Los poderes de facto económicos, mediáticos y judiciales, de manera muy destacada aunque no sean los únicos, actúan permanentemente para sabotear al gobierno de Alberto Fernández y al frente político oficialista que el presidente de la Nación lidera junto con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Una de las múltiples formas de hacerlo es mediante la perpetuación de causas judiciales contra dirigentes kirchneristas, inventadas durante la gestión de Cristina para desgastar a su gobierno y deslegitimar socialmente a la fuerza política por ella liderada, y que durante el régimen de derecha que encabezó Mauricio Macri fueron llevadas a la máxima alevosía con el encarcelamiento de ex funcionarios y referentes del sector que es víctima de  persecución y ensañamiento.

El ejemplo más reciente de ese tipo de maniobras fue que, el lunes 30 de noviembre, la Cámara de Casación Federal le dio validez a los testimonios de “imputados colaboradores”, generalmente llamados “arrepentidos”, en el simulacro de investigación judicial conocido como “causa de los cuadernos” o “de las fotocopias de los cuadernos”. Dichos testimonios sustentaron las acusaciones del juez (ya fallecido) Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, ambos ultra-antikirchneristas. (Información de Perfil, nota del 30/11/20).

La ley dice que “las declaraciones del imputado arrepentido deberán registrarse a través de cualquier medio idóneo que garantice su evaluación posterior”. Tal registro no fue efectuado por el dúo Bonadio-Stornelli, pero el aparato judicial igual convalidó las declaraciones.

Eso significa que el proceso tiene plena validez legal y que avanza hacia el juicio oral y una futura sentencia. Cristina Kirchner está acusada como “jefa de una asociación ilícita” por concesiones de obras públicas realizadas entre 2003 y 2015. Por lo tanto, pende sobre ella una vez más la amenaza de un futuro encarcelamiento.

Tres días después de esa resolución, el jueves 3, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a 5 años y 10 meses de cárcel contra Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación y ex ministro de Economía. (Crónica de Infobae. Nota del 03/12/20). En este caso el invento consiste en dar por hecho que Boudou se benefició personalmente cuando, como titular del ministerio de Economía en la primera presidencia de Cristina, autorizó la venta de la empresa Ciccone Calcográfica, firma privada dedicada a imprimir moneda y otros papeles sensibles de valor monetario y/o financiero.

La sentencia se basó en la declaración del “testigo protegido” Alejandro Vandenbroele. Este último, tras la condena en primera instancia contra Boudou hace más de dos años (en agosto de 2018, pleno macrismo), cobró por declarar como tal la suma de $ 1.500.000 (un millón quinientos mil pesos) “para dar cumplimiento al proyecto laboral que le brinde al protegido la posibilidad de una relocalización definitiva y auto-sustentarse”.

El pago lo hizo el Estado a través del Programa de Protección a Testigos e Imputados. Es decir que el sujeto fue premiado con fondos públicos por haber declarado contra el ex vicepresidente y ex ministro. Con ese dinero se puso un hotel en Mendoza llamado “La Masía”.

Esta información, inicialmente, fue revelada en febrero de este año gracias a una investigación periodística de Ari Lijalad publicada por El Destape. (Nota del 04/02/20). Días después, el portal mendocino MDZ publicó detalles de la empresa hotelera de Vandenbroele. (Nota del 19/02/20).

A su vez, la acusación contra Boudou empezó en 2012 -cuando ya era vicepresidente- por la denuncia de un hombre que dijo haberse enterado de los supuestos negociados porque escuchó en un café a otras personas, aunque no supo quiénes eran porque estaba de espaldas. Las cadenas mediáticas dijeron que el denunciante era “un ciudadano común”.

El grotesco relato fue descripto en 2014 por Horacio Verbitsky, quien informó lo siguiente: “Lacausa contra Boudou se inició por la denuncia del ‘ciudadano común’ Jorge Orlando Pacífico, según la candorosa presentación que de él hizo Clarín. Pacífico no tiene nada de común. En realidad es un sargento del Ejército, especialista en explosivos, comando en la guerra de las Malvinas, participante en los levantamientos carapintada de Aldo Rico y Mohamed Seineldín, dirigente del Modin y vendedor de un producto tan poco común como helicópteros artillados. Pacífico declaró haberse enterado de delitos de acción pública por una conversación en un café entre hombres a quienes escuchó decir que The Old Fund ‘resulta ser una pantalla de la familia Ciccone’ y de una persona ‘políticamente expuesta, alto funcionario del Gobierno Nacional, para recuperar la empresa antes fallida’. Este cuento infantil dice que no pudo ver a esos hombres, porque estaba de espaldas”. (Publicado en Página 12, nota del 15/06/14).

