Mientras el presidente Javier Milei daba un giro discursivo respecto a las acciones que desarrollará el Estado para resguardar la soberanía sobre las islas Malvinas, un grupo de excombatientes y abogados ambientalistas ingresaba en el Juzgado Federal de Río Grande para solicitar que se impida que empresas extranjeras avancen con la explotación petrolera a gran escala.

Más allá de la declarada voluntad presidencial de preservar los recursos naturales en el Atlántico Sur, excombatientes, ambientalistas y abogados presentaron una “acción preventiva por daño ambiental y soberano”, donde denuncian “una explotación hidrocarburífera ejecutada sin la intervención de las autoridades argentinas”, y piden una medida de no innovar para que no sea llevaba a cabo.

La acción es promovida por el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogado/as y Profesionales Ambientalistas contra las petroleras Navitas Petroleum (Israel, 65 % del proyecto) y Rockhopper Exploration (Gran Bretaña, 35 % del proyecto), responsables del proyecto “León Marino”, emprendimiento proyectado al norte de las Islas y cuya producción inicial está prevista para inicios de 2028.

De acuerdo con los denunciantes, el proyecto equivale a un “Vaca Muerta II” y se trata de “petróleo de los argentinos para los argentinos”. Según la presentación, la iniciativa prevé 23 pozos: 16 productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno de inyección de gas.

“El sistema se articularía alrededor de una unidad flotante FPSO con capacidad aproximada para procesar 120.000 barriles diarios de petróleo y 140 millones de pies cúbicos diarios de gas”, detallaron en un comunicado.

Los anuncios del presidente Javier Milei en la noche del jueves, no modificarán los términos de la presentación judicial. “Lo que dijo el presidente es un acto de hipocresía. Mientras estaba reunido con el presidente de Chile se firmaba un acuerdo para sumar un buque logístico que llevará suministros para el desarrollo del proyecto León Marino”, explicó Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM-La Plata, quien dialogó con a su regreso de Río Grande.

Del dicho al hecho

- El presidente Javier Milei dio un giro discursivo respecto a lo que el gobierno nacional venía diciendo, y haciendo, en torno a la soberanía sobre las islas Malvinas. Las medidas que prometió impulsar, ¿vuelven abstracta la presentación judicial?

- Para nada, porque lo que dijo el presidente es un acto de hipocresía. Mientras estaba reunido con el presidente de Chile, José Kast, se firmaba un acuerdo para sumar un buque logístico en el traslado mensual hacia Malvinas, llevando suministros para el desarrollo del proyecto León Marino.

-¿El discurso de Milei se inscribe en el alineamiento con los Estados Unidos y la presión que Donald Trump está ejerciendo sobre el gobierno británico en función de su estrategia geopolítica?

- Por un lado, está el juego de Trump de apretar países. Secuestró un presidente en Venezuela y se está quedando con el petróleo. Discute los recursos que aporta Gran Bretaña a la OTAN, que es del 3 % y él quiere que sea del 5 %. De esto se trata. Por otro lado, el de Milei. No olvidemos todos los actos de retroceso en materia de soberanía. No olvidemos el acuerdo Mondino-Lammy, similar al que hizo Macri, el pacto Foradori-Duncan. No nos olvidemos que destruyó el aparato científico- tecnológico, que regaló ARSAT y paralizó el programa nuclear. Creo que Milei armó su propio corralito y va a terminar cocinado en su propio caldo.

- Después de casi tres años de gobierno y de las posturas que ha sostenido la administración libertaria es muy difícil disociar los dichos del presidente del deterioro económico y de la inminencia de la campaña electoral…

- Es que esto fue un acto de campaña. Un acto de campaña que asimilamos a lo que pasó en 1982, en la dictadura militar, donde el 1ro. de abril una parte de la sociedad decía que había una dictadura y al día siguiente sostenía que en realidad había una “dictablanda”. Y salió a vivar a Galtieri. Esto es un nuevo “galtierazo”. Después de la derrota militar de 1982, los británicos multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados.

- ¿Señalar el contraste entre lo discursivo y lo real se vuelve más importante a partir de ahora?

- Nosotros vamos a seguir actuando. Porque las leyes ya existen y no las hacen cumplir. La Cancillería tiene en el freezer varios exhortos, que son parte de una causa penal radicada en el mismo jugado de Río Grande, donde nos acabamos de presentar. Vamos a marcarle todos los días al gobierno nacional lo que no está haciendo.

El poder de decidir

- ¿Por qué decidieron presentarse ante la Justicia Federal en Río Grande con una acción preventiva por daño ambiental y soberano?

