuera del Estado tendrían menos posibilidades de humillar a los poderes democráticos.