La media sanción en Diputados del proyecto que baja la edad de punibilidad y reforma el régimen penal juvenil abrió un frente de conflicto con la tradición neuquina en materia de niñez y adolescencia.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo nacional obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora se debate en el Senado. Neuquén tiene cinco diputados nacionales. Solo Pablo Todero, de Unión por la Patria, votó en contra. Acompañaron la iniciativa Karina Maureira, de La Neuquinidad —el espacio del gobernador Rolando Figueroa— y los legisladores de La Libertad Avanza Gastón Riesco, Soledad Mondaca y Gabriela Muñoz.

En la Cámara alta, donde Neuquén tiene tres senadores, el escenario aparece alineado con lo ocurrido en Diputados. Dos de los representantes provinciales pertenecen a La Libertad Avanza —Nadia Márquez y Pablo Cervi— y defienden el proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional. La tercera banca corresponde a Julieta Corroza, de La Neuquinidad, cuyo espacio político votó a favor en la Cámara baja.

Desde Neuquén, la coautora de la ley 2302 de protección integral del niño y el adolescente Perla Benegas, habló de una “carcajada siniestra” y de una “burla imperdonable” a la historia provincial. En la misma línea, el fiscal penal juvenil Germán Martín calificó el debate como “apresurado, demagógico y técnicamente berreta” y advirtió que el delito adolescente no supera el 4% del total en la provincia, aunque el impacto normativo y práctico sería significativo.

Mientras el debate continúa en el Senado, en Neuquén ya se instaló otra pregunta: qué ocurrirá con la 2302 y con un sistema que se presenta como modelo en materia de protección integral de derechos.

De la protección integral a la “carcajada siniestra”

Benegas, educadora y especialista en niñez y adolescencia aporta una lectura, que tiene una dimensión jurídica y otra simbólica. Para ella, lo ocurrido en Diputados representa un quiebre con la impronta fundacional de la provincia.

“Nosotros acabamos de cumplir 25 años de la ley 2302. Si este es el homenaje que hacemos a todo ese trabajo, para mí esto que se está haciendo ahora es una carcajada siniestra. Es una burla imperdonable, porque deshonrar así nuestra provincia duele”, sostuvo.

La pedagoga plantea una aclaración técnica que, en el debate público, suele borrarse: “Cuando hablamos de la edad de punibilidad o de responsabilidad penal no hablamos de imputabilidad. Es importante aclararlo, porque ‘punir’ quiere decir aplicar dolor.”

La crítica no se agota en la letra del proyecto. Remite a cómo Neuquén se pensó desde su provincialización: “Neuquén nació con un afán fundacional centrado en la niñez y la adolescencia. Nuestra nota característica siempre fue el alto aprecio y respeto por los chicos”.

Desde esa perspectiva, acompañar la iniciativa nacional implica una renuncia a esa tradición. “Cuando vamos al Congreso no vamos para obedecer e imitar lo que quiere un lugar central. Neuquén tenía con qué decir: ‘miren, nosotros tenemos otra experiencia, otra historia’”, afirmó.

“Hay personas dispuestas a dar una mano si les está faltando algún tipo de información o de discurso”, afirmó, en una referencia indirecta a las legisladoras Maureira y Corroza.

Fobia a los pobres, no a la pobreza

Benegas enmarca la baja de la edad de punibilidad en una lógica más amplia, que define como una “fobia a los pobres”.

“La fobia enorme es contra los pobres, no contra la pobreza. Se presenta esta ley como una respuesta a la inseguridad, pero en realidad lo que hace es poner en sospecha a los chicos de los barrios pobres”, planteó.

Y advierte que el alcance de una ley nacional excede cualquier recorte de clase: “Una ley que es nacional no concierne solamente a los chicos pobres. Concierne al universo de los niños y adolescentes que hay en nuestro país. Quienes votan esta ley y creen que se van a eximir a sus hijos, sus nietos o sus sobrinos, tienen que revisar lo que están haciendo”.

Para la coautora de la 2302, lo que se perfila no es un régimen penal juvenil sino “infantil”. “No se piensa en un régimen penal juvenil, sino infantil. Muchos chicos de 13 y 14 años todavía están en séptimo grado. Cuando se piensa en encarcelarlos se está pensando en niños”.

“Terraplanismo penal”: la mirada del fiscal juvenil

El fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín, también pone el foco en el modo en que se tramitó el proyecto en Diputados. Aseguró que era “muy triste la forma del tratamiento, por la urgencia, por la superficialidad del debate, por la desprolijidad”.