Corrupción judicial

El reciente ensañamiento de jueces y fiscales contra Cristina y contra Boudou revela una vez más el carácter profundamente corrompido de la fracción dominante del Poder Judicial. Y al mismo tiempo constituye otra advertencia del poderío que detenta ese sector y de cómo puede actuar, junto con las demás estructuras corporativas, en contra de la voluntad popular representada por un gobierno surgido del voto ciudadano.

Es muy común en personas comunes del pueblo, de buena fe, creer que ganar una elección y llegar al gobierno de un país -Argentina en nuestro caso- otorga a ese gobierno el poder suficiente como para producir determinados hechos que redunden en beneficio de la mayoría de la población.

En alguna medida eso es verdad, pero es solo una parte de la una realidad más compleja que es la conformación del poder en sentido amplio e integral. O la conformación de “los poderes”. Porque junto con las autoridades elegidas por el voto ciudadano en base a reglas de funcionamiento democrático reconocidas como legítimas por el conjunto de la sociedad, también existen las estructuras que gobiernan de facto, de hecho, “de prepo”. Por imposición del rol que ocupan en el funcionamiento del sistema político, económico y social.

A este último tipo de poderes, los que imponen su decisión sin ser elegidos por el voto ciudadano, se los puede llamar “corporaciones” o “poderes fácticos”. Algunos de ellos están dentro del Estado y otros en cualquiera de las estructuras de la sociedad.

A modo de ejemplo: en una sociedad capitalista el primero de los poderes de facto es el económico. Es decir los dueños del capital, los propietarios de los grandes conglomerados empresariales que controlan la producción y distribución de bienes y servicios. Esta es una verdad tan obvia que generalmente se la toma como natural y no como resultado de un determinado ordenamiento social.

Derivado de lo anterior, un tipo específico de corporación capitalista lo constituyen las empresas mediáticas, las cuales poseen -sobre todo en la medida en que ocupan posiciones dominantes en el mercado de la oferta de información, entretenimiento y propaganda ideológica- la capacidad de formatear en gran parte las creencias, sentimientos, valores y gustos de la opinión pública.

A su vez, dentro del Estado hay corporaciones o poderes de facto diversos. En términos históricos, por ejemplo, manejar armamento siempre ha sido una fuente de poder. Los militares, y complementariamente las fuerzas policiales u otras de las que se denominan “de seguridad”, a veces llegan a adquirir niveles de empoderamiento tan grandes que pueden echar a gobiernos civiles -desarmados- y así instalar dictaduras u otros regímenes similares sustentados en la violencia. Sobran ejemplos en la historia contemporánea de Argentina y del mundo.

Pero en América Latina en general y en nuestro país en particular, dentro de los Estados, desde hace algo más de una década ha crecido la influencia y el peso relativo de las corporaciones judiciales, hasta constituir en la actualidad un peligro para la democracia.

En 2009, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue destituido por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Luego en Paraguay, en 2012, Fernando Lugo fue echado de la presidencia mediante un “juicio político” del Parlamento que se hizo en dos días, y que fue convalidado por el Poder Judicial. Le siguió Brasil en 2016, cuando Dilma Rousseff fue derrocada a través de un golpe parlamentario como último paso de una ofensiva mediática y judicial contra ella, el ex presidente Lula Da Silva y el sector político que ambos integran (el PT, Partido de los Trabajadores).

En Argentina, el apogeo corporativo se desplegó entre diciembre de 2015 e igual mes de 2019, cuando los poderes de facto, junto con el gobierno de Macri, integraron el régimen de derecha que azotó a nuestro país no solo en lo económico y social sino también en la destrucción de las reglas del Estado de Derecho.

La máxima expresión de su carácter jurídicamente violento fue armar simulacros judiciales para perseguir opositores y en decenas de casos -Boudou entre ellos, Milagro Sala fue la primera- encarcelar a las víctimas.

Luego el bloque de derecha perdió las elecciones y desde hace un año el Frente de Todos conduce el Poder Ejecutivo a través del presidente Fernández. Pero lo que esos sectores corrompidos de la judicatura acaban de hacer contra Cristina y Boudou, también es una nueva advertencia de que los gobiernos cambian mientras las corporaciones quedan.

Se repite así, una y otra vez, la disputa permanente que deben enfrentar las fuerzas políticas, organizaciones populares y cualquier sector de la sociedad civil genuinamente interesados en profundizar la democracia y avanzar en la búsqueda de la justicia social.