- La Justicia tiene que actuar y hacer cumplir las leyes de la República Argentina, comenzando por la Constitución Nacional y siguiendo por el resto de las normas vigentes. Estas empresas, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration,están operando en forma ilegal e ilegítima, con licencias que han otorgado el gobierno ilegal y ilegítimo de las Islas Malvinas, y lo están haciendo en la plataforma continental argentina.

- La legislación argentina es muy clara al respecto…

-Le hemos pedido a la jueza Mariel Borruto que aplique legislación a dos personas jurídicas privadas, según la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional. La demanda sostiene que basta comprobar que se trata de plataforma continental argentina, que la legislación exige evaluación y autorización previas y que esas habilitaciones argentinas no existen. Las empresas no han cumplido con el ordenamiento jurídico de la Argentina respecto a la exportación de hidrocarburos.

- ¿Si no hay una acción preventiva el daño ambiental puede ser irreparable?

- Estamos advirtiendo sobre cualquier operación offshore, sobre la posibilidad de derrame de hidrocarburos. Estas empresas no han hecho ningún tipo de diligencia ante las autoridades argentinas para llevar adelante la operación. Es una medida cautelar por daño ambiental y de acción soberana, porque además estamos fundamentando el reclamo en las distintas resoluciones de Naciones Unidas, que instan a las partes, tanto a Gran Bretaña como a la Argentina, a abstenerse de realizar acciones unilaterales.

-¿Más allá de lo estrictamente jurídico, qué recepción tuvieron en Tierra del Fuego?

- Después de hacer la presentación, el martes en el Juzgado Federal de Río Grande, nos reunimos con las fiscales adjuntas, a las que se sumó vía Zoom la fiscal regional, de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Después nos recibió el intendente Martín Pérez, el legislador provincial Juan Lapadula y la presidenta del Consejo Deliberante junto a algunos concejales. Creo que todos coincidimos en que estamos ante una cuestión muy grave.

Soberanía y medio ambiente

- En la presentación sostienen que el proyecto tiene una doble incidencia: sobre el ecosistema y sobre la capacidad soberana de la Argentina para decidir lo que sucede en su territorio ¿Cómo puede afectar esto la vida cotidiana?

- Las corrientes marítimas de Malvinas pueden llegan hasta Mar de Plata. Cualquier accidente, una fuga de petróleo, por ejemplo, puede afectar toda la costa, el área continental de la República Argentina. Y las petroleras que están interviniendo no tienen la capacidad para afrontar algo así. El área de concesión está a 200 kilómetros al norte de las islas Malvinas, a la altura de Puerto Deseado. Es enorme el daño ambiental que pueden causar.

- Son dos empresas, además, sobre las que pesan una inhabilitación de 20 años por parte de la secretaría de Energía…

- Es que en la cuenca de Malvinas hay petróleo. La estimación es que estamos ante una suerte de “Vaca muerta II”. Gran Bretaña quiere transformar a las Islas Malvinas en Kuwait, en contra de los intereses de los argentinos.

- ¿Qué puede hacer la justicia argentina?

- Nosotros no le estamos pidiendo a la jueza que resuelva la cuestión de fondo de la soberanía, sino que aplique la ley. Es un territorio usurpado. Es el petróleo de los argentinos. Hay cálculos que estiman, para el área entregada, una extracción diaria de 120.000 barriles de petróleo. Esto es una infinidad de recursos que nos están robando.

-¿Qué efectos puede tener una resolución judicial favorable a la presentación que hicieron?

- Nos daría la posibilidad, por ejemplo, de erosionar los recursos financieros que reciben empresas como estás, que provienen de fondos de inversión. Generaría inconsistencia jurídica, algo que incide en el mundo financiero.

América para los americanos

- Milei anunció que retomará la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, en la que Estados Unidos está muy interesado por su disputa con China y por el control del Atlántico Sur ¿Puede influir esta situación en el debate sobre la soberanía?

- Sí, por supuesto. Hay que analizarlo en el marco de las disputas geopolíticas. No hay que olvidar las pretensiones de los Estados Unidos de avanzar con el Comando Sur en Ushuaia. La general Laura Richardson estuvo allí con Milei hace dos años, y el presidente le rindió pleitesía, en el mismo lugar donde la Nación le sacó el puerto a la provincia y en el que la semana pasada había anclado un petrolero con bandera británica.

- ¿Argentina forma parte de una pelea mayor, con intereses económicos, geopolíticos, ambientales en el que intervienen las grandes potencias?

-El Atlántico Sur es un lugar estratégico. Por eso oportunamente se había logrado un régimen especial para Tierra del Fuego, de promoción industrial, junto con otras políticas para fortalecer nuestra soberanía en esa región clave. Ahora el contexto es el de la reposición de la doctrina Monroe que parte de Donald Trump, de América para los americanos.