A poco más de un mes de que termine el año en que la pandemia del coronavirus azotó a Argentina y el mundo, murió Diego Armando Maradona. El entrecruzamiento entre “causas y azares” -dos palabras que evocan una canción de Silvio Rodríguez- hicieron que el amado ídolo popular se fuera físicamente del mundo de los seres humanos el 25 de noviembre de 2020.

La significación del fallecimiento de “El Diez” es eminentemente social, ya que fue un jugador defútbol inigualable que por esa sola razón alcanzó las máximas glorias en el reconocimiento colectivo, pero además se convirtió en una figura inmensa para el país y el mundo por muchos otros motivos vinculados con su personalidad más allá de lo deportivo.

Al mismo tiempo, su muerte tiene una significación política. Y la tiene en diferentes sentidos.

Lo principal en este aspecto es que su gestualidad y su prédica a lo largo del tiempo tuvieron siempre un auténtico posicionamiento contra los poderes opresores, y al mismo tiempo de reivindicación y respaldo para los/las luchadores/as y rebeldes del mundo.

Por otra parte, la significación política de su muerte también estuvo dada por la manera caótica de la despedida multitudinaria. Lo que más salta a la vista es la aberración criminal de una fuerza policial -en este caso la Policía de la ciudad autónoma de Buenos Aires- atacando con balas de goma y gases lacrimógenos a personas comunes del pueblo que, en un incomparable acto de amor colectivo, habían ido a despedir a un ídolo.

Sin embargo, no solo el gobierno macrista de la capital federal es merecedor de repudio por la insólita violencia desatada. También son criticables, al menos por falta de previsión y de organización, el gobierno nacional y eventualmente -sujeta esta afirmación a conocer más profundamente el tema- los propios familiares de quien era objeto de tributo popular tras su fallecimiento.

Quizás la familia no tuvo conciencia de lo que implicaba interrumpir la despedida popular cuando multitudes de personas, muchas tras al sacrificio de haber viajado con pocos recursos y quizás desde lejos, hacían fila a través de decenas de cuadras con la ilusión de llegar en algún momento a donde estaban los restos del amado Diego.

Si así ocurrió, es decir si las personas del grupo familiar que tomaron las decisiones cometieron ese error, es más que comprensible y es parte de los dramas que provoca la muerte de alguien que además de las condiciones de cualquier otro ser humano, tiene atributos únicos por lo que significa para la sociedad nacional y mundial.

Debido a la falta de elementos de juicio y conocimientos de este columnista para profundizar en el tema, tal vez sea útil para la reflexión lo que escribió en Twitter la periodista Sofía Caram, quien comparó la duración que tuvieron los funerales de Evita, Perón, Alfonsín y Kirchner con las recientes honras fúnebres por Maradona.

Un asunto más, particularmente remarcable, de la despedida popular a Diego, asunto que es al mismo tiempo social y político, lo constituye la violación generalizada de los cuidados sanitarios contra el Covid-19 durante las concentraciones de gente, ya sean multitudinarias o de grupos más reducidos.

Probablemente era muy difícil o directamente imposible exigir el cumplimiento estricto del distanciamiento y del uso de barbijos. De cualquier modo, las aglomeraciones de centenares de miles de personas en distintos lugares de Argentina -fundamentalmente en las proximidades de la Casa Rosada donde se velaban los restos pero de forma similar en las canchas de Boca y Argentinos Juniors, o en cualquier ciudad o localidad del país donde se hicieron homenajes- se convirtieron en una gravísima transgresión de los cuidados que, esforzada y obligadamente, todas y todos debimos aprender desde que la amenaza del coronavirus llegó a nuestras vidas individuales, familiares, laborales y de las relaciones humanas en general.

Gobierno y futuro cercano

Dentro de pocos días, el 10 de diciembre, el actual gobierno nacional cumplirá un año de gestión. Excepto en los primeros tres meses, hasta mediados de marzo, luego la prioridad absoluta fue conducir los destinos de la sociedad en medio de los contagios y muertes provocadas por el coronavirus.

