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La Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó al gobierno nacional a convocar “a la mayor brevedad” una audiencia pública para revisar la tarifa del gas, en respuesta a la presentación realizada por la senadora nacional del Frente Progresista CC-Ari por Río Negro, Magdalena Odarda.
El pedido, dirigido al ministerio de Energía y Minería de la Nación, lleva la firma del subsecretario general de la defensoría del Pueblo de la Nación, Juan José Bockel, y reclama que “a la mayor brevedad posible se convoque a una audiencia pública para efectuar la revisión tarifaria integral”.
Para la defensoría, la audiencia es necesaria para “brindar adecuada información a los usuarios y transparentar los costos de las empresas, conocer las inversiones realizadas por las mismas y las razones que pudieran justificar un incremento en las tarifas del servicio público de gas”.
En respuesta a la presentación de Odarda, Bockel dio cuenta de las múltiples consultas recibidas por la defensoría de parte de usuarios de todo el país, vinculadas con el incremento de la facturación del servicio de gas natural superior en muchos casos al 700%.
Explicó que por resolución del ministerio de Energía se instruyó al Enargas para que lleve adelante el procedimiento de revisión tarifaria integral, previsto en las actas acuerdo de renegociación contractual integral celebradas con las licenciatarias, “que deberá concluirse en un plazo no mayor a 1 año desde la fecha de la presente medida”.
Sin embargo, en su respuesta al pedido de informes elevado por la parlamentaria, Bockel consideró que es plazo establecido es “excesivo”.
Desde la defensoría consideraron que al momento de analizar distintas medidas económicas y sociales, es importante “conocer la capacidad contributiva y económica de los usuarios”.
Lo que a su juicio ameritaba una audiencia pública previa, que “más allá de la obligación legal de convocarla, deviene necesaria para que los usuarios puedan conocer el nuevo cuadro tarifario”.
Para la defensoría precisó que “el Estado y los entes de control tienen el deber de brindar una adecuada información a los usuarios, máxime cuando se establecen nuevas tarifas que los afectan”.
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