El control civil sobre las Fuerzas Armadas es un tema recurrente de los regímenes republicanos. El destacado politólogo norteamericano Samuel Huntington desarrolló más que suficientemente ese concepto y esa temática en su libro El soldado y el Estado.  Su cuestión central es la singularidad de las instituciones militares determinada por el uso de armamento, condición que las coloca en una posición desde la cual pueden, eventualmente, ganar autonomía e incidir sobre la política estatal. De sobra lo sabemos los latinoamericanos que hemos vivido en el pasado bajo el acecho de los golpes militares y las insubordinaciones.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos debió mantener un numeroso y extendido aparato militar. La competencia con el mundo comunista, convertida luego en Guerra Fría, le impidió optar a una desmovilización amplia, como había ocurrido al final de la Gran Guerra. Así las cosas, la eventualidad de una proyección del instrumento militar sobre la gestión del sistema político se presentaba como posibilidad. Un ejemplo de esto fue la discusión entablada durante la guerra de Corea entre el entonces Presidente Harry Truman y el general Douglas Mac Arthur, comandante general de las tropas estadounidenses en ese teatro. Este era partidario de llevar la contienda a China, lo que implicaba la posibilidad de iniciar una guerra total. En tanto que Truman era partidario de una respuesta flexible y de una guerra limitada. Finalmente, Mac Arthur fue relevado por el Presidente.

El abordaje huntingtoniano tiene como referencia ese contexto y esa realidad. Simplificando en extremo, puede decirse que propuso dos categorías referidas a esa problemática:

• el control civil subjetivo y

• el control civil objetivo.

Este último, que es el más interesante, se basa en la conversión de las Fuerzas Armadas en “políticamente estériles y neutrales”, premisas que deberían estar en la base del modelo de formación militar a desenvolver. Y es el que efectivamente se desarrolló en los Estados Unidos: la profesionalidad ante todo y, complementariamente, la subordinación consentida a la conducción política del Estado, para decirlo sintéticamente.

En América Latina, luego de la terrible etapa de las últimas dictaduras, en unos casos, y del rumboso devenir en la interacción entre civiles y militares en otros, se procuró avanzar en el control civil sobre las Fuerzas Armadas. El resultado ha sido dispar, tal como lo consigna José Manuel Ugarte en un excelente artículo publicado recientemente por El Cohete. Pondré cuatro casos como ejemplo y aclaro expresamente que lo que sigue es de mi exclusiva responsabilidad.

1. En Guatemala el ministro de Defensa, por disposición constitucional, debe ser el general en actividad que ocupe el primer nivel del escalafón, es decir es el punto más alto de una carrera militar.

2. En Brasil, el ministro de Defensa es designado por el Presidente y puede ser un civil; pero los uniformados conservan una autonomía extensa, rayana en la tutela política. Ambos países carecen de una práctica satisfactoria del control civil objetivo.

3. Chile, luego de una larga transición hacia la democracia pactada con la dictadura de Pinochet y sus sucesores, está ya próxima a superar un largo tutelaje militar y se halla muy próxima a dicho control civil objetivo.

4. La Argentina, por el contrario, lo ha alcanzado hace ya tiempo como se verá más adelante.

Ahora bien, hay una dimensión más que debe ser considerada respecto del control civil en Latinoamérica, que a veces no se tiene en cuenta: la injerencia estadounidense, que es de larga data. Basta recordar  que fue anticipada por la llamada Doctrina Monroe en 1823, que a su vez hizo sistema con la doctrina del “Destino Manifiesto”, que anidaba en amplio sectores de los americanos del norte de aquella época. Fue verbalizada por el periodista John O’Sullivan en un artículo denominado “Anexión”, publicado en la revista Democratic Review de Nueva York, a mediados de 1845. Una sencilla frase del texto constituía su meollo: “Nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia”. Al año siguiente se desató la guerra contra México, que perdió la mitad de su territorio. Y a partir de entonces, un intervencionismo que todavía no cesa.

Dos modernas experiencias injerencistas norteamericanas merecen ser examinadas en relación al control civil sobre las fuerzas armadas en nuestra región. Una derivó de la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que  propició tanto la expulsión de Presidentes como la vigencia del Terrorismo de Estado. En este caso aquel control fue casi inexistente.

