Desde el punto de vista económico cerramos un año totalmente atípico, signado por la pandemia del coronavirus, que afectó al mundo entero. Según los organismos internacionales, para este año se espera a nivel global una caída del PBI del 4,4%, un 5,8% en los países desarrollados, y con un solo país con índice positivo: China, que crecería un 1,9%, muy lejos de las tasas a los que nos tenía acostumbrado. Un año que presentó un aumento de la desocupación y de la pobreza, en un panorama desolador.

En particular, América Latina está doblemente castigada: primero por la restauración conservadora con cobertura neoliberal, que azotó prácticamente a todos los países y, este año, por la pandemia.

Respecto a la primera, se manifestó por una planificada campaña de “fakenews” (noticias falsas o política del engaño) y una serie de golpes blandos, legislativos o judiciales, inclusive alguno tradicional, como el de Bolivia, y en unos pocos casos por elecciones, que destituyeron a gobiernos y persiguieron a dirigentes populares, a la vez que desde el exterior se apoyaba abiertamente a todos los regímenes conservadores surgidos como consecuencia.

El resultado de esta ola conservadora, según la CEPAL, fue, para el continente, un crecimiento promedio entre el 2014 y 2019 de solo un 0,3% anual (0,1% en 2019), muy por debajo del crecimiento poblacional y con un fuerte aumento de la desigualdad en la distribución de los ingresos, cosas que contrastan con lo ocurrido en los primeros años del nuevo siglo, bajo gobiernos populares.

Hubo aumento de la desocupación y del número de pobres, que pasó de 164 millones en 2014 a 191 millones en 2019 (30,8% de la población total) y con 72 millones en la pobreza extrema.

Y con ese escenario, este año llegó la pandemia. Según el FMI (informe del 21-12-21), fue el continente más castigado: con el 8% de la población mundial tuvo el 20% de los infectados y el 30% de los muertos por causa del virus. No fue fatalidad. Fue la consecuencia de la restauración conservadora, con la falta de crecimiento económico, peor distribución del ingreso y el aumento de la pobreza, la marginación y el hacinamiento humano; fue el resultado del recorte al gasto social impuesta por el neoliberalismo y la falta de inversión en obras y en medicina pública, con el paulatino deterioro de sus servicios.

Para el año que cierra se espera, a nivel continental, una caída del PBI del 7,7%, la peor crisis en 120 años.

Argentina no fue la excepción. Entre el 2015 y 2019, gobierno de Macri, el ingreso promedio por habitante cayó un 8,1%, con fuerte empeoramiento de la distribución: los pobres resultaron más pobres y los ricos más ricos, con el lógico deterioro de todos los indicadores sociales. Cayó también, en términos reales, el gasto social en salud y la obra pública.

El gobierno de Alberto Fernández reaccionó rápidamente: por un lado, con la temprana cuarentena que permitió ampliar y preparar al sistema de salud para enfrentar a la contingencia que venía; en segundo lugar, con la presencia estatal para paliar las consecuencias de la crisis: a setiembre se había destinado el 6,8% del PBI (1.896.686 millones de pesos) a las políticas de sostenimiento de la actividad productiva y el empleo: ayuda a 306.000 empresas (55% del total) que recibieron los ATP (Asistencia al Trabajo y a la Producción) para mantener el personal, se dio ayuda directa a las personas (Ingreso Familiar de Emergencia, que llegó a casi 9 millones de trabajadores de la economía informal, monotributistas sociales, monotributistas de las categorías A o B y a trabajadoras y trabajadores de casas particulares y personas que se encuentran actualmente desempleadas), se amplió la cubertura de la AUH (Asignación Universal por Hijo) a casi un millón de niños que no estaban incluidos, se dio asistencia a provincias, municipios y a sectores productivos específicos, como la construcción (“Argentina construye”), además de créditos a tasas subsidiadas (a PYMES, al 24% anual), se estableció la prohibición de despidos, la doble indemnización, etc.

Gracias a ello, las consecuencias de la crisis fueron menos grave que lo que podrían haber sido y, desde el tercer trimestre, se observan claros indicios de la recuperación económica: de 15 sectores industriales, actualmente 12 muestran crecimiento sostenido del consumo eléctrico mientras que el 51% está por encima del consumo del 2019. Claro que las consecuencias de la crisis y la recuperación no es pareja, ya que hay actividades, como el agro, que la han sentido menos; otras, como la industria y la construcción, que se encuentran en plena recuperación, mientras que parte del comercio, el turismo y algunos servicios personales siguen en crisis.

De todas formas, cerramos este año negativo con dos noticias alentadoras que se suman a los indicios de una nueva ola popular-progresista en nuestro continente, ola comenzada por las elecciones en México, Argentina y, este año, en Bolivia: por un lado, el comienzo de la vacunación que pone una esperanza en la lucha contra la enfermedad y, por el otro, el pronóstico de los organismos internacionales que prevén para el próximo año un crecimiento del producto en América del Sud del 3,7%, cifra que para nuestro país se eleva al 4,9%. Esto permite esperar, con cierto optimismo, la llegada del 2021.