Desde la crisis del petróleo, en los años ’70, y agudizado por la implosión de la Unión Soviética y los regímenes de Europa oriental a fines de la década siguiente, se asiste a una mutación del capitalismo, que pasó de ser básicamente industrial-productivo a ser dominado por el sector financiero, cambio que estuvo asociado a la globalización económica con desregulación de las actividades financieras y al neoliberalismo como ideología dominante. Una de las consecuencias de estos cambios es el enorme crecimiento de las desigualdades en la distribución del ingreso en la mayoría de los países desarrollados.

Es que la mayoría de la población mundial obtiene sus ingresos del trabajo, ya sea en relación de dependencia o por cuenta propia. Ahora bien, como consecuencia de esos cambios, desde los años ’80 se asiste en casi todos los países a una disminución de los ingresos del trabajo como proporción del PBI, a cambio del incremento de los del capital. Si bajan los ingresos de la mayoría de la población (sea en términos absolutos o relativos) disminuye la demanda efectiva, iniciándose una recesión; las inversiones productivas dejan de ser rentables y el capital se orienta hacia actividades especulativas y financieras.

Cuando la gente (tanto las familias como las pequeñas empresas) no tiene dinero, si tiene acceso a algún tipo de crédito, puede pedirlo prestado, lo que explica el crecimiento del sector financiero; es decir, el descenso del ingreso del trabajo puede no traducirse en descenso de la demanda si la capacidad adquisitiva de la población no desciende como consecuencia del endeudamiento. Pero hasta cierto punto. El justo deseo de mantener un nivel de vida o de actividad sumado a las facilidades crecientes del crédito alimentado por aumento permanente de capital financiero, generan burbujas financieras que al final, como toda burbuja, explota.

El resultado es que el mundo actual es un mundo endeudado: según el Instituto Internacional de Finanzas la suma del endeudamiento privado y público supera los 298 billones de dólares (331% del PBI, tres veces más que el total de bienes y servicios producidos durante un año). El mundo oscila entre la recesión debido al aumento de la desigualdad en la distribución de los ingresos y las crisis financieras producidos por el endeudamiento excesivo y que se suceden regularmente.

Y en ese escenario llegó la pandemia del coronavirus. Economistas del FMI estudiaron las consecuencias de las pandemias del 2003, 2009, 2012, 2014 (Ébola) y 2016 (zika) en 133 países (trabajo distribuido por el FMI con fecha 11-12-20) y su conclusión es que donde afectaron provocaron disminución del crecimiento económico y mayor desigualdad y, en general, un aumento del malestar social. Es decir, generaron un círculo vicioso: la peor distribución del ingreso implica menor demanda, menores inversiones, recesión económica y caída de los ingresos de la población más vulnerable, que lleva a la mayor desigualdad, a la desesperación económica y a la protesta social. La actual pandemia es global y mayor que todas las anteriores, por lo que se puede esperar que sus efectos sociales y económicos sean mucho peores.

Según los autores del trabajo del FMI, un índice de Gini mayor a 0,4 se asocia al aumento del malestar social (el índice de Gini, que es una medida de la desigualdad en los ingresos, valdría “0” cuando exista absoluta igualdad y “1” sería su teórico valor máximo, donde muy pocos se quedan con todo el ingreso; lógicamente, cuanto mayor el índice peor la distribución). Lo grave es que el 40% de los países del mundo superan ese valor (0,40).

América Latina y el Caribe, entre el 2001 y 2011, fueron una excepción al proceso mundial de aumento de la desigualdad: hubo una disminución continua en el índice de Gini, con casos con resultados asombrosos, como los ocurridos en Venezuela y Bolivia, proceso interrumpido con la ola conservadora (según la CEPAL el número de pobres pasó del 27,8% en 2014 al 30,8% de la población en 2019 y el de indigentes del 7,8% al 11,5%). A pesar del esfuerzo realizado en la primera década de este siglo, el índice de Gini para la región, según CEPAL, era en el 2018 de 0,464 (en el 2002: 0,538), muy superior al límite de los 0,40, valor que con los efectos de la pandemia va a subir sensiblemente.

Tomando por países, antes del coronavirus estaban por debajo de 0,40 Uruguay (0,391), posiblemente Cuba, y nuestro país, que estaba en el límite (0,398 para la CEPAL y 0,414 para el Banco Mundial). Todos los demás por encima del 0,40 (por ejemplo, Brasil 0,54, México 0,45 y Chile 0,44).

El mercado no va a solucionar esto. Al contrario, estos números muestran la necesidad de un estado activo y progresista que promueva el desarrollo económico y mejore sensiblemente la distribución del ingreso, ayudando a que desaparezcan las agraviantes desigualdades que tenemos. Por otro lado, ayudan a explicar el por qué de la protesta social que se vivió en muchos países latinoamericanos y la razón para que, luego de la ola liberal-conservadora, estén volviendo los gobiernos progresistas y populares, empezando por López Obrador en México, Fernández en Argentina y el histórico triunfo electoral del pueblo boliviano.

La necesidad de políticas públicas que tiendan a una mayor igualdad económica es un reclamo generalizado. Inclusive, ladirectora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha escrito recientemente “que, si bien es natural desear un rápido regreso a un mundo prepandémico, no podemos, ni debemos, volver a la economía de ayer, con su crecimiento lento, baja productividad, alta desigualdad y empeoramiento de la crisis climática. Más bien, debemos luchar contra la peor crisis económica desde la Gran Depresión y comenzar a construir hacia un mundo más verde, más inclusivo y más dinámico”.