La aplicación de la otra, la Doctrina de la Seguridad Hemisférica, se halla hoy vigente y en curso. Compone una ensalada que va desde el combate al crimen organizado —que incluye el “tráfico de drogas, armas, personas”, entre otras nuevas amenazas— hasta la condena de Venezuela, Cuba y Nicaragua, según enumera el almirante Craig Faller –actual jefe del Comando Sur norteamericano— en una entrevista publicada en el libro Defensa Hemisférica, editado recientemente por Taeda.

Al establecerse  un vínculo directo entre el antedicho Comando Sur y las Fuerzas Armadas latinoamericanas, éstas resultan –de una manera variable según los casos— influidas desde “afuera”. Es corriente que se acepte el liderazgo norteamericano y se adopte su agenda incluso con el beneplácito de los correspondientes gobiernos. Lo cual redunda en un adelgazamiento de la subordinación militar a las autoridades civiles y, por ende, en un aumento de la autonomía uniformada. Asimismo, la preponderancia de la agenda hemisférica acarrea dos consecuencias no deseables:

• secundariza la importancia de la defensa nacional y

• produce una mélange innecesaria entre seguridad y defensa, que desprofesionaliza a los militares, por decir lo menos.

La Argentina

Luego de la noche, de la niebla y del terror sembrados por la última dictadura y tras la derrota en Malvinas, nuestro país consiguió a los tumbos encauzar un derrotero democrático. Algunos de sus hitos fueron, entre otros: los juicios a las Juntas Militares y su extensión hacia abajo de la cadena de mandos, el trabajo de la CONADEP, la superación de los levantamientos carapintada, el persistente trajín de los organismos de derechos humanos y el infatigable tesón de unos pañuelos blancos que le agregaron una impar dignidad a nuestra recuperada democracia. En ese marco y en un plano más modesto, se forjó un acuerdo interpartidario no menor que dictó las leyes de Defensa Nacional (1988) y de Seguridad Interior (1991), de las que ha derivado uno de los consensos más importantes alcanzados desde el retorno democrático. Defensa y seguridad han sido caracterizadas como funciones diferentes y sus eventuales vínculos se han fijado con suficiente precisión por estas leyes. Asimismo, la Ley de Defensa asentó el gobierno civil de las Fuerzas Armadas –es decir, el control civil— que complementó lo que estaba ya dispuesto por la Constitución Nacional.

No obstante, persiste en nuestra sociedad y en nuestro sistema político un segmento que propicia la asociación de ambas funciones y la posibilidad de vincularse a la agenda de seguridad norteamericana. Merece ser recordado al respecto que Mauricio Macri de manera insidiosa —porque evitó meterse con las dos antedichas leyes de manera directa— dictó los decretos 683/18 y 703/18. El primero sustituyó al decreto reglamentario de la Ley de Defensa Nacional; el segundo derogó todos los decretos vinculados a la defensa dictada por los gobiernos Kirchner y promulgó una nueva directiva en este rubro.

Alberto Fernández, a su vez, mediante el decreto 571/2000, volvió a poner las cosas en su lugar: derogó todo lo intentado por Macri y repuso lo anulado.  Más recientemente –el mes pasado, como se recordará— una insólita chirinada de uniformados pertenecientes a diversas mutuales militares y de fuerzas de seguridad incurrió en más de lo mismo. Hizo un público llamado a trabajar por el desarrollo de un sistema integral de defensa y seguridad; convocó también a fortalecer la unidad del sector y a debatir abiertamente. Agustín Rossi, ministro del ramo, les dio una respuesta tan firme como veloz y necesaria.

En fin, control civil objetivo y defensa nacional se emparentan beneficiosamente si una sociedad y su sistema político están mayoritariamente dispuestos a servir a aquel control y a aquella defensa como corresponde. Por el contrario, entrar en una lógica foránea y aceptar como propias agendas ajenas perjudica al primero y degrada a la segunda. Porque la ajenidad a la que se nos invita desde “afuera” y encuentra correlatos internos, propicia el deterioro de una voluntad soberana.  Y como bien se sabe pero a veces se olvida –adrede o inadvertidamente—  en el límite, sin soberanía no hay nación. Y sin esta la defensa nacional carece de sentido y el control civil objetivo se convierte en una mera fantasía.