En la Argentina, en el 2016, hubo más de 96.000 nacimientos provenientes de embarazo adolescente. De estos, casi 2.500 fueron de niñas menores de 15 años. Por cada día del año, 6 niñas se convirtieron en madres.

Hace apenas unos días, en la provincia de Jujuy, se privó de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña de 12 años y se la sometió a una micro cesárea estando en su segundo semestre de embarazo de gemelos. 

Situación similar vivió otra niña en Salta el año pasado y en Santiago del Estero, este año, donde una médica del sistema público de salud, mintió acerca de las semanas de gestación de una niña de 14 años para no practicarle una interrupción del embarazo. 

La normativa argentina establece que las relaciones sexuales con niños menores de 13 años constituyen caso de abuso sexual y por ello se habilita el derecho a la ILE, contemplado en el Código Penal desde 1921 y validado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L. (2012)

Del conjunto de provincias que adhieren al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” elaborado por el ministerio de Salud de la Nación, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Mendoza, San Juan, Formosa y Catamarca no lo hacen, ni cuentan con normativas propias

A este atraso, debería sumarse la plaga de ‘objetores de conciencia’ que, como la médica mentirosa, imponen su criterio y terminan por afectar gravemente derechos de terceros. 

Es conocido que la negativa de profesionales de la medicina a proporcionar servicios legales debido a objeción de conciencia, constituye una amenaza para el acceso de las mujeres al aborto legal y seguro. Esta amenaza se acrecienta frente a los derechos de niñas y adolescentes.

Una maternidad es forzada cuando no fue buscada ni deseada. Los embarazos infantiles son producto de la violencia sexual y el deseo de interrumpirlos es el indicador más claro de que no se quiere ser madre. 

En el caso de estas niñas, al momento de obligarlas a gestar y parir, ya se ha cometido la violación de sus derechos humanos, al menos en tres ámbitos: en su integridad física y psíquica, al sufrir un ataque sexual; en su derecho a la libertad de convicciones y pensamiento, al forzarla a llevar a término un embarazo que no buscó; y en su derecho a la protección, bienestar y seguridad jurídica al imponerle ser madre contra su voluntad. 

Por si esto fuera poco, a la pobreza y el abuso se suma el ataque de una opinión pública y/o religiosa que las responsabiliza de seducir a padres, profesores o vecinos. El Informe “Niñas madres. Balance Regional embarazo y maternidad infantil forzados en América Latina y el Caribe” (2016) concluye que más de la mitad de las niñas que quedan embarazadas interrumpen los estudios; y alrededor del 40% los abandona para siempre

Como generalmente sucede, el fariseísmo pagano o la religiosidad de garage, suele narrar un cuento de hadas de aquello que en realidad es una aberrante violación a la dignidad humana. 

 Las niñas que son obligadas a llevar a término un embarazo forzado no son “Niñas Madres con mayúsculas” como tituló una nota, el diario La Nación, donde se afirma que “les viene de su instinto de madre, lo que le nace de sus ovarios casi infantiles”. Nota que nadie firma, quizás por la repugnancia que causa leerla. 

La razón de esta insoslayable realidad no hay buscarla ni en el fabulado instinto maternal ni en el descuido: es el resultado combinado del abuso sexual infantil y la incapacidad del Estado para garantizar los derechos de estas niñas. 

Infancias y adolescencias con nanas de cebolla, que sólo hacen llorar.

“La cebolla es escarcha cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches….En la cuna del hambre, mi niño estaba. Con sangre de cebolla se amamantaba” Miguel Hernández, 1939