A raíz de la carta publicada por Cristina Fernández de Kirchner el 9 de diciembre de 2020, centrada en denunciar la existencia de estrategias de lawfare, se han alzado voces que afirman que es “puro cuento”. Desconocen algo que se viene señalando hace tiempo: que el lawfare es una guerra política por la vía judicial, que emplea las herramientas jurídicas de forma indebida para la persecución política, que utiliza la ley como arma para destruir al adversario. El lawfare opera desde altas instancias a través de un aparato judicial que se eleva por encima del Poder Legislativo y Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder de los jueces, allanando el terreno para una creciente “juristocracia”.

Este aparato judicial encumbrado adquiere protagonismo y visibilidad gracias a su articulación con medios de comunicación y redes sociales. Estos medios fabrican un consenso a favor o en contra de determinadas personalidades, grupos o sectores políticos. Se recurre a voces de supuestos especialistas y técnicos que instalan y reproducen los discursos convenientes para que posteriormente la opinión pública asuma el lawfare sin disenso. Así ocurre, por ejemplo, con el relato que señala a los gobiernos progresistas de Latinoamérica como principales culpables de la corrupción. El objetivo de este tipo de guerra es promover y mantener el orden neoliberal. Participan en esta dinámica actores de diferentes ámbitos, incluso el de inteligencia, articulando intereses locales, regionales y transnacionales, deliberadamente ocultos a la opinión pública.

Uno de los casos más paradigmáticos de lawfare fue el que se empleó contra Lula da Silva en el marco de la causa judicial Lava Jato. La defensa del expresidente brasileño utilizó este concepto para describir que se usó la ley de forma fraudulenta para expulsar a Lula de la política. Algunos periodistas, abogados y militantes retomaron el término con respecto a la persecución política y el acoso mediático a Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa y colaboradores y funcionarios al servicio de ambos. Incluso Cristina Fernández construyó su defensa en torno al lawfare en diciembre de 2019, reforzando esas ideas en una carta que hizo pública en diciembre de 2020. Por su parte, el Papa Francisco I habló del lawfare para alertar sobre la judicialización de la política y su alianza con la corporación mediática, calificándolas como graves amenazas para la democracia en América Latina.

El lawfare ha ido mutando con los años, rebasando lo ocurrido en el Lava Jato, incorporando nuevas estrategias de persecución político que cada vez más operan a la luz del día: proscripción de partidos políticos, reacomodo del aparato institucional burocrático para obstaculizar el avance de sectores políticos no deseados; abuso de prisiones preventivas; allanamientos de locales y viviendas particulares de políticos sin orden judicial; utilización masiva de delaciones premiadas; fabricación de casos judiciales en portales de Internet; acoso financiero; persecución violenta que culmina en pedido de refugio en embajadas y asilo en otros países por parte de los perseguidos…

Este lawfare “recargado” y en ocasiones devenido en “lawfear” (utilización de la ley para infundir miedo) se ha extendido por toda Latinoamérica, con casos emblemáticos como los de Paola Pabón, Amado Boudou, Evo Morales, Milagro Salas, Gabriela Rivadeneira o Sigfrido Reyes.

(Nota de : Paola Pabón es prefecta, equivalente a gobernadora, de la provincia ecuatoriana de Pichincha; fue detenida durante las protestas populares a fines de 2019 y luego liberada, y el gobierno de Lenin Moreno armó varias causas judiciales en su contra. Gabriela Rivadeneira es integrante de la Asamblea Nacional de Ecuador, también fue perseguida en el marco de las protestas en su país y hoy está exiliada en México. Sigfrido Reyes integra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, fue presidente de la Asamblea Legislativa, es opositor al régimen autoritario del presidente Nayib Bukele y recibió asilo político en México).

El avance del lawfare ha sido de tal magnitud que ya se debate abiertamente sobre la necesidad de reformar los aparatos judiciales con el objetivo de desalojar a las élites que los controlan. Se abren interrogantes sobre el acoso y desmoralización que practican los medios de comunicación a través de la manipulación de la realidad y de la política con noticias falsas y casos judiciales prefabricados. En diversos países, la gente sale a la calle a manifestarse en contra de los procesos de lawfare. Diversos organismos internacionales y regionales se pronuncian explícitamente contra esta guerra política con armas judiciales.

El lawfare no es un cuento. Es una herramienta útil para las minorías privilegiadas. La comprensión de lo que implica esta estrategia por parte de organizaciones sociales y políticas, además de la propia ciudadanía, es un avance para derrotarlo. Pero no por ello desaparecerá. Es necesario combatirlo. Y para ello, hay que conocerlo en profundidad. Es urgente analizar el lawfare, sistematizar y caracterizar los diferentes casos y tipos para establecer continuidades y rupturas de los actores, las dinámicas e intereses involucrados a nivel local, regional y transnacional, su impacto en la política formal, en la economía, en los recursos estratégicos.