Agregó que “fue un debate muy apurado. La velocidad te quita precisión. Hubo muy poco debate profundo. Para quienes nos gusta y nos apasiona el tema fue frustrante. Muy demagógico, muy berreta en términos técnicos”.

Su definición de la lógica del proyecto es contundente, “yo lo defino como un enfoque terraplanista. Toda la evidencia científica dice que la Tierra es redonda y toda la evidencia científica dice que el tratamiento del delito adolescente tiene que ser diferenciado, especial, con cuidado, con delicadeza, evitando el encierro. Y acá se plantea todo lo contrario”.

En términos estadísticos, recordó que en Neuquén el delito adolescente representa una porción acotada del total. “Históricamente no supera el 4%. La idea de que el delito adolescente explica la inseguridad es una fantasía. El impacto cuantitativo es bajo”.

Un proyecto que dinamita la 2302

Martín advirtió que la iniciativa nacional “se para sobre un paradigma que Neuquén ya superó hace muchos años: el paradigma tutelar”: “Habla de ‘juzgados’ con rasgos de juzgado de menores. No lo dice así, pero si tiene cuatro patas y ladra, es un perro. Es un modelo preconvencional que la 2302 dejó atrás”, afirmó.

El impacto, de convertirse en ley, no será solo declarativo: “Va a impactar normativamente y en las prácticas. En varias partes directamente dinamita la 2302. Hay que ver cómo ajustamos la ley provincial, cómo la adaptamos orgánica y normativamente.”

El problema se agrava en aquellas zonas de la provincia donde no existe justicia penal juvenil especializada. Señaló que en “la mayor parte de la provincia no hay justicia penal juvenil especializada. Entonces, los pibes de 14 y 15 años van a terminar en la justicia penal de adultos, con fiscales de adultos. Desde el punto de vista convencional, desde la Convención de los Derechos del Niño y el derecho internacional, eso es un horror.”

Más punibilidad y más presión sobre el sistema

Uno de los cambios que Martín consideró más delicados es la eliminación de la categoría de delitos no punibles para adolescentes de 16 años.

“Hoy hay delitos como hurto, daño o lesiones leves que son no punibles para adolescentes. Eso desaparece. Todos esos hechos pasan a ser punibles. Son muchos casos y eso aumenta la cantidad de investigaciones y la carga del sistema”, advirtió.

El nuevo esquema, agregó, demandará más recursos. “La ley prevé dispositivos que hoy no existen. Más jueces, más fiscales, más defensores, más libertad asistida, más policía. Es más justicia penal clásica y eso tiene costo económico y humano”.

Buenos Aires y la ley más benigna

Martín también proyectó efectos en jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires, donde existen adolescentes condenados a penas superiores a las que fijaría el nuevo régimen.

“Fijan una pena máxima de 15 años. Hoy hay pibes condenados a más de 15. Con la ley más benigna van a tener que liberar chicos. No lo dicen, pero va a pasar”, sostuvo.

“Hasta les puede salir el tiro por la culata. La ley penal más favorable se aplica retroactivamente”, resumió.

¿Qué hará Neuquén con la 2302?

El nuevo escenario obliga a mirar hacia la Legislatura neuquina. Martín adelantó que será necesario un movimiento normativo local para amortiguar el impacto.

“Seguramente habrá que presentar un proyecto para modificar la 2302. No para alinearla acríticamente con la ley nacional, sino para sostener lo que hacemos bien y limitar sus aspectos más regresivos”, indicó.

La postura de Lorena Parrilli

En la Legislatura provincial, la diputada de Unión por la Patria Lorena Parrilli también manifestó su rechazo a la baja de la edad de punibilidad a 14 años.

A su entender, se trata de una medida “no solo ineficaz, sino contraproducente” para enfrentar la inseguridad.

“Meter en la cárcel a niños y niñas de 13 años solo agrava la situación en lugar de solucionarla”, afirmó. Para la legisladora, los problemas sociales no se resuelven “con más cárcel, sino con más políticas públicas”.

Parrilli sostuvo que el abordaje debe ser integral y preventivo, orientado a las causas estructurales de la conflictividad juvenil: pobreza, deserción escolar, vulnerabilidad familiar y falta de oportunidades.

Señaló que las políticas de “mano dura” generan un círculo de reincidencia. “Los menores expuestos al hacinamiento carcelario, la violencia institucional y la estigmatización salen más desprotegidos y más propensos a delinquir nuevamente. Eso perpetúa el problema en vez de resolverlo”.

Planteó que la discusión no puede reducirse a la punibilidad. “La verdadera salida radica en más educación, contención y en escuchar a quienes conocen de cerca la realidad de estos chicos”, concluyó.