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El Indec ha hecho público los primeros datos oficiales del estado del mercado laboral en el segundo trimestre del año:
Población de 31 aglomerados urbanos 27.201.000
Población activa 12.503.000
Población ocupada 11.338.000
Desocupados 1.165.000
Subocupados 1.401.000
Ocupados que buscan trabajo 1.963.000
Hay que tener en cuenta que el relevamiento del Indec se refiere solamente a los 31 principales aglomerados urbanos del país, que representan el 61,6% de la población total (44.164.000 estimadas al 30 de junio último).
La población activa está formada por los que trabajan o buscan trabajo. La tasa de desocupación resultante de los datos anteriores es del 9,3%. Es lógico compararla con la del año pasado (5,9% es el último dato conocido, correspondiente al 3º trimestre); esto significa un aumento de 3,4 puntos absolutos (un incremento del 58%) en la tasa de desocupación. A un nivel más humano, significa que el conjunto de los desocupados se ha incrementado en 425.000 personas en menos de un año.
Hay más. Si sumamos desocupados, subocupados y aquellos ocupados que buscan más trabajo, es decir que no les alcanza o están decididamente desconformes con la actual ocupación, nos da 4.527.000 personas; un 16,6% de la población activa, 1 de cada 6 personas, no tiene trabajo o presenta problemas laborales.
Si suponemos que los datos de los 31 aglomerados son una muestra aproximada de todo el país, con sus 44 millones de habitantes, resulta que los desocupados en todo el país son aproximadamente 1.891.000 y que 7.349.000 habitantes presentan falta o insuficiencia laboral, lo que implica un drama humano para él y para los familiares dependientes del mismo, en particulares niños, ancianos y discapacitados.
Los datos laborales varían geográficamente: la tasa general de desocupación del 9,3% sube en los caso de Rosario (11,7%), Mar del Plata (11,6%), Córdoba (11,5%) y Gran Buenos Aires (11,2%). En el conglomerado Neuquén–Plottier es del 8,6%, la cifra más alta de la Patagonia, con una subocupación del 3,5%.
En realidad estos números no deben sorprender a nadie. Son la consecuencia directa de la política económica aplicada a partir del 10 de diciembre pasado: 1) la ola de despidos comenzada por el gobierno nacional y continuada por las provincias y municipalidades y, particularmente, por los empresarios que entendieron que existía carta blanca para ajustar sus costos laborales; 2) la fuerte devaluación del peso inicial y la quita o merma de las retenciones a las exportaciones agrarias que implicaron una transferencia de ingresos del grueso de la población a favor de terratenientes y capitales concentrados, manifestado en una pérdida del valor adquisitivo del salario y demás ingresos habituales, con su correspondiente baja en la venta del mercado interno; 3) la apertura de importaciones de productos de consumo fabricados en el país, que agravó la situación y llevó al cierre de pequeñas y medianas empresas, que son las principales demandantes de mano de obra; 4) la falta de obras públicas y la no realización de las partidas presupuestadas con ese fin, en un equivocado ajuste del gasto público, que afectaron especialmente al sector de la construcción; y 5) la caída del comercio exterior, que no fue paliado mediante la expansión de la demanda interna.
Lo peor es que se trata de un inicio. Si no cambia radicalmente la política neoliberal actual, la situación se agravará en el futuro próximo.
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