Jamás ninguna persona había imaginado vivir la situación que se vive desde entonces, y por lo tanto tampoco los/las gobernantes argentinos/as, ya sea de la Nación como de las provincias, municipios o cualquier ámbito de los poderes públicos, estaban preparados para afrontar exigencias antes desconocidas. Sin embargo, así fue obligadamente.

La tragedia humanitaria provocada por la pandemia tiene una dimensión para la cual no alcanzan las palabras. El único dato público habitual son cifras: de contagios y de muertes. Pero cada una de las personas que, en el peor de los casos, mueren, son sufrimientos que quedan recluidos a los ámbitos íntimos, familiares, privados. Esos dolores, esas historias de vida y muerte, no son públicos.

Mientras tanto, para el futuro cercano aparecen perspectivas esperanzadoras ante la posibilidad de vacunas. El presidente Alberto Fernández ha conducido negociaciones con países y laboratorios que tienen muy avanzada la investigación y eventual producción de esas sustancias destinadas a ponerle barreras al daño que el Covid-19 provoca en el organismo de las personas.

El más reciente anuncio presidencial es que los gigantescos operativos de vacunación que se están organizando, comenzarán durante enero y febrero por los grupos de la población que por su trabajo -personal de salud en primer lugar-, su edad o su propensión por enfermedades previas, están más expuestas al riesgo.

Para que ello ocurra, tienen que existir previamente una o más vacunas que hayan demostrado científicamente niveles suficientes de eficacia y seguridad. Las perspectivas son alentadoras y, en su momento, los hechos mostrarán si pudieron hacerse realidad.

Hasta el momento, lo que sí es concreto y real es una decisión que no surge de la nada o de la naturaleza, sino que es bien política: el gobierno argentino anunció que las vacunas sean gratuitas para la población. El Estado se hará cargo de su costo.

Por otro lado, pero simultáneamente, desde el presidente para abajo todos/as los/las funcionarios/as públicos/as tienen la obligación de actuar respecto de cualquier otro asunto de la vida colectiva que exija o involucre decisiones de los poderes estatales. Prioritariamente, medidas económicas de contención ante la catástrofe social que provoca la pandemia y que se suma a la que ya existía hace un año, cuando finalizó el gobierno de derecha encabezado por Mauricio Macri.

Junto con esas acciones de gobierno ineludibles (que se mencionan apenas como ejemplo), Alberto Fernández puso en marcha la trascendente decisión de someter a consideración del Congreso la ley que, si fuera aprobada, reconocería el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Para las últimas semanas de 2020, el año de la pandemia y de la muerte de Maradona, se anticipa una intensidad social y política enormes aún para un país como Argentina, acostumbrado a que muchos meses de diciembre -no todos- hayan sido turbulentos en las últimas décadas.

(Quizás desde diciembre de 1989, cuando ya en la gestión de Carlos Menem estalló el segundo pico de hiperinflación del año, luego del primero que había comenzado en mayo durante el mandato de Raúl Alfonsín. Pero seguramente más recordado es el diciembre de 2001, por el estallido social que provocó el modelo económico bajo el gobierno de Fernando de la Rúa).

Esta vez, sin embargo, junto con el final del año calendario asoma la posibilidad de que el siguiente sea muy diferente, si es que se hacen realidad la producción de vacunas contra el Covid-19 y su aplicación masiva en la población.

Si así fuera, el fin de la pandemia no sería inmediato -ni en Argentina ni en ningún otro país- pero quizás pueda ser paulatinamente controlada la propagación del virus. Sería la condición imprescindible para iniciar una nueva etapa tanto en la vida de cada persona como en la vida colectiva del pueblo argentino. Y de todos los pueblos del mundo. Esa es la mayor esperanza.